Alberto Núñez Feijóo ha expuesto dos ejemplos para justificar su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial que había acordado con el PSOE en octubre de 2022. Ninguna de las dos las utilizó en su momento porque era imposible. La realidad es que el Partido Popular no firmó porque, según dijeron sus dirigentes entonces, “el gobierno estaba pactando con los líderes independentistas catalanes la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación”. Ahí están las hemerotecas. Y ninguna información de la época habló de que el gobierno había incumplido su compromiso de neutralizar las “puertas giratorias” designando al exministro, Juan Carlos Campo, para el Tribunal Constitucional simplemente porque esa designación se produjo un año después. Tampoco se calificó de “injerencia política” la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, otro de los motivos que ahora esgrime Núñez Feijoo al señalar que García Ortiz “ha sido condenado” por el Tribunal Supremo cuando no ha sido así. La sala de Lo Contencioso lo único que ha hecho es enmendar un procedimiento de nombramiento. De condena nada de nada.
En cambio, el Partido Popular no hace autocrítica. No reconoce que, debido a este bloqueo, el Consejo General del Poder Judicial ha permanecido cinco años bajo mandato caducado ni que los vocales conservadores han mantenido contactos con Génova donde se han diseñado estrategias para desprestigiar al gobierno de Sánchez utilizando la Judicatura con actuaciones vergonzantes como es la de aprobar un informe en el que se critica abiertamente la ley de amnistía cuando ésta ni siquiera se había presentado en el Congreso de los diputados. Y que los vocales conservadores del CGPJ se apropian de la institución cuando toman decisiones sin contar con sus compañeros progresistas. Pasó con la incalificable toma de posición en contra de la ratificación de García Ortiz como fiscal general del Estado, en una resolución sin precedentes en la historia judicial de este país.
Núñez Feijóo acusa a los socialistas de interferir en la justicia de este país cuando pone los ejemplos de Campo y García Ortiz. Y dice que, de esta manera, el PSOE incumple un pacto que nunca se llegó a firmar porque ellos lo rompieron. El 27 de octubre de 2022 todo estaba a punto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Incluso la lista de los candidatos. En total 20 vocales y 12 suplentes. En ese mismo acuerdo figuraba un proyecto de ley de reforzamiento de la justicia en el cual se habían incluido una serie de medidas para evitar las puertas giratorias en el mundo judicial y la independencia de la carrera fiscal. Pero el Partido Popular se echó atrás por lo que los socialistas no se vieron obligados a cumplir lo acordado y el proyecto de ley nunca se presentó a trámite en las Cortes. Por lo tanto, no se puede reprochar que el gobierno siga utilizando los antiguos mecanismos de nombramientos y designaciones.
Convendría recordar al líder de la oposición que las designaciones de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del Constitucional en el turno que compete al ejecutivo, se hicieron en un momento en el que los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial habían provocado una crisis institucional de graves consecuencias. Al bloquear la designación de los dos vocales que correspondía al órgano de los jueces, el Parlamento decidió tomar cartas en el asunto y proponer la reforma de la ley del TC para que fuesen el Congreso y el Senado los que eligiesen a la totalidad de los magistrados. El Grupo Popular pidió al Constitucional la anulación de ese debate mediante la adopción de medidas cautelarisimas. Su presidente de aquella época, Pedro González Trevijano, ha pasado a la historia al ser la primera autoridad de este país que interviene en un debate de las cámaras que representan a la soberanía popular, en un gesto que se llegó a comparar con un verdadero golpe de estado judicial. Al final, a los vocales conservadores del CGPJ les entró pánico al ver el cariz que estaban tomando los acontecimientos y pactó dos nombres con los progresistas. Pero la herida todavía no ha cicatrizado y nadie confía, ya, en unas instituciones que parece que actúan tutelando la democracia española cuando debía de ser lo contrario.
La lista pactada en octubre de 2022 sigue ahí. Los candidatos tienen nombres y apellidos y lo único que queda por hacer es someterlos a la votación de las cámaras que necesitan tres quintos del total de diputados y senadores, mayoría cualificada que tienen PP y PSOE. Algunos de estos candidatos, incluso, presentaron una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que falló a favor de ellos obligando al Estado español a que recuperen sus derechos como candidatos. Es muy probable que se les incluya en la nueva lista que se debe acordar con la mediación de Bruselas. Y sobre eso, Alberto Núñez Feijóo no habló. Prefiere insistir en el asunto de la mediación de la Comisión Europea cuando él mismo, unos días antes, echaba sapos y culebras por la boca porque el PSOE y los soberanistas habían acordado un mediador y verificador de las negociaciones que se van a mantener para intentar superar el conflicto catalán. El diplomático salvadoreño, Francisco Galindo, ha sido alto comisionado de ACNUR, la organización de Naciones Unidas para los Refugiados, pero el Partido Popular ha manipulado su condición y le acusa de “haber colaborado con terroristas” porque participó en el proceso de negociación del gobierno colombiano con las FARC. Ahora, los populares piden la mediación de una Comisión Europea que se encuentra a punto de cesar porque debe ser renovada tras las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio. Y puede llegar a suceder que en esas fechas no se haya conseguido un acuerdo. Entonces “el mediador” ya no estará habilitado para ejercer su misión porque estará “en funciones”, como el Consejo General del Poder Judicial español que lleva así cinco años. Esas son las paradojas de una derecha, la española, que miente más que habla. Por la boca muere el pez.