La patada al aire de la Audiencia Nacional en los asesinatos de Afganistán

20 de Mayo de 2024
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Audiencia Nacional Fachada

Es obligatorio, pero no deja de ser un gesto estéril la apertura de la investigación de la fiscalía de la Audiencia Nacional por los hechos acontecidos en la localidad afgana de Bamiyan donde murieron cuatro españoles y uno resultó gravemente herido. Salvo por el hecho de que los jueces españoles podrían calificar el acto como terrorismo lo que implicaría que los familiares serán considerados como víctimas con todos los derechos que la legislación española confiere a este tipo de ciudadanos, poco más se puede hacer en este asunto. Eso sí, convendría que los magistrados reprochasen la actitud irresponsable de esas agencias de viaje que siguen vendiendo paquetes turísticos para zonas consideradas extremadamente peligrosas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español lo viene diciendo desde que se abandonó la zona tras la toma de poder de los talibanes. Viajar a Afganistán es muy peligroso. Asuntos Exteriores tiene elaborada una lista en la cual, además del país de Asia central, incluye a Bielorrusia porque ha sido acusada de abuso de leyes, detención, amenaza de ataque ruso a Ucrania y acumulación de tropas rusas en la frontera, Burkina Faso, por terrorismo, República Centroafricana por la guerra tribal, Myanmar por la represión de la dictadura militar, Gaza, Haití, por la violencia entre las bandas que controlan el país, Irán por las actuaciones de su policía de la moral, Irak porque todavía sufre las consecuencias de la guerra del golfo, Mali por el dominio que ejercen las organizaciones fundamentalistas islámicas, Corea del Norte, Rusia, Somalia, Sudán, Sudan del Sur, Siria, Ucrania, Venezuela, Yemen y Pakistán. Las autoridades no pueden prohibir los viajes a esos países y, por lo tanto, lo único que hacen es recomendar. Pero a los imprudentes que buscan emociones fuertes en esos lugares se les puede llegar a pedir responsabilidades si pasa algo. Es un aviso a navegantes.

La Audiencia Nacional es competente en materia de muertes violentas cometidas en el exterior del territorio que tienen que ver con ciudadanos españoles como es el caso de Afganistán. Pero poco puede hacer. Si es cierto que hay siete detenidos como presuntos autores materiales del tiroteo la única posibilidad es pedir su extradición. Pero es difícil que el régimen talibán atienda una demanda de los jueces españoles. Lo mas probable es que los autores, si es que son los detenidos, serán juzgados, incluso condenados a la horca. Ya se sabe como se las gastan en ese lugar. No tendrán juicio justo con garantías procesales. Es más, ni siquiera tendrán juicio. El régimen talibán está dispuesto a acabar con este tipo de violencia, sea como sea, porque desea abrir el país al turismo argumentando para ello unas garantías de seguridad que, como se acaba de comprobar, son inexistentes.

Ahora bien, está claro que los familiares de las víctimas van a pedir una reparación económica. Normalmente para viajar a este tipo de países se ha de hacer con un seguro. A esta hora se desconoce si los turistas tenían esa protección. Sólo se sabe que la agencia de viajes es catalana y está especializada en este tipo de turismo “de riesgo”. Y nada más. Y ahí es donde tendrán que intervenir los jueces porque alguien tendrá que pagar. Desde el traslado de los cadáveres hasta las indemnizaciones pertinentes además de lo que ya se ha comentado de calificar como víctimas de terrorismo a los tres fallecidos, el herido y dos españoles más que salieron ilesos. Porque esas sí que son víctimas de un acto terrorista. Un individuo abrió fuego contra ese grupo de turistas que estaban visitando un mercadillo local al aire libre probablemente con la intención de llevarse souvenirs de una zona conflictiva. Basta con recordar que allí estaban las estatuas de los budas que los talibanes ordenaron destruir en 2001 por considerarlas “sacrílegas”. Hay infinidad de motivos para visitar ese territorio, sobre todo por los múltiples monasterios budistas abandonados, y las pintorescas vistas del valle rodeado por las montañas donde se formaron los guerrilleros que ahora gobiernan en Kabul. Pero es una visita extremadamente peligrosa.

“Teniendo en cuenta la facultad que se atribuye al ministerio fiscal para investigar con carácter preliminar la comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delito y existiendo indicios de que los hechos puedan ser considerados como un delito de terrorismo, le corresponde a la fiscalía de la Audiencia Nacional la competencia objetiva para su investigación”, señala la nota hecha pública tras la comunicación de la comisaria general de información de la dirección general de la policía. La nota aclara que la investigación es sólo “preprocesal”. Pero puede que se acabe por convertir en diligencias previas si alguno de los familiares así lo requieren. Demasiado pronto como para saber lo que piensan.

En cualquier caso, cabría recordar que las competencias territoriales de la Audiencia Nacional en lo que se refiere a delitos cometidos en el extranjero son muy limitadas desde que el gobierno de Mariano Rajoy decidió acabar con el principio de universalización de la justicia en España. Que se recuerde, sólo el caso del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, por el “beso no consentido” a la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso, en Sídney, Australia, está siendo juzgado por esta instancia. Otros, como el esclarecimiento del asesinato del cámara José Couso, en Bagdad, fueron archivados. En el sumario que instruyó el magistrado Santiago Pedraz estaban procesados tres militares del ejército de los Estados Unidos por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio. El juez reconoció que, tras la reforma de la ley de Jurisdicción Universal, era imposible traer a los acusados a España. Al final los familiares sólo lograron una indemnización de 182.000 euros que tuvo que pagar el Estado “por la omisión de protección diplomática”.

Ahora va a suceder algo parecido. Lo que es criticable es que tengamos que pagar todos los españoles las consecuencias económicas de una irresponsabilidad cometida por esos “espíritus aventureros” que muchas veces desconocen donde se están metiendo.

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