El Consejo General de la Abogacía de España, el organismo que agrupa a todos los colegios de abogados de este país, presentará al pleno, que se celebrará este mes de diciembre, un presupuesto en el que se contemplan dos controvertidas medidas: por una parte, la subida de las cuotas de los 247.197 colegiados, que pasarían, de los 39,13 euros anuales actuales a 41 euros. Y la otra, tal vez la más significativa, el establecimiento de una nueva cuota que tendrían que pagar las sociedades profesionales, la forma que utilizan una gran mayoría de despachos a la hora de mercantilizar sus servicios.
Sólo en Madrid existen unas 10.000 sociedades mercantiles dedicadas a la abogacía que no reciben servicio alguno ni del colegio, ICAM, ni del Consejo. Si, finalmente se les obliga a aportar, el Consejo recibiría unos ingresos extras de 1 millón de euros a los que hay que sumar los 494.385 euros adicionales por lo que los abogados llaman “cuotazo”, la subida de casi 2 euros.
La situación financiera del Consejo General de la Abogacía es grave. En 2021 el organismo tuvo unas pérdidas de 1,25 millones de euros y en el presente ejercicio, al mes de octubre se contabilizaba un “gasto no presupuestado” de 967.319 euros, según el tesorero, que obedece a “un pago de la resolución del Ministerio de Justicia por el convenio de colaboración del Caso Gürtel, que asciende a 717.975 euros”, y otro gasto no justificado de 249.344 euros.
Y es que los órganos representativos de los abogados, que, según la legislación, deben estar colegiados obligatoriamente si quieren ejercer, no gozan, precisamente, de transparencia contable. El Consejo General de la Abogacía ha tenido que utilizar sus reservas para hacer frente a los más de 3 millones de euros de déficit que ha tenido en los últimos siete años. En 2021, su presupuesto fue de 10.194.664 euros que sufragan los colegios territoriales. Algunos de los cuales exigen al Consejo “contención del gasto”.
Y es que una situación de este tipo no puede durar mucho. Se critica con mucha dureza un contrato de correo electrónico, email, que cuesta 1,4 millones de euros anuales. Tampoco se especifica lo que cuestan las dietas y los viajes de gastos de la Junta Directiva del CGAE. Y se cuestiona abiertamente la financiación de la vivienda de la presidenta, Victoria Ortega. Una vivienda, por cierto, que es propiedad de una sociedad del decano del Colegio de Ciudad Real, Cipriano Arteche.
Y todo ello en un momento en el que el Colegio de Madrid, el que más aporta económicamente al Consejo, está en periodo electoral. El 20 de diciembre se renueva su Junta Directiva. Existe cierto malestar por cómo se está llevando la crisis financiera del Consejo. El decano saliente, José María Alonso, es vicepresidente del CGAE y en la última reunión de su comisión permanente se abstuvo en la votación sobre el proyecto de presupuesto en el cual se contempla el incremento de cuotas. Un sector del colegio le pidió que votara en contra lo que habría supuesto la elaboración de otro presupuesto, probablemente sin las subidas. Pero no lo hizo.
No dio cuenta de su decisión a su junta de gobierno. La tesorera del ICAM se ha quejado abiertamente por esta actitud que puede repercutir en la candidatura que apoya para sucederle, Compromiso Abogacía, cuyos diputados en la Junta Directiva, los que aspiran a heredar la gestión de Alonso, no se han opuesto. Al final, la subida de las cuotas y la situación financiera del Consejo General de la Abogacía se ha convertido en un elemento de agitación de estas elecciones.
Mientras tanto el problema financiero del máximo órgano de defensa de los intereses de los abogados españoles sigue ahí. Se están agotando las reservas y nadie es capaz de establecer un sistema de control y contención del gasto que se ha disparado hasta extremos insostenibles.