El Partido Popular sigue con la idea de europeizar hasta sus últimas consecuencias su oposición a la ley de amnistía. En Génova están convencidos de que el Tribunal Constitucional avalará la norma por lo que la única posibilidad que les queda es que el Supremo, donde están los jueces afines, sus correas de transmisión, presente directamente una cuestión de prejudicialidad en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es en esa instancia donde creen que la norma puede ser anulada. O, al menos, paralizarla hasta que resuelva definitivamente, algo que puede tardar un año por lo menos. Todo es cuestión de ganar tiempo, según la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, con la esperanza de que la impaciencia de los soberanistas catalanes llegue al extremo de retirar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez lo que supondría el final de la legislatura, la convocatoria de nuevas elecciones y un posible triunfo que les daría la oportunidad de retirar la iniciativa antes de que sea ejecutada que es de lo que se trata.
En Génova han descartado la alternativa del Tribunal Constitucional. El PP no presentará un recurso y es poco probable que también lo haga el Supremo pidiendo una cuestión de constitucionalidad. La ley ha previsto la consulta a la Corte de Garantías cuya resolución dictaminará mediante trámite de urgencia independientemente de que la instancia que preside Cándido Conde Pumpido haya logrado aligerar sus asuntos y que en un plazo de dos o tres meses se encuentre en disposición de dictar sentencia
Una sentencia que, el PP no tiene duda, va a avalar la Corte de Garantías a pesar de que muchos expertos conservadores dudan de que tenga encaje en la Carta Magna. Lo que sí hará el Partido Popular es designar la vacante que le corresponde al Senado para sustituir al conservador Alfredo Montoya, que renunció por enfermedad, al no recuperarse lo suficiente de un ictus que sufrió el verano de 2021. La correlación de fuerzas en el TC seguirá siendo mayoritariamente progresista. Siete a cinco con el nuevo nombramiento. La única posibilidad de que prospere la alternativa conservadora es si alguno de los magistrados se abstiene o prospera una hipotética recusación. Dos son los objetivos: el exministro Juan Carlos Campo, y Laura Díez que fue asesora de la Generalitat. Campo no tiene nada que ver con la redacción de la ley. Al cesar como ministro volvió a ocupar su plaza de juez en la Audiencia Nacional por lo que no existe posibilidad alguna de cuestionar su imparcialidad. Otra cosa diferente será la situación de Laura Díez, pero, en cualquier caso, la correlación de fuerzas seguiría siendo favorable a los progresistas lo cuales se pronunciarán a favor de la constitucionalidad de una ley que está siendo muy respetuosa con los principios de la Carta Magna, por mucho que la derecha judicial diga lo contrario.
Por ese motivo el PP descarta al Tribunal Constitucional. Porque no va a dilatar la aprobación de la ley tal y como se pretende, ni va a cuestionar su constitucionalidad. Así las cosas, la única opción que les queda es el recurso a Europa.
Teniendo en cuenta que la Comisión Europea no está capacitada para intervenir en un asunto interno, la única posibilidad de utilizar esta vía sería la de que la amnistía afecte a los delitos de malversación en los que se han utilizado fondos europeos. Los líderes del Procès se cuidaron mucho de tocar ninguno de esos fondos. Aquí se ha repetido en otros análisis que la financiación del referéndum se llevó a cabo a través de las partidas presupuestarias del Capítulo 1, el que corresponde a los gastos corrientes. Son otros capítulos, concretamente los de inversiones, los que utilizan los fondos europeos y esos nunca han sido calificados de malversación por los jueces. Y eso lo saben en Bruselas donde el gabinete técnico de la comisaría de Justicia de Didier Reynders está analizando minuciosamente la proposición de ley y las enmiendas presentadas, todas ellas de momento, de carácter técnico.
Además, la Comisión Europea es consciente de que cuando se apruebe la ley estará muy cerca la conclusión de su mandato. Y, aunque la mayoría de sus miembros son conservadores, incluso apoyando las tesis del PP, no están en condiciones de vetar una iniciativa parlamentaria de un país que cumple escrupulosamente con los principios de separación de poderes y del estado de derecho. No hay posibilidad alguna de bloquear los fondos que recibe el Reino de España. No va a ocurrir lo de Polonia y Hungría donde, además, ya se sabe como están acabando estos bloqueos. La simple necesidad de un voto de España para aprobar una iniciativa que interesa a los grandes de Europa implica la renuncia a semejante maniobra.
Así pues, la única salida es la vía judicial. Una cuestión de prejudicialidad que sea acompañada de una medida cautelar de suspensión de la ley. La única instancia que la puede realizar es el Tribunal Supremo en el momento en que tenga que empezar a aplicar la norma, es decir, a ejecutar el “olvido” de los delitos por los que fueron condenados los líderes del Procès. En el Partido Popular creen que la labor efectuada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, colocando discrecionalmente a 70 jueces afines durante su mandato tendrá resultados a favor de sus tesis y en el Supremo se llevará a cabo una verdadera guerra contra la amnistía utilizando todo tipo de armas, incluida esta de la prejudicialidad ante el TJUE.
Ahora bien, el TJUE muy pocas veces ha adoptado medidas cautelares contra una ley de un Estado. Incluso en los casos más extremos como fueron los recursos contra las leyes húngaras y polacas no hubo suspensión cautelar. Ello quiere decir que, aunque la justicia europea rechace la iniciativa legal española, ésta ya se habrá aplicado por lo que muy difícilmente se podrá echar marcha atrás. Habrá amnistía sí o sí.