Laura Borrás, ex presidenta del Parlament de Catalunya y presidenta de Junts Per Catalunya ha sido condenada finalmente. Nada que objetar si no fuese porque el delito que cometió, trocear contratos para ahorrarse el engorroso trámite del concurso público, es una práctica habitual en las administraciones públicas. Numerosos alcaldes y consejeros autonómicos tendrían que sentarse en el banquillo de los acusados por tal motivo. En ese sentido, la Borrás puede decir que su caso entra dentro de las represalias a los líderes independentistas catalanes. Lo que está muy claro es que la sentencia tiene muchos ribetes políticos. Sobre todo, porque, después del reproche penal que contiene, el tribunal le pasa la pelota al Gobierno y pide el indulto parcial para que no entre en prisión. Habrá que ver lo que hacen en Moncloa.
El ejecutivo progresista lo tiene difícil porque, por una parte, el delito por el que se ha condenado a Borrás nada tiene que ver con acciones tendentes a perturbar la convivencia en Catalunya. Pero, por otra, si se quiere seguir ese proceso de normalización del que, tanto Sánchez desde Madrid como Aragonés desde Barcelona, insisten en que va en la dirección correcta, no quedará mas remedio que acceder a la petición del tribunal y conceder el indulto parcial. Borrás no entraría en la cárcel pero sí quedaría inhabilitada para ejercer cargo público durante 13 años, la pena accesoria que se dicta en la resolución judicial.
A pesar de que ha habido un voto particular en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el fallo no deja lugar a dudas. Hubo falsedad documental en la contratación del técnico informático Isaías Herrero, un amigo de la condenada, para que éste confeccionase la página web de la Institución de las Letras Catalanas, ILC, que presidía. La discrepante, la magistrada María Jesús Manzano, una de las tres componentes del tribunal, cree que los hechos merecen una pena de inhabilitación, pero no constituyen un delito de falsedad. Según la jueza, habría que condenarla por un delito de estafa como inductora lo que, “con la aplicación de dilaciones indebidas en el proceso judicial, debería dejar la pena en no más de 21 meses de cárcel”. Asimismo, Manzano discrepa sobre la naturaleza de la inhabilitación. Considera que debe ajustarse a aquellos cargos u ocupaciones públicas que “comporten gestión con facultades de contratación”.
Si hubiese prosperado la tesis de la jueza discrepante, Laura Borrás no entraría en prisión y no habría sido inhabilitada. Es por ello por lo que es muy probable que su abogado, Gonzalo Boyé, presente recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que el fallo deja de ser firme.
Ahora habrá que ver las consecuencias políticas de la sentencia. Borrás no dimitió formalmente como presidenta del Parlament. Fue apartada provisionalmente y su puesto ha sido ocupado de manera provisional por la diputada de ERC, Alba Vergés. Se desconoce si Borrás reclamará la presidencia. Lo que parece fuera de toda duda es que seguirá como presidenta de Junts Per Catalunya. Tiene seguidores incondicionales, los mismos que se manifestaron frente al Parlament exigiendo la absolución y gritando “Laura nuestra presidenta”.
La sentencia considera probado que la adjudicación directa de los trabajos vulneró “todos los principios que rigen en materia de contratación pública, como la publicidad, la transparencia y la libre concurrencia. Fue un contrato diseñado, decidido y ejecutado con el único sometimiento a la voluntad personal de la acusada, que, como directora de la ILC, era también la máxima responsable de la contratación y tenía toda la autoridad para contratar y autorizar los pagos.”
A los jueces les llama la atención, también, la colaboración con la justicia de los otros dos acusados a los que, no obstante, condenan. A Isaías Herrero, el beneficiario de la contratación, a dos años de cárcel y a Andreu Pujol, que se prestó a presentar contratos ficticios para “blanquear” la operación, a un año y dos meses. Ambos han logrado su objetivo colaborando con la fiscalía: no tener que entrar en prisión.
Y lo que sí queda meridianamente claro es que la carrera política de Laura Borrás queda muy tocada después de una sentencia en la que, se sigue destacando, poco o nada tiene que ver con la acción política que como líder soberanista lleva a cabo.