Desde que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), formado por los ministros y ministras de Economía de los 27 países de la Unión Europea, decidiera en octubre de 2020 sacar de la lista de paraísos fiscales a Islas Caimán, uno de los puntos calientes de la elusión fiscal por parte de las élites mundiales, el análisis de la «Lista Negra» de la UE revela cómo Europa protege a determinados paraísos fiscales.
Esto, evidentemente, se debe a la perpetuación de la impunidad de las élites empresariales, bancarias, económicas y políticas y, en consecuencia, de los intereses de los poderosos.
Cuando el ECOFIN sacó a las Islas Caimán de la «Lista Negra», el eurodiputado Miguel Urbán declaró a Diario16 que dicha lista «ya nació herida de muerte al no incluir a ninguna de las guaridas fiscales existentes en la propia UE. Y eso a pesar de que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2019 incluir a Estados Miembro como Luxemburgo, Irlanda, Malta o Países Bajos. Sacar a Islas Caimán Supone una nueva vergüenza para una lista negra que sirve más para blanquear paraísos fiscales que como un instrumento para combatirlos. No podemos olvidar que el beneficio de una minoría peligrosa que se esconde tras las guaridas fiscales se ha convertido en sinónimo de desigualdad, recortes y pérdida de derechos sociales para la mayoría. La lucha contra las guaridas fiscales se ha convertido en un elemento fundamental para combatir la desigualdad y construir democracia por eso es fundamental una auténtica lista para combatir a los paraísos fiscales y no para blanquearlos como hace la UE».
En este mes de febrero, el Consejo de Europa comunicó una nueva actualización de la «Lista Negra» y jurisdicciones como Islas Caimán, Luxemburgo, Hong Kong, Liechtenstein, Gibraltar, Mann, la Isla de Jersey, Seychelles, Chipre, Malta, Irlanda, Países Bajos, Emiratos Árabes o Estados Unidos, entre otros, siguen sin aparecer.
Otro aspecto que sorprende es que se incluyera, por primera vez, a las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones clásicas en el blanqueo de capitales. También han sido incluidas las Islas Marshall, Rusia y Costa Rica.
Según el Consejo de Europa, esta lista revisada incluye países que no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias. Esas reformas deben apuntar a cumplir con un conjunto de criterios objetivos de buena gobernanza fiscal , que incluyen la transparencia fiscal, la tributación justa y la implementación de estándares internacionales diseñados para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios .
Para las Islas Marshall, existe la preocupación de que esta jurisdicción, que tiene una tasa de impuesto sobre la renta corporativa nula o solo nominal, esté atrayendo ganancias sin actividad económica real. En particular, se encontró que las Islas Marshall no cumplían con los requisitos de sustancia económica.
Las Islas Vírgenes Británicas se incluyen porque se determinó que no cumplían lo suficiente con el estándar de la OCDE sobre el intercambio de información previa solicitud
Por primera vez desde que se estableció la lista, se incluye a Costa Rica porque no ha cumplido con su compromiso de abolir o modificar los aspectos nocivos de su régimen de exención de rentas de fuente extranjera.
Rusia figura en la lista después de que el grupo del código de conducta examinara la nueva legislación de Rusia adoptada en 2022 frente a los criterios de buena gobernanza fiscal del código y descubriera que Rusia no había cumplido su compromiso de abordar los aspectos perjudiciales de un régimen especial para las sociedades holding internacionales. Además, el diálogo con Rusia sobre asuntos relacionados con la fiscalidad quedó paralizado tras la agresión rusa contra Ucrania.
Teóricamente, para que una jurisdicción o un Estado sean incluidos en la «Lista Negra» se realiza una evaluación sobre la base de un conjunto de criterios establecidos por el Consejo. Estos criterios cubren la transparencia fiscal, la tributación justa y la implementación de estándares internacionales diseñados para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. El trabajo en la lista es un proceso dinámico. Desde 2020, el Consejo actualiza la lista dos veces al año. La próxima revisión de la lista está prevista para octubre de 2023.
Consecuencias para la ciudadanía
Mantener fuera de la «Lista Negra» a territorios o jurisdicciones que, en realidad, actúan como paraísos fiscales tendrá consecuencias inmediatas en el escenario de la crisis global provocada por la pandemia del Covid19 que se está viviendo en la actualidad. Además, potenciará el círculo de la pobreza extrema.
Por un lado, la recaudación por parte de los Estados se reducirá drásticamente, lo que provocará que, sobre todo en países como España, se termine dependiendo en exclusiva de los impuestos indirectos y del IRPF de las clases trabajadoras porque, al no encontrarse territorios como Islas Caimán, Estados Unidos o Emiratos Árabes en la lista de paraísos fiscales, se provoca el efecto llamada a las grandes fortunas y las grandes empresas. Esto conducirá a situaciones de incremento del déficit.
La banca, por su parte, que capta mucho dinero en esos paraísos fiscales, prestará una parte de esos activos a los Estados con los correspondientes intereses. Este es un gran negocio, como lo es el blanqueo de capitales: obtienen dinero a través de sus sucursales en estos paraísos fiscales, y luego se lo prestan a altos tipos de intereses a esos mismos países.
Las consecuencias de no sancionar a determinadas jurisdicciones que actúan como paraísos fiscales tendrá consecuencias muy graves para la ciudadanía como, por ejemplo, la pérdida de derechos sociales.
La falta de ingresos de los Estados es la puerta para nuevos recortes, sobre todo en un momento en que, aunque la UE ha relajado sus políticas de cumplimiento del déficit, la crisis social provocada por el Covid19 y la guerra de Ucrania está generando situaciones similares a las de las dos posguerras. Los paraísos fiscales terminan siempre afectando a las clases medias y trabajadoras, que, finalmente, son las que terminan pagando la elusión fiscal al sufrir los recortes en sanidad, educación y otros derechos fundamentales.