Todo vale en la plaza de la Villa de París con tal de desprestigiar al nuevo ejecutivo. La última manipulación la han protagonizado 18 de los 26 fiscales de la sala de lo Penal que han enviado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una carta en la que le critican por “ignorar deliberadamente” la petición de amparo institucional pedida por sus compañeros del “caso procès” porque en el Congreso de los Diputados "junto con la concesión de la amnistía, unmecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público".
Evidentemente son argumentos manipulados ya que los grupos de la Cámara Baja sólo han pactado poner en marcha dos comisiones de investigación. una referida al “caso Pegasus”, y la otra a la Operación Catalunya, que nada tienen que ver con las actuaciones de los acusadores públicos destinados en el alto tribunal, y colocan a la amnistía fuera de la Constitución. Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, los cuatro fiscales del “caso procès” habían pedido amparo a García Ortiz. Hay que recordar que Madrigal fue fiscala general del Estado con Rajoy y que es de sobra conocida su militancia conservadora.
El fiscal general del Estado había contestado al escrito de estos subordinados señalando que “debe mantener una posición imparcial”, pero que velaría por “la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas”. De nada les ha servido a estos fiscales rebeldes que la emprenden con su superior, igual que ha hecho la conservadora sala de lo Contencioso Administrativo que ha dado un varapalo a García Ortiz revocando el ascenso de la ex fiscala general, Dolores Delgado, como fiscala de sala lo que implica tener que dejar, por el momento, sus funciones como delegada de la memoria histórica.
Los jueces consideran que, a la hora de efectuar este nombramiento, García Ortiz no tuvo en cuenta la resolución del Consejo Fiscal en contra del nombramiento, aunque no es vinculante. La sala cree que con el nombramiento de Delgado se produjo “una desviación de poder”. Una desviación que consiste en "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".
Y si por esta guerra no fuera suficiente, el Supremo se ha hecho cargo de la increíble investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el llamado “caso Tsunami”. El magistrado ha remitido la parte del sumario que afecta a dos posibles aforados: Carles Puigdemont, por su condición de eurodiputado, y Rubén Wagensberg por ser miembro del Parlament, a los que imputa un posible delito de terrorismo. Insiste en que una persona falleció a consecuencia del bloqueo del aeropuerto de El Prat por parte de los integrantes del movimiento cuando tanto el servicio médico de urgencias como los propios Mossos, la policía autonómica que elaboró el atestado sobre los incidentes, consideran que esa persona murió por causas naturales que nada tienen que ver con lo que estaba sucediendo en el recinto. Es más, a pesar de que el juez ha enviado un requerimiento a la familia del fallecido por si quieren personarse en la causa, los familiares, hasta el momento, ni han contestado y, según se ha dicho, no piensan llevar a cabo ninguna acción legal.
Pero es que el sumario que elabora Manuel García Castellón, increíblemente reabierto cuando ha estado olvidado durante cuatro años, cada vez consta de más lagunas procesales. El presidente de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, su inmediato superior, le ha abierto un expediente por no haber admitido una recusación en su contra presentada por una de las defensas y no haberla elevado para su resolución por parte de la instancia correspondiente. Y, así las cosas, la maniobra del juez de quitarse de en medio a dos de los encausados no le libra de tener que afrontar la posible amnistía de los investigados ya que una de las causas que figuran en la ley que va a debatir el Congreso es la de las protestas llevadas a cabo por el movimiento Tsunami del que García Castellón cree que Puigdemont es su principal instigador.
En el Supremo se frotan las manos con la iniciativa del instructor de la Audiencia Nacional. Tienen otro motivo más para seguir exigiendo la extradición del huido de la justicia. Y los jueces creen que el tiempo juega a su favor porque saben que la ley de amnistía quedará paralizada, al menos durante dos meses, en el Senado donde el PP ya se ha comprometido a ello, y los conservadores tienen mayoría suficiente para hacerlo.
Además, en el Supremo creen que el Tribunal Europeo de Justicia, el TJUE, fallará a favor de retirar a Puigdemont su inmunidad antes de que la amnistía salga adelante. Las cuentas que hacen los jueces es que, con el retraso de la tramitación parlamentaria y los plazos para que el Constitucional decida si el texto aprobado por el Parlamento entra dentro de la Carta Magna, hay tiempo suficiente para traer al España al dirigente catalán y acusarlo formalmente ya no sólo de desobediencia y malversación sino también de terrorismo.
Sería la victoria moral de los magistrados Llarena, instructor, y Marchena, presidente del tribunal. Una victoria pírrica porque, de ser así, de poco les valdría. El expresident estaría muy pronto en la calle. Eso no les importa porque saben que solo es una batalla dentro de la guerra que piensan llevar a cabo porque están convencidos de que lo que ellos llaman lawfare, que interpretan como la guerra del independentismo catalán contra ellos, ha comenzado y creen que el objetivo final es acusarlos de prevaricación. Has estallado su guerra. Veremos como la resuelve el apagafuegos de Félix Bolaños.