Uno de los objetivos del Partido Popular es la permanente reprobación del fiscal general del Estado al que acusan de falta de independencia del poder ejecutivo. Pero lo que verdaderamente importa en la formación de Génova no es eso. Lo que mas escuece es que Álvaro García Ortiz “no se haya pronunciado sobre la solicitud de creación de una fiscalía especial para la investigación de actos que supongan enaltecimiento del terrorismo, la violación de los derechos de las víctimas y la convocatoria de actos que inciten a su desprecio o humillación”, según el diputado del Grupo Popular y miembro de la comisión de justicia del Congreso, Fernando de Rosa. En otras palabras, el análisis que hacen los populares es que García Ortiz no tiene voluntad alguna de esclarecer los 430 asesinatos de ETA en un momento en el que la derecha cree que los socialistas están blanqueando a “aquellos que colaboraron con la banda asesina” en clara alusión a Bildu.
A partir de ahí, se produjeron una serie de hechos que son los que está utilizando la derecha para desautorizar al fiscal general. Se manejan todos los medios al alcance de los estrategas de Génova. Los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo de Fiscales son sus principales herramientas. Lo que pasa es que los del CGPJ han traspasado las líneas rojas al efectuar un informe en el que desautorizan la renovación de García Ortiz argumentando que “ha sido condenado por el Tribunal Supremo” que dice, en una sentencia de la sala de Lo Contencioso Administrativo, que “cometió desviación de poder” al designar como fiscala de sala a la exministra y también anterior titular de la fiscalía, Dolores Delgado. Los ocho vocales, primero, cometieron una evidente irregularidad al apoderarse del órgano sin contar con el resto de miembros, los del sector progresista, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de elaborar votos particulares. Y no lo hicieron porque consideran ilegal la reunión del pleno en la que tomó la decisión, y la apropiación de la institución por parte de una minoría que, además, está en funciones y caducada.
Pero es que, y ese es el segundo motivo para rechazar la iniciativa de los vocales conservadores del CGPJ, ocurre que el órgano de los jueces no tiene, entre sus funciones, la de desautorizar el nombramiento del fiscal General del Estado que, según la legislación vigente, es designado por el gobierno y ratificado por el Congreso. Y eso lo dijo el propio García Ortiz al comparecer en la comisión de justicia de la Cámara baja en la que se ratificó su idoneidad: “quiero referirme, siquiera brevemente, al reciente informe emitido por ocho vocales que en la actualidad conforman una mayoría de un órgano diezmado cuyo mandato caducó hace más de cinco años. Esa mayoría parece haberse autoatribuido ex novo una función de fiscalización de la actuación del fiscal general del Estado como si se tratara de un órgano jerárquico superior cuando sólo corresponde a las Cortes decidir sobre su idoneidad”.
Y esto es totalmente cierto. Últimamente la mayoría de un caducado Consejo General del Poder Judicial se está atribuyendo competencias que no le corresponde. Es verdad que tiene que emitir un dictamen sobre la idoneidad del nombramiento del fiscal general del Estado, pero nunca, en su historia, había desautorizado. A lo más a lo que se llegó fue a emitir un informe desfavorable, pero nunca a desautorizar. En medios jurídicos se ha calificado esta iniciativa de “golpe de mano” de la misma manera que pasó con el famoso informe sobre la amnistía cuando la ley ni siquiera había sido presentada en el Congreso. Ahora pretenden hacer lo mismo a petición del Senado, una maniobra de la Cámara alta que puede llegar a ser ilegal. Veremos que dicen los tribunales, incluido el Constitucional, al respecto.
Pero volvamos a Álvaro García Ortiz. A este fiscal, el PP y Vox lo intentaron reprobar en la anterior legislatura, igual que hicieron con su antecesora, Dolores Delgado. Nunca llegó a prosperar la proposición de la derecha, al contrario de lo que pasó con el fiscal general en tiempos de Mariano Rajoy, José Manuel Maza, por “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones” al intentar favorecer a personas del Partido Popular investigadas en causas judiciales. La reprobación de Maza salió adelante pero nunca fue cesado.
Y es que todos los fiscales generales del Estado en la transición han sido cuestionados por la oposición parlamentaria, unos con más contundencia que otros. Habría que recordar, en torno a la política sobre el terrorismo, las actuaciones del que fue fiscal general con José María Aznar, Jesús Cardenal, el cual utilizó a la carrera fiscal para buscar atajos con los cuales, sorteando las normas del Estado de Derecho, reprimir las acciones de ETA llegando, incluso, a traspasar el límite existente entre las actuaciones legales y la guerra sucia.
Ahora lo que ocurre es que casi todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, con alguna honrosa excepción, acuden a Génova con la intención de que presione al gobierno y a la fiscalía general del Estado con el propósito de que no queden impunes las últimas acciones llevadas a cabo por la banda terrorista que todavía quedan por esclarecer.
En ese sentido, Álvaro García Ortiz ha sido contundente al manifestar que “no me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas pues la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos tiene como límites no sólo nuestra imparcialidad sino también nuestra apariencia de imparcialidad”. Y la interpretación de estas palabras tiene su importancia porque el máximo responsable de la carrera fiscal está dejando claro que van a seguir actuando en todos los campos, incluidos los referidos al terrorismo, sea de ETA o de otro tipo. La imparcialidad está asegurada pero el PP no quiere eso. Quiere dar satisfacción a sus “correas de transmisión”, incluso las que manipulan a las víctimas del terrorismo.