Se ponga como se ponga Puigdemont, es prácticamente imposible tener lista la amnistía para los encausados por el “procès” antes de la investidura de Pedro Sánchez. Técnicamente es muy difícil que el Parlamento pueda aprobar una proposición de ley de los grupos parlamentarios que apoyan la iniciativa por mucho que se utilice el trámite de urgencia. La idea de un compromiso político para sacarla adelante, adelantada por ERC, es la alternativa más segura y factible. Tanto el PSOE como Sumar están dispuestos a plasmar por escrito un compromiso de semejantes características.
La lógica se impone. Y la situación no es la mas favorable para “forzar la tuerca” con una derecha dispuesta a echarse a la calla para presionar contra esta iniciativa y con una sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo donde este asunto va a ser debatido y no precisamente de manera sosegada. Así las cosas, sólo los socialistas, Sumar, ERC, Junts, BNG y Bildu podrían presentar y apoyar una proposición de ley que debería ser refrendada por el PNV que no ha dicho, todavía, su última palabra. Habrá que parlamentar las condiciones y la letra pequeña del texto porque ha habido formaciones que han hablado de incluir en la proposición a colectivos ajenos al independentismo catalán como son los policías que intervinieron en el 1-O que se encuentran procesados. Y los sindicatos policiales se oponen radicalmente a esta inclusión.
Además, los juristas expertos señalan que en la ley se debería reflejar ciertas modificaciones del articulado del Código Penal. Sobre todo, se debe de hacer mención a la reforma que suprimió el delito de sedición y modificó la malversación. Pero es que, además, habrá que dar un nuevo tratamiento a los delitos de rebelión y desobediencia ya que la mayoría de los encausados que no han sido juzgados todavía, como son los segundos niveles de la Generalitat, se les atribuyen responsabilidades en ese sentido. Los fiscales y órganos judiciales radicados en Catalunya han enjuiciado la conducta de numerosos dirigentes nacionalistas de menor rango y de un cierto número de funcionarios. También el Tribunal de Cuentas ha intervenido en la exigencia de responsabilidad contable a un cierto número de dirigentes nacionalistas de diverso rango.
Y luego están todas las consecuencias jurídicas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la deriva judicial del mismo, ya que, si no se afrontan, cabe el riesgo de cometer una ilegalidad y, sobre todo lo más importante, no se sentarían las bases para que no se vuelvan a abrir nuevas causas penales por los hechos de septiembre y octubre de 2017 algunos de los cuales todavía se encuentran pendientes de la conclusión de diligencias judiciales por lo que, si no se toman medidas cautelares, los jueces pueden interpretar que los responsables no entran dentro de los supuestos de la medida de gracia.
El texto legal que hay que elaborar requiere un estudio riguroso y una redacción diáfana y directa porque van a ser muchas las voces que van a utilizar todo tipo de recursos para cargárselo: desde las movilizaciones en la calle hasta, tal vez lo más relevante, las impugnaciones en los tribunales de justicia. Y no solamente será la derecha la que maniobre. Hay que contar con que jueces y magistrados se han mostrado beligerantes argumentando que con la amnistía se echa por tierra todo el trabajo que llevaron a cabo desde el Tribunal Constitucional hasta el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y los juzgados de primera instancia. Tampoco se muestran favorables los aparatos policiales que tuvieron que intervenir en los hechos por orden de los jueces. Y una parte de la sociedad civil, que también se muestra desfavorable gracias al exhaustivo trabajo de “lavado de cerebro” que está llevando a cabo la caverna mediática con bulos como el de que después de la amnistía vendrá la destrucción del Estado mediante la secesión no sólo de Catalunya, sino que, por efecto dominó, luego vendrán Euskadi, Galicia… y hay quien dice que hasta Canarias. Porque barbaridades se están diciendo de todo tipo.
Aún en el supuesto de que la idea de la proposición de ley tramitada de urgencia llegase a prosperar, hay que tener en cuenta que deberá ser ratificada por el Senado. Y ahí la mayoría es del PP. Es cierto que la legislación obliga a la Cámara Alta a resolver una propuesta del Congreso tramitada por la vía de urgencia en veinte días. Pero existen fórmulas para dilatar ese plazo por lo que, si como se espera, la investidura de Sánchez se pretende abordar una vez haya fracasado la de Feijóo, entre octubre y noviembre, será prácticamente imposible llegar a tiempo.
La idea de un pacto en el que surja un compromiso por parte de las fuerzas que apoyan la formación de un gobierno progresista parece la más realista. Ahora habrá que ver lo que dice Puigdemont y su gente de JxCat. Pero todos creen que el órdago del ex president es eso: un órdago. Y que, casi con toda seguridad, aminorará sus exigencias al comprobar la imposibilidad de llevarlas a cabo en el plazo que pretenden.