No paran con sus ataques a la amnistía. La caverna mediática dice, ahora, que hay tres comisarios europeos que han mostrado sus reticencias a la negociación que la izquierda progresista lleva a cabo con los grupos soberanistas catalanes. Identifican sus fuentes: el dirigente del Partido Popular, Esteban González Pons, y la eurodiputada Dolors Montserrat los cuales manifiestan que han hablado con la vicepresidenta de la Comisión Europea para el Estado de Derecho, Vera Jourová, el titular de Justicia, Didier Reynders, y con un tercer alto cargo que no identifican, aunque insinúan que es la propia presidenta, Ursula Von Der Leyen. De esas conversaciones, los genoveses concluyen que les han mostrado cierto malestar por esas negociaciones y la posibilidad de que esa amnistía afecte a dinero desembolsado por la Unión Europea a España que pudo servir para la comisión de los delitos de malversación de caudales. Como viene siendo habitual en esta cruzada que han emprendido Núñez Feijoo y los suyos, la derecha sigue manipulando. Los comisarios han dejado claro que no se van a pronunciar hasta que se conozca el texto acordado. El propio Reynders, en un acto celebrado recientemente en Madrid, dijo que “la amnistía es competencia de España” y que sólo estudiará “el impacto de la ley en lo que se refiere a delitos de malversación que afecten a fondos europeos”.
Lo que ocurre es que las condenas por malversación de caudales, y aquí entran no sólo las del Tribunal Supremo a los líderes del procès, sino también la del ex president Artur Más por la consulta llevada a cabo el 9 de noviembre de 2014, no tienen nada que ver con los fondos transferidos por la Unión Europea al Reino de España.
Efectivamente, para llevar a cabo estas acciones que fueron declaradas ilegales se utilizaron fondos públicos, pero éstos salieron de los presupuestos de la Generalitat, concretamente del capítulo de gastos corrientes. Los fondos estructurales de la UE van a parar a las partidas de inversiones. Con ellos nunca se sufragan los capítulos 1 y 2 de los presupuestos. Ni del Estado ni de las comunidades autónomas. En ese sentido, el desconocimiento no sólo de los líderes de la derecha española sino también de los dirigentes europeos es evidente. Esos capítulos se refieren a los gastos de personal y corrientes y se desglosan por departamentos ministeriales, en el caso de Catalunya a las consellerías.
En la sentencia del procès quedó claro que el dinero destinado a las acciones que fueron declaradas ilícitas por sediciosas, el referéndum del 1-O de 2017 principalmente, se obtuvo de la partida presupuestaria correspondiente la Conselleria de Economía, cuyo titular era Oriol Junqueras condenado por tal motivo. Todavía hoy, los altos cargos de ese departamento están pendientes de juicio acusados de malversación. Es decir, no hubo partida alguna procedente de los fondos europeos desviada para esas acciones soberanistas. Ni para las consultas ni para las acciones de imagen en el extranjero que procedían del departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, que por aquél entonces lideraba Raül Romeva también condenado por el Tribunal Supremo.
Incluso, en el colmo de los despropósitos se relaciona la transferencia de los fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los delitos cometidos 5 años atrás. Es cierto que Reynders ha dicho que están “muy involucrados en la lucha contra la corrupción” y que el desembolso de los fondos actuales depende de que se justifiquen las inversiones realizadas y “se respete el Estado de Derecho”, la famosa condición impuesta por el primer ministro holandés, Mark Rutte, para dar vía libre a esos desembolsos. Pero para nada se habla de acciones pasadas. Y en tal sentido, la izquierda tiene claro que en el procès no hubo corrupción. De hecho, esa figura delictiva se modificó en la última reforma del Código Penal eliminando todas las responsabilidades que no tengan que ver con la utilización de fondos para “lucro personal”. Y en los hechos de 2014 y 2017 el dinero desviado nunca fue a parar a manos de los lideres soberanistas.
Además, hay que esperar a ver como se desarrolla el juicio que se va a llevar a cabo a partir del 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas donde se analizarán los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y los de la promoción exterior del procès independentista. Están considerados responsables 30 ex altos cargos de la Generalitat, entre otros Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Lo que diga esta instancia deberá ser tenido en cuenta por Bruselas, igual que los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que tiene que pronunciarse sobre las demandas presentadas por las condenas del Tribunal Supremo. Los recurrentes consideran que se han vulnerado varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Luego todo lo que ahora puedan cuestionar desde Bruselas sobre la licitud de la amnistía no deja de ser más que simples prejuicios. En la malversación de caudales de las acciones llevadas a cabo en el proceso independentista catalán no se utilizaron fondos procedentes de la Unión Europea. Y los que se están transfiriendo ahora nada tienen que ver con una hipotética corrupción. Nada de eso se está poniendo en cuestión. Sólo la derecha está utilizando tales argumentos para intentar descalificar la amnistía que se negocia. En el fondo subyace una sola cosa: no se resignan a perder el poder y buscan a la desesperada la repetición electoral.