Los barones del PP están practicando, descaradamente, el doble lenguaje a propósito del estado de alarma. Si hace solo unas semanas exigían la derogación de la medida adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la pandemia, ahora se abrazan a ella y se rasgan las vestiduras porque el decreto excepcional decaerá el próximo 9 de mayo (catorce meses después del estallido de la plaga). Es decir, antes criticaban el estado de alarma como una imposición bolchevique, comunista y bolivariana que restringía la libertad de las personas y ahora la invocan como si fuera el camino, la verdad y la vida. A esta gente no hay quien la entienda.
“El objetivo del Gobierno es que, una vez vencido el plazo, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Nos aproximamos al final de la pesadilla”, ha confirmado Sánchez en su rueda de prensa más optimista, en la que ha llegado a garantizar que 33 millones de españoles estarán vacunados en el mes de agosto. Tras el histórico anuncio, dos barones territoriales –Núñez Feijóo en Galicia y Juanma Moreno Bonilla en Andalucía– más una Emperatriz de Lavapiés (Isabel Díaz Ayuso) se han conjurado para darse sin pudor al “donde dije digo, digo Diego”. El líder andaluz se queja de que a partir del 9 de mayo “vamos a perder un poderoso instrumento en materia de restricción y limitación de movilidad”, una declaración contradictoria con lo que mantenía hace solo unos meses, cuando alegaba que el estado de alarma no podía durar toda la vida porque es algo excepcional y “se está abusando”.
Por su parte, el preboste gallego, Alberto Núñez Feijoo, ha lamentado que la decisión de Sánchez sea “un doble salto mortal porque, primero, no tenemos información de lo que va a ocurrir a partir del diez de mayo y segundo porque no tenemos alternativa jurídicamente sólida para poder gestionar la pandemia”. De esta manera, la gran esperanza del marianismo moderado del PP incurría en otra flagrante contradicción, ya que en octubre de 2020 consideraba que el “mal llamado toque de queda es demoledor para la confianza de la economía y la recuperación de la imagen de España”.
Respecto a IDA, qué podemos decir de ella a estas alturas: que ha dicho que sí y que no en el mismo párrafo; que ha aceptado las medidas sanitarias restrictivas pero manteniendo los bares abiertos hasta las tantas con hordas de turistas franceses mamados por la calle; y que ha quedado como la viva imagen de la incoherencia política en esta pandemia. A IDA ya no se la pueda creer porque ella vive en su mundo de unicornios y hoy dice esto y mañana lo contrario en función de lo que le aconseje MAR según el manual del trumpismo demagógico para días de campaña electoral.
¿Y a todo esto cuál es la posición al respecto del presidente del PP, Pablo Casado? El hombre que se negó a remangarse por el bien de España y que se ha pasado la pandemia tratando de derrocar al Gobierno de coalición en un lamentable ejercicio de quítate tú para ponerme yo –o sea la crispación hirviente y la conspiración constante–, dice ahora que tiene un plan B jurídico. Y pretende que los españoles le crean. Para empezar, su famoso plan B no lo votó ni Ciudadanos cuando lo llevó al Congreso de los Diputados en los peores momentos de la plaga, mientras los españoles morían por miles en los hospitales y residencias de ancianos. Ahora intenta presentarse ante la sociedad española como el gran rescatador de la patria que con su pulcra carpeta debajo del brazo viene a “salvar vidas sin arruinar empleos”. Váyase por donde ha venido, caballero, y métase su plan por donde le quepa.
El siempre joven jefe de la oposición recuerda que “tras 100.000 muertos” por coronavirus en España, Sánchez “sigue rechazando la ley del PP contra pandemias y prefiere gobernar por decreto y derivar su responsabilidad en las autonomías”. ¿Entonces en qué quedamos? ¿Está a favor del estado de alarma o no? ¿Por qué no se pone de acuerdo con sus barones y mantienen todos el mismo discurso afinado y consensuado? La respuesta no puede ser otra que porque ni a Feijóo, ni a Bonilla, ni a Ayuso, ni por descontado a Casado les interesa pactar una política útil y eficaz para España, sino seguir con la misma matraca de siempre: el boicot, el golpismo blando y la cortina de humo para confundir a los españoles y que cunda la rabia y el odio. Ese ha sido desde el principio el único plan del PP para luchar contra la pandemia. Aventar el descontento social y la llama de la discordia prendida por la ultraderecha para que Sánchez caiga por su propio peso. Remover la bilis contra el sanchismo. Emborrachar a los españoles con el consabido mantra de “comunismo o libertad”. La táctica es simple y llanamente volver loco al personal, marear a los ciudadanos, envolverlos en un ambiente onírico de conspiranoia y antisocialismo para que no tengan criterio propio. Y de ahí no han salido en más de doce meses de tragedia pandémica.
Una vez más, ha tenido que ser la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la que ponga una nota de cordura y sensatez en este espectáculo del disparate al recordar que a partir del 10 de mayo “tenemos instrumentos suficientes para afrontar la plaga”. Y así es, una vez que decaiga el estado de alarma será el Consejo Interterritorial formado por todas las autonomías el que dicte las pautas sanitarias comunes a seguir, que serán desarrolladas por los Gobiernos regionales en función de la situación de cada territorio. A este respecto, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha pedido que las normas sean de obligado cumplimiento para todos, de modo que no demos la imagen de “país bastante bananero”. Definitivamente, escuchando a estos barones populares no cabe ninguna duda de que España sigue siendo un país caribeño donde el trágico populismo va triunfando sin remedio.