El presidente “sustituto del sustituto” del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, busca, a la desesperada, una solución para perpetuar a los vocales que llevan cinco años con mandato caducado, y, al mismo tiempo, paliar la peor de las consecuencias de este bloqueo: las 87 vacantes en la cúpula judicial que no pueden designar porque lo prohíbe la reforma de la ley orgánica de marzo de 2022 mientras el CGPJ se encuentre en funciones como es el caso.
El titular accidental del CGPJ propone la creación de un tribunal especializado para que elija los candidatos para cargos judiciales, sin interferencias de los partidos políticos. La idea colisiona frontalmente con la Constitución que, en el artículo 122.2, señala que “el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces” y que una “ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”. En el artículo 122.3 se dice textualmente que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Por lo tanto, la Carta Magna deja claro que la competencia exclusiva del nombramiento de la cúpula judicial es del Consejo y que los vocales son designados por el Parlamento. Todo lo que se salga de este mandato es inconstitucional, incluidos los “tribunales especiales” pretendidos por Guilarte.
Según el presidente del Consejo General del Poder Judicial, los jueces se designan "bajo una especie de amparo pretendido en el mérito y la capacidad" pero "la discrecionalidad es amplísima", ha indicado. De ahí que, a su juicio, los magistrados del TS deberían elegirse a través de "unos concursos medianamente reglados" donde se fijen cuáles son los requisitos, y que sea un "tribunal especializado" quien decida. De esta manera, "diluiríamos enormemente el interés de los partidos en hacerse con los vocales" del CGPJ.
Es la vieja idea de la derecha judicial de acabar con lo que ellos llaman “la interferencia de los políticos” en el ámbito de su actuación. Guilarte la viene desarrollando desde que en julio accedió de carambola a la presidencia del CGPJ. Por que el abogado debe ser consciente de que accedió al cargo por ser el vocal de más edad en sustitución de Rafael Mozo que se jubiló. Y que sus funciones se encuentran muy limitadas. Ya se ha señalado, aquí mismo, que una institución como ésta, en la situación de interinidad en que se encuentra, que prácticamente ha doblado su periodo legal de permanencia (5 años), debería limitarse a despachar el “día a día” sin intervenir en asuntos de calado, dada su condición. Los vocales conservadores se oponen radicalmente a la limitación de su potestad de designar discrecionalmente los jueces y magistrados de las instancias superiores, aprobada en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de marzo de 2022. Se oponen a la ley que la califican de “inconstitucional” cuando ha sido la propia Corte de Garantías la que ha avalado dicha reforma.
Parece que a los supervivientes de un Consejo General del Poder Judicial caduco poco les importa las advertencias de los magistrados del TC, y siguen ejerciendo como si su situación fuese la normal. Y su presidente, Vicente Guilarte, es el primero. Sus manifestaciones a una cadena de radio no tienen desperdicio. “Aspiro a que se renueve el CGPJ, pero a que se renueve desde la independencia, o sea, lo que no tiene mucho sentido es que la renovación se produzca en una negociación entre dos o cuatro partidos poniendo diez militantes tú y diez militantes yo”, dice el presidente interino que se opone a la reforma que pide el Partido Popular tendente a que sean las asociaciones de jueces las que designen a los 12 vocales de extracción judicial. “Eso no garantiza la independencia de los jueces”, dice. Por supuesto tampoco apoya dejar las cosas tal y como están y han funcionado durante 38 años.
Manifiesta que el órgano que preside “funciona con entera normalidad” salvo en el asunto de los nombramientos de los jueces y magistrados del Tribunal Supremo, “que es ahí donde la política ha puesto sus manos”. En el caso de los presidentes de las instancias territoriales, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, se muestra partidario de que sean elegidos directamente por los jueces de las demarcaciones. Actualmente es el CGPJ el que designa a estos magistrados como hace con los del Supremo. Lo que ocurre es que se encuentran en la misma situación que en el alto tribunal: que no se pueden cubrir sus vacantes mientras el órgano de gobierno de los jueces siga en la situación de interinidad en que se encuentra.
Vicente Guilarte es plenamente consciente de que su idea “no la van a comprar” pero, al menos, “hay que mover el árbol. No podemos permanecer indolentes”. Más le valdría al presidente “sustituto del sustituto” que se dedicase a presionar a través de medios a su alcance. Cabe recordar que fue elegido vocal gracias al PP, que es amigo de Mariano Rajoy y que cuenta con el apoyo del Colegio de Registradores. Por lo tanto, tiene capacidad de influencia para que esos políticos que tanto desacredita se pongan de acuerdo para renovar el organismo que preside. Y, por supuesto, eso pasa porque el Partido Popular olvide la posición inconstitucional que mantiene.