Jueces, políticos, artistas, empresarios. Todos encuentran en Moncloa el origen de sus males y los ataques hacia sus “legítimas” actuaciones. El más claro de todos ha sido el productor Nacho Cano quien atribuye a Pedro Sánchez una persecución contra él “por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso”. Ésta, a su vez, no se corta y denuncia una campaña “contra los artistas para amedrentar al mundo de la cultura". La presidenta de la Comunidad de Madrid ya no pone en su novio el énfasis de sus ataques al presidente. González Amador ya tiene quien le defienda y muy bien, por cierto. Ángel Hurtado, instructor del Supremo que investiga la filtración de los mensajes del abogado de Alberto González Amador al fiscal Julián Salto, acaba de concluir, en un auto, que el correo electrónico objeto de la investigación, “salió de la fiscalía general del Estado con destino a Presidencia del Gobierno” donde se puso a disposición de Juan Lobato, entonces portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Otra vez la “mano larga de Sánchez” quien tuvo que soportar, en su día, que otro juez, el titular número 41 de Madrid que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, le relacionase con reuniones que habrían tenido lugar en su residencia oficial con otro de los investigados, Juan Carlos Barrabés, donde, supuestamente, se habrían pactado ayudas a la empresa de este último. Como si el presidente no tuviese, ya, problemas mucho más complejos que los derivados de hipotéticas “persecuciones conspiraniocas” que salen de la dirección del Partido Popular.
Que Nacho Cano, cuya trayectoria personal y profesional es de todos conocida, culpe de sus males al gobierno progresista era de esperar. Lo cierto es que el “caso Malinche”, donde se investiga un delito contra los derechos de los trabajadores, nace de la denuncia de una bailarina mexicana que dice haber sido contratada irregularmente por la empresa de Cano. Y si en algo ha intervenido la administración pública ha sido para elaborar un informe descartando cualquier irregularidad. La inspección de trabajo depende del ministerio cuya titular es Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, que tiene, eso sí, competencias compartidas con la consejería madrileña del ramo.
Por lo tanto, si la administración central actuó en el “caso Malinche” ha sido para defender a la empresa promotora del musical, es decir a Nacho Cano. Y si este ha sido llamado a declarar ante la jueza María Inmaculada Iglesias Sánchez, titular número 19 de Madrid, se debe a la denuncia presentadéa por Lesly Guadalupe Ochoa uno de los 17 becarios traídos desde México para el musical quien ha denunciado a sus responsables por irregularidades en su contratación. El asunto tiene trazas de que se resolverá en el momento en que haya una oferta indemnizatoria de por medio. Y entonces Nacho Cano no tendrá más remedio que tragarse sus ofensas contra Pedro Sánchez. Algo muy improbable porque cuenta con el apoyo de Díaz Ayuso quien, en su afán por atacar al presidente del gobierno, se ha vuelto a meter en otro charco. Porque, si hay alguna persecución al mundo de la cultura esa la están haciendo los socios de sus alcaldes de partido. Vox se está encargando de vetar todo tipo de manifestaciones de artistas de izquierda en aquellos municipios donde gobierna con el PP.
De todas maneras, a Díaz Ayuso la jugada le está saliendo perfecta. En el Supremo, el instructor de la denuncia presentada por su novio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha publicado un auto en el que señala abiertamente la existencia de una especie de conspiración entre García Ortiz, el teniente fiscal jefe de su gabinete, Diego Villafañe, y la jefa de la fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para filtrar a una publicación digital con copia para presidencia del Gobierno, el famoso correo electrónico objeto de la investigación.
Ángel Hurtado debía de haberse abstenido de instruir este caso, o, al menos sus compañeros de la cada vez más siniestra sala de Lo Penal se lo tendrían que haber prohibido. Hurtado está muy señalado. Se opuso vehementemente a declarar culpable al Partido Popular en el caso Gürtel y por tal motivo fue recusado y apartado del tribunal. Y todos conocen su tendencia política.
Pero Hurtado no se abstuvo, tal y como hacen todos los jueces pertenecientes a la derecha judicial y, ahora, está comprobándose su línea de actuación. Va a aplicar el famoso cuento del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de que García Ortiz “va p’alante “y si dejan a Hurtado también “va p’alante” el presidente Sánchez. El instructor se basa para sostener este indicio, en el informe de la UCO de la Guardia Civil donde se insinúa la posibilidad de que “la filtración saliese de la planta noche de Fortuny, la sede de la FGE”, sin concretar nombres. En cambio, el juez rechaza los testimonios de los periodistas que declararon que tenían en su poder esos correos mucho antes de la hora en que se asegura que fueron filtrados. Nunca se había atacado en sede judicial de esta manera a la prensa.
Contrasta ese rechazo con el sustento de la denuncia contra Begoña Gómez efectuada a través de informaciones periodísticas que, posteriormente, fueron matizadas por los autores de los recortes presentados por Manos Limpias y Hazte Oír. Está claro que habrá que regular las intervenciones judiciales de miembros de la prensa tal y como se están poniendo las cosas. Porque lo que no puede ser es que las informaciones publicadas por la caverna mediática y los bulos de afines al PP sean considerados dogmas de fe y las declaraciones de periodistas veteranos, que llevan años ejerciendo la profesión siempre con rigor, se tiren a la papelera del juzgado.
A lo que íbamos en un principio. No parece sustentarse la “teoría conspiranoica” de la derecha contra Pedro Sánchez. Al presidente le falta, nada más, que se le culpabilice de ser el criador de Islero, el toro que mató a Manolete. Y si fuese así, hay que reconocer que tiene el don de la ubicuidad. Se ocupa de las cosas de Estado, de su partido, de Europa, y encima tiene tiempo para maniobrar contra los jueces, integrantes del mundo de la cultura, militantes del PP que circulan a más de 200 kilómetros por hora por las autovías del noroeste, como es el caso del senador Manuel Baltar, y empresarios inspeccionados por la Agencia Tributaria. En este país tenemos a todo un superhombre al frente de nuestros destinos.