Si fuese por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la llamada “pieza 36 del Caso Villarejo” estaría cerrada. Pero sus superiores, la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, le han enmendado la plana y le han ordenado que vuelva a reabrir la investigación de unos supuestos chantajes de personas próximas al PP a Luis Bárcenas y a su abogado Javier Gómez de Liaño para evitar que apareciesen publicadas informaciones negativas para el Partido en pleno “escándalo de la caja B”. Es la ultima “metedura de pata” calculada de este juez empeñado en archivar todo aquello que tenga que ver con Génova.
En el haber profesional de Manuel García Castellón figuran varias llamadas de atención por parte de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional. Ha cerrado en falso varias investigaciones y las ha tenido que reabrir por orden directa de sus superiores.
La última se podría considerar una “pieza secreta” que debería haberse incorporado al Caso Kitchen. Pero el juez procedió a convertir el sumario de este caso en procedimiento abreviado, el 29 de julio de 2012, cuando en un auto exculpó a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y ordenó al fiscal que presentase escrito de acusación para pedir a la Sala la apertura de juicio oral. Ahora, esa misma Sala considera que, aunque la pieza 36 debería incorporarse al sumario de esta causa, si así se hace retrasaría un proceso muy avanzado.
O sea que, como pieza separada, se debe seguir instruyendo este sumario en el cual se advierte la existencia de indicios de que terceras personas, presuntamente vinculadas al PP, ordenaron la investigación del exjuez Javier Gómez de Liaño quien, en julio de 2013, asumió la defensa del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, justo seis meses después de que apareciesen los famosos “papeles de Bárcenas” que dieron origen al caso Gürtel.
La llamada “pieza 36” se puso en marcha tras el registro de la vivienda de unos presuntos delincuentes a los que se vinculaba con la mafia rusa en la Costa del Sol. En el ordenador personal de dichos presuntos delincuentes, Halit Sahitaj y Jana Klener, se encontraron cuatro archivos con correos remitidos al despacho de Javier Gómez de Liaño en los que se describen presuntas irregularidades llevadas a cabo por el abogado. Los archivos contienen audios en los que se dice que los trabajos se llevan a cabo por encargo de terceras personas que aparecen en las conversaciones.
La policía se hizo cargo de la identificación de esas terceras personas que resultaron ser José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz. Ahora, el fiscal de la Audiencia Nacional, en favor de la cual se inhibió el juzgado de instrucción numero 2 de Marbella que inicialmente llevó a cabo las investigaciones descritas, quiere que se llame en calidad de investigados a estos tres personajes para interrogarles sobre su vinculación con este presunto chantaje y con el Partido Popular. El ministerio público cree que existen suficientes indicios para pensar que se ha cometido un delito y, por eso ha pedido la reapertura del caso cerrado por García Castellón. La sala de Lo Penal ha dado la razón al fiscal.
Pero ¿por qué se vincula este caso con la Kitchen? Porque entre los documentos encontrados en el registro figuran varias anotaciones de la letra y puño del comisario José Manuel Villarejo. El expolicía, acusado en la causa, se habría puesto en contacto, a través de Halit Sahitaj, con uno de los lideres de la mafia rusa en la costa del Sol, Zakhar Kalashov quien fue defendido por Gómez de Liaño en una de las múltiples causas judiciales abiertas contra él.
Villarejo, en uno de los apuntes encontrados, dice, sobre Kalashov, que es “un sujeto interesante. Dice que pagó personalmente mucho dinero en efectivo a Gómez de Liaño”. En otro momento, se cifra este pago en 5,5 millones de euros “en B”. Tal argumento es el que se utiliza en los correos remitidos al despacho de Gómez de Liaño. A cambio de mantener oculta esta información, el abogado, que recordemos fue condenado por prevaricación en 1999 siendo juez instructor del caso Sogecable, debía convencer a su cliente, Luis Bárcenas, para que “no apareciese publicidad ni informaciones negativas para el PP” justo cuando acababa de estallar el escándalo de la caja B.
García Castellón entendió que esos audios no contenían “suficientes indicios” como para seguir investigando y cerró el caso. El fiscal opina todo lo contrario. Hay que llamar a declarar a Moreno, Gil Manzano, y Díaz. Interrogarles sobre su presunta vinculación con este intento de chantaje y si son afiliados al PP, y en calidad de qué. Y eso es lo que la sala de Lo Penal cree que hay que hacerse.
No se puede predecir lo que, al final, ocurrirá con este asunto. Pero de lo que no cabe duda es de que, una vez más, el controvertido juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ese que fue nombrado en tiempos del gobierno de Aznar juez de enlace con Francia, le han tenido que corregir una decisión que aparentemente beneficia al Partido Popular. No es la primera ni será la última.