23 horas en celda de aislamiento. Y así durante más de dos años. Al periodista español, Pablo González, le acusan de ser espía ruso, pero el gobierno polaco no aporta las pruebas que lo demuestren lo que contraviene el elemental derecho a la defensa de cualquier imputado de un delito por muy graves que sean los cargos que pesan sobre él. Y, mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez calla. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura que González se encuentra bien, que está siendo asistido por la embajada en todo momento. Que el cónsul le ha visitado en 17 ocasiones y, con la boca pequeña, pide a los polacos, “un juicio justo, público, oral y contradictorio”. Pero ahí se queda. Albares sabe mucho más de lo que dice. Su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, le ha facilitado esas pruebas que dicen tener sobre las actividades de Pablo González que no trascienden públicamente. ¿Por qué?, ¿Son tan graves esas pruebas como para que formen parte de los secretos oficiales?, ¿Tanto afectan a la seguridad occidental?. Lo que sí ha podido saber el que firma esta información es que la OTAN está presionando para que no se cuente más de lo que se debe de contar en torno a este asunto. Aunque estén en juego los derechos fundamentales de un ciudadano español.
El periodista tiene dos pasaportes: uno español y otro ruso. Ese es uno de los argumentos que utilizan oficialmente las autoridades polacas. Pero la posesión de esos dos pasaportes está plenamente justificada. Es ruso por parte de padre y español por parte de madre. Sus progenitores se divorciaron. La mujer decidió volver a España y llevarse a su hijo el cual se dedica al periodismo “free lance” especializándose en política y geoestrategia de los países del Este. Un poco antes del comienzo de la guerra con Ucrania, González estaba en la región de Donbás, al este del país, el centro neurálgico de la contienda armada, tramitando los permisos para hacer unos reportajes cuando fue llamado a Kiev para ser interrogado por las autoridades ucranias. González se presentó. Y allí se encontró con las primeras acusaciones de espionaje. Paralelamente a su esposa, Oihana, miembros del servicio de espionaje español, el CNI, la interrogaron en su domicilio de Sestao. La operación para detener al periodista estaba en marcha.
Oficialmente, a González le acusan de recibir dinero procedente de Rusia en una cuenta de la Caja Laboral, en Euskadi, entidad financiera a la que se la ha vinculado con la izquierda abertzale. Ese dinero se lo ingresa su padre en concepto de rentas de los alquileres de unos inmuebles propiedad de la familia: en total son 350 euros al mes. Pablo González no gana más de 600 euros al mes por sus colaboraciones en publicaciones españolas, la Sexta, Público y Gara, entre otras. Por publicar en Gara le acusan de ser periodista de un “medio de ETA y de influencia rusa”.
Es cierto que Pablo González es una persona próxima a los movimientos de la izquierda alternativa, y que siempre ha mostrado su simpatía hacia la causa rusa. Eso es todo. Pero puede haber más. Cuando fue detenido, se encontraba en la frontera ruso-polaca cubriendo la información de la llegada de refugiados procedentes de las localidades ucranias más castigadas por la contienda. Se le incautó sus dispositivos electrónicos e informáticos y, ahí, según fuentes conocedoras del caso, es donde parece ser que están las pruebas para acusarle de espionaje ya que existen archivos en los que se describen los movimientos tácticos de las tropas ucranianas en las regiones de Donbás y los territorios fronterizos con Crimea los días inmediatamente posteriores a la invasión rusa. Es por ese motivo por el que fue llamado a declarar a las dependencias de los servicios secretos ucranios en Kiev, unos días antes de que abandonase el país dirigiéndose a la frontera polaca.
También ha trascendido que se le habían intervenido informes sobre Zhanna Nemtsova, la hija del disidente ruso Boris Nemtsov, asesinado en el centro de Moscú en 2015, que comanda una fundación en recuerdo de su progenitor, sobre la que el periodista tiene datos. A González se le relaciona, también, con el oficial de inteligencia ruso, Sergei Turbin, con el que llegó a viajar a Rusia en junio de 2017. Al parecer existen conversaciones de González con ese oficial en las que le muestra su deseo de “ir a Rusia” pero que no sabía cómo obtener un visado para entrar en el país. Es extraño porque Pablo González tiene pasaporte ruso.
Esas serían las pruebas que le vinculan con la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas. Aparentemente no hay más. Si ello fuera así, no se entiende cómo se le mantiene en prisión preventiva con prórrogas semestrales de su situación, la última, la octava, del 15 de febrero pasado. Anteriormente se llegó a señalar que la dureza de su detención obedecía a cuestiones políticas internas en Polonia. Cuando se le detuvo gobernaba la ultraderecha empeñada en reformar el estado de derecho cuestionando la separación de poderes. Además, existía el temor de que Rusia invadiese Polonia y los países bálticos. Pero, ahora, las cosas han cambiado. El primer ministro es Donald Tusk, un europeísta convencido, que fue presidente del Consejo Europeo.
Si no fuese porque hay algo más, Tusk debería aplicar el principio de reciprocidad jurídica existente en el seno de la UE y poner a disposición de las autoridades judiciales españolas a Pablo González. Pero eso no es posible a pesar de las presiones que están ejerciendo las autoridades de este país, incluido el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que se ha dirigido a su homólogo polaco, Marcin Wiacek, interesándose por la situación del informador.
En el CNI aseguran que hay más cosas además de las descritas. No quieren concretar las referencias exactas porque afectan a la seguridad de occidente y están custodiadas por la OTAN. Los servicios secretos españoles justifican, así, la lentitud con que la justicia polaca está moviendo el caso. Y nadie más se atreve a ir más lejos.
Lo cierto es que, por mucha complejidad que suponga, el caso de Pablo González, hoy por hoy a los ojos de la opinión pública, no deja de ser otra cosa que el de un periodista español que se encuentra encarcelado desde hace dos años sin pruebas que sustenten la acusación de ser un espía ruso, en un país que pertenece a la Unión Europea y, por lo tanto, debe someterse a los estándares jurídicos que se contemplan en los países del viejo continente.