El comisario europeo de justicia, Didier Reynders, está que trina. Los resultados electorales en España hacen prácticamente imposible llevar a cabo la reforma de la justicia hasta, como poco, el año que viene, y la Comisión Europea tenía previsto que, al menos en lo que se refiere a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se llevase a cabo durante la presidencia española en este semestre. No va a ser posible. En el mejor de los casos, si se logra formar gobierno, sea del signo que sea, las prioridades en materia judicial quedan relegadas a un segundo plano por las posturas antagónicas expresadas por los dos bloques en que se ha quedado dividido el Congreso. Y en la hipótesis más probable, la repetición de elecciones, ésta se llevaría a cabo en noviembre y, hasta el verano o el otoño de 2024, la reforma no se podría afrontar.
El Consejo General del Poder Judicial lleva camino de entrar en el libro Guinness de los récords como la institución pública que ha estado más tiempo caducada ejerciendo funciones. Va camino de los cinco años y todo indica que seguirá uno más, seis en total, con un “presidente sustituto”, Vicente Guilarte, que se acaba de hacer cargo tras la jubilación del anterior interino, Rafael Mozo, quien, a su vez, había ocupado la plaza tras la dimisión de Carlos Lesmes que dijo que se iba en protesta por el bloqueo en la renovación pero que, en realidad, se fue porque le habían quitado la potestad de nombrar discrecionalmente a los miembros del Tribunal Supremo tras la aprobación del decreto de marzo de 2021 que limita las funciones del CGPJ y que, con toda probabilidad, seguirá en vigor al menos todo lo que queda de año
En Bruselas se avisó de que era urgente la renovación del Consejo General del Poder Judicial “con el actual sistema de elección de vocales”, es decir, mediante la designación por el parlamento. Hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dio un serio toque de atención al Reino de España por no haber procedido a la votación de los candidatos propuestos en su día. Una votación que no se llevó a cabo porque el PP la bloqueó. Ese mismo Partido Popular que, habiendo obtenido una exigua mayoría parlamentaria que no le va a permitir gobernar salvo milagro, tenía proyectado reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los veinte vocales del Consejo fuesen elegidos directamente por jueces y magistrados a través de las asociaciones judiciales. La mayoritaria, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, tenía preparada su lista de candidatos y un reparto consistente en 15 vocalías para ellos, dos para Juezas y Jueces para la Democracia y los tres restantes a repartir entre la Francisco de Vitoria y las minoritarias, según se ha podido saber. La noche del 23, el proyecto se fue al garete. La idea era que Núñez Feijóo, en septiembre, una vez elegido presidente del Gobierno procedería a derogar el decreto que limita las funciones del CGPJ. Urgentemente, el sector conservador de los vocales caducos, 16 de un total de 20, procederían a designar las vacantes del Supremo. A continuación, se procedería a diseñar la reforma en profundidad de la LOPJ. Nada parecido a lo que quieren en Bruselas.
El PSOE sí está dispuesto a seguir el criterio expresado por Reynders, y proceder a la urgente renovación del Consejo siguiendo el sistema de designación de los vocales desde el Parlamento, aunque aceptando la idea de que la lista se elaboraría partiendo de las propuestas del sector judicial incluyendo, también, a otros colectivos, como los letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores e, incluso, el mundo académico. Una concesión hacia el PP que los conservadores no van a aceptar. De ahí que, si prospera la hipótesis de una renovación de mandato del gobierno progresista, habrá que esperar, por lo menos hasta mediados del año que viene, para que se pueda desbloquear la situación mediante una reforma del sistema de designación de los vocales cuyo alcance se desconoce
Y el último supuesto, la repetición de elecciones, sería el peor escenario posible. El bloqueo podría prolongarse durante buena parte del año que viene. Es por eso por lo que Vicente Guilarte, el nuevo presidente en funciones, que pertenece al sector conservador, está diseñando un plan a largo plazo para poder suavizar los graves efectos de este bloqueo. Sobre todo, en lo que se refiere a la cobertura de las plazas vacantes en el Supremo. Unas plazas que se incrementarán este otoño al jubilarse otros dos magistrados. Se calcula que dejarán de redactarse 1.230 sentencias en las dos salas más afectadas por esta carencia: la de Lo Social y la de Lo Contencioso Administrativo.
El bloqueo judicial no sólo afecta al Consejo General del Poder Judicial. Está por ver si se lleva a cabo el acuerdo suscrito con los LEAJ y los jueces y magistrados en materia retributiva. El gobierno que suscribió dichos pactos se encuentra atado de pies y manos al estar en funciones y no parece muy correcto que apruebe las normativas que permitan liberar las partidas de gasto para hacer frente a estos incrementos retributivos. Si la formación de un nuevo gobierno se demora, todo parece indicar que las subidas pactadas tendrán que esperar a 2024.
Menos mal que el Consejo de Estado, el órgano que debe dictaminar sobre las normas aprobadas en Consejo de Ministros, no necesita renovación. Pero es que tampoco va a ejercer muchas funciones en la situación actual.