La gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha resurgido con fuerza. Las críticas se centran en lo que se ha denominado los "protocolos de la vergüenza", que prohibían el traslado de los ancianos a hospitales, lo que contribuyó a negarle la asistencia a 7.291 ancianos, que murieron en estas instituciones.
Ayuso defendió su gestión
Ayuso ha defendido su política argumentando que el traslado de los ancianos a hospitales no garantizaba su supervivencia, una afirmación que se ha enfrentado a los estudios que demuestran que está mintiendo. La presidenta madrileña señaló que, dadas las circunstancias, ugiriendo que la alta mortalidad era inevitable debido a la virulencia del virus, especialmente entre las personas mayores. Unas palabras indignantes, que han provocado dolor entre las familias. Ayuso justificó los protocolos que impedían el traslado de estas personas porque “había muertos en todas partes” y “se morían igual”
Sin embargo, esta postura ha sido desmentida por varios estudios científicos que indican una tasa significativa de supervivencia entre los mayores de residencias que fueron hospitalizados. Investigaciones realizadas en Madrid y otras comunidades autónomas muestran que entre el 37% y el 72% de los mayores enfermos de COVID-19 que fueron trasladados a hospitales lograron recuperarse, desafiando la narrativa de inevitabilidad en la muerte propuesta por Ayuso.
Los informes la desmienten
La revisión sistemática liderada por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, que incluyó 13 investigaciones científicas sobre la supervivencia de mayores de residencias hospitalizados, arroja luz sobre este aspecto. Los resultados desmienten las afirmaciones de Ayuso y sugieren que las decisiones políticas podrían haber tenido un impacto directo en el alto número de fallecimientos.
La mortalidad en las residencias concertadas, publico-privadas, fue hasta tres veces mayor que la que se registró en los de gestión pública. En estos fallecieron el 7,4% de los mayores, pero en los privados con plazas públicas (concertadas) el porcentaje ascendió al 20,6% y en los públicos de gestión privada al 21,9%. “Esto indica que es urgente una reforma profunda del sistema de residencias de la Comunidad de Madrid, que no ha sido capaz de responder a una emergencia sanitaria”.
La polémica se intensifica con los intentos de Ayuso de bloquear el acceso a las actas redactadas por los policías durante sus visitas a las residencias, un movimiento que ha sido interpretado por algunos como un esfuerzo por ocultar la magnitud de la crisis y la gestión gubernamental de la misma.
Exigen responsabilidades a Ayuso
La oposición política y diversos sectores de la sociedad civil han exigido responsabilidades, apuntando a una gestión deficiente y a decisiones que, lejos de proteger a los más vulnerables, podrían haber contribuido a su desamparo. Amnistía Internacional ha calificado la situación como uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de España, subrayando la necesidad de reparar las vulneraciones de derechos humanos ocurridas.
Además, se ha revelado que, mientras se restringía el traslado de muchos ancianos a hospitales públicos, aquellos con seguro privado sí eran derivados a hospitales privados, lo que plantea cuestiones de equidad y justicia en el tratamiento de los mayores durante la crisis.
Las declaraciones de Ayuso y su administración han sido objeto de críticas por parte de ex altos cargos, como el exconsejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, quien insiste “en que se descartaron alternativas viables para salvar vidas”. Además, desde el propio gobierno regional se le quitaron las competencias de las residencias para trasladarlas a la Consejería de Sanidad, que pertenecía al Partido Popular, PP. El debate sobre la gestión de las residencias en Madrid refleja no solo la tragedia humanitaria vivida, sino también las complejidades y desafíos éticos y políticos enfrentados en la gestión de la pandemia.
Un gestión llena de oscurantismo y desinformación
La gestión de Isabel Díaz Ayuso de la crisis en las residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19 en Madrid evidencia mucho oscurantismo y mucha desinformación, además de la malísima gestión. Los testimonios recabados plantean serias dudas sobre las decisiones tomadas y su impacto en la vida y dignidad de los mayores, instando a una reflexión profunda sobre cómo se protegen los derechos y el bienestar de los más vulnerables en situaciones de crisis.
El debate sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso alcanza un punto crítico cuando se considera la hipocresía humana detrás de las cifras y declaraciones de la presidenta y su equipo. La tragedia en las residencias de mayores se convierte en un símbolo de las dificultades enfrentadas por los sistemas de salud y de cuidado durante la pandemia, pero también resalta la importancia de las decisiones políticas en la protección de los más vulnerables.
La insistencia de Ayuso en justificar las acciones de su gobierno, contrastando con las evidencias y testimonios de sobrevivientes y profesionales de la salud, subraya un profundo desajuste entre la retórica oficial y la realidad vivida por miles de familias. La gestión de la crisis en las residencias no solo se trata de analizar lo que se hizo o dejó de hacer; se trata de entender las consecuencias humanas de esas decisiones, de reconocer el dolor y la pérdida y de buscar vías para asegurar que la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente las más vulnerables, sean respetados y protegidos en cualquier circunstancia.