La convocatoria de huelga indefinida por parte de los jueces y fiscales para el próximo 16 de mayo es un misil nuclear contra la ciudadanía. Las Asociaciones Judiciales y Fiscales argumentan que la dotación para este servicio público es insuficiente para garantizar la calidad y rapidez de la respuesta judicial, pero la realidad es que los retrasos en los procesos judiciales ya han afectado a los ciudadanos tras las ocho semanas de huelga de los letrados de justicia y la posterior huelga de los funcionarios de la misma administración.
Sistema judicial sobrecargado
El sistema judicial español ya se encuentra sobrecargado y la huelga solo agravará la situación, produciendo un daño irreparable a los ciudadanos que necesitan de la justicia para resolver sus problemas con rapidez. La ciudadanía no merece ser el rehén de las disputas entre los jueces y fiscales y el gobierno.
Según trasladan en un comunicado, las Asociaciones Judiciales y Fiscales han intentado negociar con el Ministerio de Justicia para lograr mejoras en sus condiciones laborales, pero estas negociaciones no han dado frutos.
En lugar de hacer frente a la sobrecarga del sistema judicial, la huelga solo retrasará aún más la justicia para los ciudadanos, que ya han sufrido demasiados retrasos en sus procesos y, aunque es comprensible que los jueces y fiscales luchen por mejores condiciones laborales como cualquier colectivo, deberían tener en cuenta el impacto que su huelga tendrá en la ciudadanía.
La Administración de Justicia es una pieza fundamental en el Estado de Derecho, y cualquier fallo, y ya van muchos, en el funcionamiento del sistema judicial puede poner en riesgo el equilibrio y la estabilidad de todo el sistema democrático.
Abogados del Turno de Oficio
Los abogados del Turno de Oficio son un colectivo vital para la sociedad española, ya que brindan servicios legales a aquellos ciudadanos que no pueden permitirse contratar a un abogado particular. Sin embargo, estos profesionales sí están mal pagados y las compensaciones que reciben por su trabajo son irrisorias en comparación con la cantidad de tiempo y esfuerzo que dedican a sus casos.
La huelga de letrados judiciales ha tenido un impacto particularmente perjudicial en estos abogados, ya que la suspensión de 356.000 juicios y procedimientos judiciales les ha impedido certificar sus actuaciones, lo que les impide cobrar por su trabajo. Algo similar puede ocurrir con la huelga que pretenden llevar a cabo los jueces y fiscales.
La huelga de letrados judiciales ha creado un cuello de botella en el sistema judicial español que tendrá graves consecuencias a medio y largo plazo. Cuando se desconvoca la huelga, el calendario se llena rápidamente con citas, recursos y plazos imposibles de atender. Esto puede llevar a la caducidad de algunos procedimientos, ya que los plazos corren sin que se pueda alegar más motivo que la situación actual en los juzgados e instancias judiciales.
La caducidad de un litigio puede ser especialmente perjudicial en el ámbito civil, ya que puede resultar una pérdida para alguna de las partes involucradas. La huelga de letrados judiciales está teniendo un efecto dominó en el sistema judicial español que se agravará con esta nueva convocatoria de huelga indefinida de jueces y fiscales a partir del 16 de mayo.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial
La falta de acuerdo entre los partidos políticos, o más bien la postura interesada del Partido Popular,ha impedido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces,caducado desde hace más de cuatro años, esta situación ha generado incertidumbre y falta de creedibilidaden el sistema judicial.
La desafección de la ciudadanía hacia los jueces comienza a ser preocupante, los magistrados son considerados un colectivo privilegiado y con un marcado sesgo político,en varios casos se ha detectado con nitidez indicios de que algunos jueces tienen afinidades políticas con determinados partidos o ideologías, generalmente de la derecha.
La convocatoria de la huelga solo agravaría esta situación, ya que la ausencia de jueces y fiscales en los juzgados y tribunales dificultaría aún más el funcionamiento del sistema judicial ya maltrecho.
No es el momento de realizar huelgas en la administración de Justicia. En su lugar, todas las partes deberían hacer un ejercicio de responsabilidad ytrabajar juntas para buscar soluciones y mejorar la situación del sistema judicial en pro de los españoles que serán los más perjudicados.