El XIII Congreso de la Abogacía Española convocado por el CGAE, el órgano que representa a los 83 colegios de abogados de este país que cuentan con 144.642 profesionales en ejercicio, se ha celebrado sin pena ni gloria. Los profesionales del sector apenas han prestado atención a las conclusiones que se han aprobado en esta reunión a pesar de que “son fundamentales para el futuro de la abogacía”, según los organizadores del evento. Lo cierto es que el Consejo General de la Abogacía de España ha pasado “de puntillas” por la problemática del sector y, en especial, la de los 43.696 letrados pertenecientes turno de oficio. Todo lo más, un “llamamiento” para que las autoridades tengan en cuenta las reivindicaciones de este colectivo. Eso sí. Se ha insistido en el asunto de la conciliación, una reivindicación del ICAM, el colegio madrileño, que parece empeñado en que se reduzcan los horarios de unos profesionales que por el simple hecho de ser autónomos parece difícil que se sujeten a horarios.
Hay otros temas que se han tratado como la lucha por lograr un mejor trato de los abogados en los juzgados, sobre todo por parte de los jueces, la suspensión de juicios cuando los letrados no puedan asistir por motivos particulares, y el régimen de sanciones y las comisiones de ética.
Apenas se han tratado asuntos controvertidos como son la contratación del servicio de e-mail que supone un significativo gasto dentro de la partida presupuestaria del Consejo. En este servicio se incluye un paquete de office que no llega a todos los letrados. En total, se están abonando 1,4 millones de euros anuales, cantidad cofinanciada entre el Consejo y los colegios. Por cierto, el de Alcalá de Henares ha llevado el asunto a los tribunales porque se niega a pagar este servicio considerado por los profesionales como “de baja calidad en comparación con lo que se abona”.
No se ha tocado el asunto del gasto de los miembros del Consejo en materia de dietas, viajes y retribuciones. El organismo mantiene un total oscurantismo en torno a este tema a pesar de que se les ha exigido explicaciones. Se sabe que antes de la pandemia se llegaron a desembolsar 800.000 euros anuales por tal concepto. Un asunto anecdótico pero revelador es el gasto que supone al Consejo el pago del piso de la presidenta, Victoria Ortega, cuyo propietario es el decano del colegio de Ciudad Real, Cipriano Arteche.
Tampoco se ha debatido acerca de la brecha existente entre los diferentes despachos de abogados. Los mas modestos tienen graves problemas de supervivencia mientras que “los grandes” facturan decenas de millones. Algunos de los 2.000 abogados presentes en este Congreso se quejaron de que sólo Jesús Remón, de Uría y Menéndez, es el único, que figuraba en la relación de los cuatro ponentes de las resoluciones, que tiene la condición de abogado en ejercicio. Los otros tres fueron la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, José Ramón Chaves, magistrado de la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y el exministro Francisco Caamaño. Ninguno de ellos puede argumentar que representa o defiende los intereses directamente de las bases del colectivo.
Sí se habló del “cuotazo”. La subida de la cuota de 1,5 euros por asociado. La cantidad puede parecer ridícula, pero esconde una realidad mucho mas preocupante. El “cuotazo” se ha implantado para sufragar el déficit del Consejo que, en 2022, fue de 1,4 millones de euros mientras que en 2021 las pérdidas ascendieron a 1,25 millones. Once colegios han presentado una queja por esta subida que, además, afectará a las llamadas “sociedades de abogados”, los grandes despachos. De momento se desconoce cuanto será lo que deben aportar.
De lo visto y oído en esta reunión sólo se puede sacar una conclusión. Parece evidente la falta de conexión que existe entre los llamados “abogados de a pie” y sus representaciones institucionales. A los profesionales parece importarles muy poco lo que hagan dentro del Consejo General de la Abogacía, un organismo que parece desconectado de la realidad de los que dicen representar. Ni siquiera participaron activamente en la manifestación que llevaron a cabo los letrados del turno de oficio frente al Congreso de los Diputados. Su silencio ha sido tan criticado que no han tenido mas remedio que hacer una especie de “mini concentración”, este viernes, en el recinto donde se celebró el Congreso a favor del “servicio público de justicia gratuita”, con manifiesto incluido.
Los abogados perciben que las actuaciones del Consejo General de la Abogacía no sirven para nada, no tienen utilidad alguna. En el Consejo General de la Abogacía se defienden señalando que este argumento es el que utilizan los sectores que quieren acabar con la colegiación de la abogacía. Nada más lejos de la realidad. Los mas veteranos de la profesión recuerdan la influencia de las corporaciones de letrados en los tiempos en que estaba al frente del ICAM y del CGAE Antonio Pedrol Rius que llegó, incluso, a ser senador. Ahora los abogados se quejan de que han perdido toda influencia política y de que los que verdaderamente mandan son los grandes despachos conectados con los poderes económicos, entre otros la banca.
Aun así, a Victoria Ortega, la presidenta del Consejo General de la Abogacía de España, se la tiene cierta consideración sobre todo por la derecha judicial. Parece ser que se la incluyó en la lista que PP y PSOE pactaron para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una renovación que Alberto Núñez Feijóo frustró en protesta por la reforma del Código Penal que llevó a cabo el gobierno progresista.