La actual Lecrim tiene los días contados. El vigente método de instrucción penal va a desaparecer porque este gobierno lo sustituirá por otro en el cual será el fiscal el encargado de las diligencias mientras que el juez se convertirá en el garante de la legalidad. Es el modelo que funciona en Europa con evidentes resultados positivos. Y en este sentido, es probable que el ejecutivo cuente con el apoyo del Partido Popular en cuyo programa electoral figura una propuesta similar. El problema es que la reforma es de tal envergadura que se necesitaría lo que los expertos denominan una “vacatio legis” de al menos cinco años hasta que pueda entrar en vigor porque requiere de un periodo de transición importante, además de una notable dotación de recursos tanto materiales como humanos. Habrá que ver si en Hacienda están dispuestos a llevar a cabo una inversión que puede suponer miles de millones de euros. Pero si la ministra Montero da luz verde y se cuenta con un amplio consenso parlamentario, la justicia española dará un paso de gigante en lo que a su modernización se refiere.
Recientemente, el ministro de justicia, Félix Bolaños, se reunió con las asociaciones de fiscales más representativas, la AF, la UPF y la APIF para explicarles que el gobierno se plantea como prioritaria la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal dentro del nuevo modelo de justicia que pretende desarrollar en este país. La reforma de la Lecrim se encuentra, en estos momentos, pendiente de un informe del Consejo General del Poder Judicial que lleva analizando dos años el anteproyecto presentado por el Gobierno. Cuando el CGPJ se haya pronunciado, el texto se remitirá al Consejo de Estado para que dictamine y, en ese momento, se abrirá un periodo de negociaciones con los grupos parlamentarios en las cuales en el ministerio de Justicia esperan contar con el Partido Popular cuyo modelo es idéntico al propuesto por los socialistas por lo que se podría llegar al consenso.
Bolaños descarta, por el momento, la propuesta efectuada por Pedro Sánchez de acortar los plazos de instrucción. Pero la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria, le ha pedido la derogación del artículo 324 de la ley que establece un plazo de doce meses para la investigación, prorrogables mediante autos durante periodos sucesivos de seis meses. En cualquiera de los dos supuestos, lo que parece claro es que, al mismo tiempo que se modificará radicalmente la metodología de la investigación judicial, ocurrirá lo mismo con otros aspectos y uno de ellos puede ser la gestión de los plazos de las diligencias previas. Todo dependerá de lo que digan los vocales del CGPJ y los consejeros de Estado, aunque la última palabra la tendrá el Consejo de ministros.
Para empezar a poner en marcha el nuevo modelo judicial que pretende el gobierno, las asociaciones de los fiscales han pedido al ministro de Justicia la dotación de más medios. En concreto y, para empezar, la Asociación de Fiscales cree necesario convocar la mesa de retribuciones, la mejora de las dietas de formación, la ampliación de la plantilla de fiscales, la tasa de reposición por jubilación, la autonomía presupuestaria y reglamentaria, un nuevo régimen disciplinario, y una formación de fiscales dependiente de la fiscalía general. De momento, Bolaños les contestó con hechos: se han convocado 70 nuevas plazas de fiscales, se han reconvertido 219 plazas de tercera categoría en segunda y les ha avanzado un propósito: “estamos de acuerdo en que hay que reforzar los medios humanos y técnicos de este colectivo para que hagan su trabajo”.
El clima de diálogo que se desprende de las reuniones que el ministro Bolaños mantuvo con las asociaciones de fiscales no se corresponde con el enfrentamiento existente en el seno de la carrera, sobre todo con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al cual las asociaciones conservadoras, la AF y la APIF le piden que dimita. Y ahí es donde surgen las diferencias. Estas asociaciones piden la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el fin de dotar de mayor independencia al ministerio público respecto del poder ejecutivo. Su objetivo es aprovechar esta revolución que quiere llevar a cabo Bolaños y lograr lo que siempre han perseguido: dotar de mayores competencias al órgano asesor del fiscal general del Estado, el Consejo Fiscal, de tal manera que muchas de las decisiones que se adopten en el seno del organismo tengan carácter vinculante. O sea, más poder para ellos y menos competencia para el superior. Se lo han prometido en la derecha y ellos no van a parar hasta lograr ese objetivo.
Lo que ocurre es que la carrera fiscal está pasando por un momento muy duro. Atacada por esa misma derecha que pretende darles más poder, el ministro Bolaños mostró su preocupación por las campañas contra la fiscalía y, por extensión, a la Agencia Tributaria y a algunos medios de comunicación. Sin citarlo, se estaba refiriendo a la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la fiscala superior de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, a los que acusa de haber filtrado a la prensa la oferta de su abogado para declararse cupable de dos delitos de fraude a la Hacienda pública con el propósito de llegar a un acuerdo de conformidad que le libre de la cárcel.
Ese tipo de ataques son los que pueden condicionar el nuevo estatus de los fiscales en la jurisdicción penal que se pretende implantar con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. La guerra contra el ministerio público llega en un mal momento y ello puede afectar al nuevo modelo de investigaciones penales que se pretende implantar en este país. Un modelo que se homologa con los de los países europeos más avanzados en la materia.