En menos de un mes ha pasado en dos importantes juicios que se están llevando a cabo en estos momentos. En la Audiencia Nacional, los acusados del Caso Orange Market, la rama valenciana de la Gürtel, Francisco Correa, y Álvaro Pérez, “el bigotes”, han llegado a un acuerdo con la fiscal para contar todo lo que se cocinó en torno a la adjudicación, presuntamente irregular, de los stands de la comunidad en la edición de 2009 de Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Y eso perjudica al principal acusado, Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat valenciana que aspira a retornar a la política presentándose a las primarias del PP para la alcaldía de València.
En Barcelona, dos acusados del juicio por corrupción a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borrás, podrían haber llegado a un acuerdo con la fiscal para responsabilizarla de las adjudicaciones irregulares que se llevaron a cabo cuando la presidenta de Junts Per Catalunya era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Oficialmente no se han llegado a “acuerdos” que se vayan a plasmar en “juicios de conformidad”. Pero tanto los abogados de Camps como de Borrás denuncian que ha habido negociaciones de los otros acusados para rebajarles las penas a cambio de que impliquen a los principales acusados. Los tribunales ya han dejado claro que los que se sientan en el banquillo “tienen estatuto de acusados y, como tales, están en todo su derecho a defenderse”.
Otra cosa será la valoración de los jueces quienes, seguramente, cotejarán las manifestaciones que constan en los sumarios de las diligencias previas con las que se efectuarán durante la vista oral. Por eso, la prudencia en torno a estas “negociaciones” suele ser la tónica general en los jueces que, de todas maneras, dejan bien sentado que en el ordenamiento jurídico español se autorizan todo tipo de acciones para una eficaz defensa de los acusados.
Pero lo cierto es que esos supuestos acuerdos han puesto nerviosos a los principales inculpados en estas causas. A la salida de la última sesión, Francisco Camps se cruzó con Francisco Correa. Los allí presentes pudieron escuchar como le decía “me estás arruinando la vida”. Algunos, incluso, llegaron a oír insultos. “Hijo de puta”. Un calificativo que ha sido denunciado por el abogado de Correa al Tribunal. Veremos en qué acaba este fuerte enfrentamiento.
En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, los abogados defensores de Laura Borrás, Gonzalo Boyé e Isabel Elbal, denunciaron, ante los jueces, que los acusados Isaías Herrero y Andreu Pujol habían llegado a un acuerdo para que, a cambio de testificar en contra de Laura Borrás, se les rebajase la pena hasta quedar la mínima, con lo cual no ingresarían en prisión.
No es la primera vez que se dan este tipo de acuerdos que las partes siempre desmienten. En el Caso Palau de la Música de Barcelona sucedió algo parecido. Allí, Félix Millet, reconoció haber pagado a Convergencia una comisión del 3% a cambio de una adjudicación. Y en las piezas de la Gürtel que hasta el momento han sido examinadas en los tribunales, también ha habido acuerdos entre los fiscales y algunos empresarios acusados para que testificaran en contra de los altos cargos que se sentaban junto a ellos en el banquillo.
Nunca se van a reconocer estas negociaciones. No porque sean ilícitas. Que no lo son. Sino porque las delaciones no están bien vistas por la opinión pública. Se consideran poco éticas. Y además siempre se apuntan en una dirección: los líderes de las tramas. Casi siempre personas mediáticas o significados líderes políticos.
El asunto de Laura Borrás, acusada de prevaricación y falsedad documental, tiene una implicación política por el compromiso de ella con el independentismo. Su abogado, Gonzalo Boyé, no se corta al calificar el juicio de “político” y como “represalia contra los independentistas”. Con Francisco Camps pasa algo parecido. Francisco Correa y Álvaro Pérez tienen poco que perder. Cumplen varios años de prisión por sentencias firmes. Se trata, ahora, de lograr que esos años se incrementen lo menos posible. Les quedan todavía muchas comparecencias en los tribunales y quieren rebajar lo más posible las penas a las que se enfrentan.
Los tribunales que se encuentran con este tipo de testificaciones suelen tomárselas con mucha prudencia. También los fiscales. Nunca se llegan a acuerdos por escrito. Lo que se hace es esperar a las declaraciones y, si estas son satisfactorias, en las conclusiones definitivas se les rebaja la petición de pena a la mínima expresión. En el caso de los acusados que acompañan a Borrás en el juicio, se busca una pena mínima, de dos años, para que no tengan que entrar en prisión.
Esta maniobra de las defensas es completamente legal. Pero, por una cuestión ética, nunca se reconoce su existencia. Es uno de los muchos atajos que se llevan a cabo con relativa frecuencia en la justicia de este país.