El informe de la UE Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Europea concluye que el sistema judicial actual confiere al juez instructor la facultad de dirigir la investigación, y los fiscales únicamente pueden solicitar la adopción de medidas cautelares o investigadoras por parte del juez. Sin embargo, "se han creado unidades judiciales adicionales para dar respuesta a las consecuencias de la pandemia de covid, pero el bajo número de jueces por habitante constituye un reto", añade el dosier. Durante el estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020, la actividad de los órganos jurisdiccionales se vio restringida durante tres meses y se suspendieron los plazos procesales.
Para gestionar la consecuente acumulación de asuntos pendientes y el aumento previsible de los litigios, se han constituido diecinueve unidades judiciales nuevas desde diciembre de 2020 y se prevé la creación de catorce más para finales de 2021. Las nuevas unidades judiciales conocerán principalmente de asuntos sociales, mercantiles y administrativos. Sin embargo, en términos generales, el número de jueces por habitante sigue siendo uno de los más bajos de la UE, lo que también podría afectar a la eficacia del sistema judicial español. El presupuesto per cápita para el sistema de justicia y el presupuesto en porcentaje del PIB no han variado desde 2017, y ambas cifras se sitúan en torno a la media de la UE.
El Parlamento ha adoptado una nueva ley que refuerza el sistema de asistencia jurídica gratuita, recuerda el informe Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Europea. España es uno de los Estados miembros con más casos de prestación de asistencia jurídica gratuita por cada 100.000 habitantes, aunque el presupuesto que se asigna a cada caso es uno de los más bajos. El 9 de marzo de 2021, se aprobó un Real Decreto en materia de asistencia jurídica gratuita, con el que se refuerza el sistema preexistente. El Real Decreto fortalece las disposiciones en materia de protección de datos, determina la frecuencia de pago en determinadas comunidades autónomas que no han asumido competencias en la gestión del sistema de justicia y establece la creación de un Consejo Nacional para la Asistencia Jurídica Gratuita, con el objetivo de fomentar la coordinación de la aplicación de la asistencia jurídica gratuita entre las autoridades públicas con competencias en materia de justicia. La Ley parece ser coherente con las directrices del Consejo de Europa con respecto a los mecanismos de garantía de calidad, la organización de los sistemas de asistencia jurídica gratuita, la disponibilidad de personas que prestan asistencia jurídica gratuita y la recopilación de datos.
Además, se ha presentado una propuesta de revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sitúa a los fiscales al frente de las investigaciones judiciales. El 24 de noviembre de 2020, el Gobierno presentó una ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Anteproyecto de Ley modifica el sistema de investigación judicial, que pasaría a estar encabezado por los fiscales en lugar de por los jueces de instrucción, como ocurre en la actualidad. Además, prevé la creación de la figura del fiscal de instrucción y de jueces responsables de las garantías procesales. Se otorga un estatuto especial a la víctima y se prevé el establecimiento de disposiciones relativas a la protección de los menores y las personas con discapacidad.
"Se están llevando a cabo más inversiones y proyectos para la digitalización de la Justicia", reconoce el informe. El uso de herramientas virtuales está bien implantado en el sistema judicial, y el proceso de digitalización se ha acelerado aún más debido a la pandemia de covid 19. Las herramientas de comunicación electrónica se encuentran plenamente operativas en los órganos jurisdiccionales, entre las que cabe citar varios ejemplos diferentes: una herramienta informática que transforma automáticamente las grabaciones de los juicios y las audiencias en texto, diversos proyectos de justicia basados en los datos, la seguridad jurídica en las videoconferencias, o los procedimientos electrónicos y automáticos, como las notificaciones. No obstante, las partes interesadas han continuado señalando deficiencias relativas a ciertas cuestiones de interoperabilidad entre los sistemas de gestión empleados en las distintas Comunidades Autónomas.
Eficiencia del Poder Judicial
La eficiencia de la justicia en España ha seguido haciendo frente a desafíos. La tasa de resolución de los asuntos civiles y mercantiles aumentó en 2019, y se está aproximando al 100%, según el informe de la UE. No obstante, el tiempo de tramitación de los asuntos civiles, mercantiles y administrativos en primera instancia no ha consolidado una tendencia positiva y sigue siendo elevado; en el caso de los asuntos civiles y mercantiles en el Tribunal Supremo, ha alcanzado los 681 días, lo que supone un aumento considerable desde 2018. La tasa de resolución de asuntos administrativos disminuyó. El número de asuntos civiles, mercantiles y administrativos pendientes de resolución es alto, y ha crecido a un ritmo constante desde 2016.
El Gobierno ha continuado adoptando iniciativas jurídicas destinadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial. El 15 de diciembre de 2020, el Gobierno propuso una le de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que incluye medidas para reducir la duración de los procedimientos en las cuatro jurisdicciones a la vez que se preservan las garantías procesales de los ciudadanos y se establecen medios alternativos adecuados de resolución de conflictos.
Además, el 20 de abril de 2021 se propuso una ley de eficiencia organizativa del sistema de la justicia. El anteproyecto de ley prevé transformar los juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia, implantar una Oficina Judicial en todo el territorio del Estado y crear Oficinas de Justicia en los municipios para sustituir los antiguos Juzgados de Paz. El Gobierno también está trabajando en un anteproyecto de ley sobre la eficiencia digital del sistema judicial, prevista para el verano de 2021, que contribuirá a mejorar las disposiciones legales en materia de gestión de datos y hará posible la interoperabilidad de las aplicaciones dentro del sistema judicial.