La caja de los truenos acudió los cimientos del Ayuntamiento de Madrid tras la negativa de conceder una licencia de obra para el piso de Alberto González Amador, actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este suceso, lejos de ser un mero trámite administrativo, desencadenó una serie de movimientos y decisiones que ponen en tela de juicio la gestión y las dinámicas de poder dentro del Partido Popular madrileño y el propio ayuntamiento.
Ayuso y las listas electorales
Alberto González Amador, al intentar llevar a cabo una reforma integral en su vivienda de Chamberí, se topó con la negativa del consistorio a principios de noviembre de 2022. La petición, presentada mediante una declaración responsable, fue rechazada debido a la falta de documentación necesaria, un hecho que pone de relieve la rigurosidad de los procesos administrativos, pero que también ha destapado un entramado de consecuencias políticas y administrativas.
Entre las figuras clave afectadas por esta decisión se encuentran Javier Ramírez, por entonces concejal presidente de la Junta de Chamberí, y María Cristina Goncer, coordinadora general del mismo distrito. Ramírez, según ha desvelado eldíario.es quien no fue reelegido en las últimas elecciones municipales y fue posteriormente relegado a una posición menor dentro del PP madrileño, ha sido relacionado con una supuesta represalia por parte del partido debido a su papel en la negación de las obras solicitadas por González Amador. Este movimiento ha levantado sospechas sobre la posible influencia de Díaz Ayuso en las decisiones internas del partido, especialmente en lo que respecta a la conformación de listas electorales y la asignación de cargos dentro del Ayuntamiento.
Por otro lado, la situación de Goncer, quien fue cesada tras la reelección de Almeida como alcalde, añade otra capa de complejidad al asunto. Aunque fuentes del Ayuntamiento aseguran que su cese fue voluntario, este hecho no deja de generar interrogantes sobre la verdadera naturaleza de las decisiones tomadas en el seno del consistorio y su relación con los intereses personales y políticos de sus miembros.
El primer piso y el ático, dos en uno
La historia se complica aún más con la adquisición de un ático situado justo encima del piso de González Amador por parte de Babia Capital, cuyo administrador es el abogado de González, Javier Luis Gómez Fidalgo. Este movimiento inmobiliario, junto con la publicación de que Díaz Ayuso se mudaba a la propiedad de Chamberí, ha avivado las llamas del escándalo, planteando preguntas sobre la transparencia y la ética de las prácticas inmobiliarias de los políticos en juego.
Almeida y las licencias de obras
El papel del Ayuntamiento de Madrid y su sistema de licencias entra de lleno en el debate, especialmente tras la revelación de que no se ha registrado ninguna otra petición de obras para la finca desde la denegación inicial a González Amador. Esto, sumado a la ausencia de inspecciones posteriores para verificar el cumplimiento de las órdenes municipales, deja un manto de dudas sobre la eficacia y equidad del proceso de supervisión de obras en la capital.
En resumen, lo que comenzó como un procedimiento administrativo ha destapado una caja de Pandora de implicaciones políticas, administrativas y éticas. La negativa a conceder una licencia de obra ha servido como catalizador para una serie de eventos que revelan las tensiones y dinámicas de poder dentro del Ayuntamiento de Madrid y el Partido Popular, poniendo en relieve las complejidades y desafíos de la gestión pública en la capital española.