La derecha mediática lo ha vuelto a hacer. Ha manipulado la información en la que algunos conocidos fiscales anuncian que se han dado de baja de la Unión Progresista de Fiscales. Sólo una lo ha hecho públicamente para protestar por la designación de Dolores Delgado como fiscala para la Memoria Democrática. Y ha tenido que ser, precisamente, la fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, la única que ha publicado un escrito donde explica sus razones que resume en “el lamentable espectáculo que nos ha brindado el Consejo Fiscal”. Se refiere a la reunión del organismo consultivo en el que el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, propuso este nombramiento, que contó con la radical oposición de las dos asociaciones conservadoras, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Cabe recordar que el jefe del Ministerio Público no está atado a la voluntad del Consejo Fiscal porque en materia de nombramientos discrecionales actúa como órgano consultivo.
La baja de Almudena Lastra tiene una lógica explicación. Ha sido desautorizada en varias ocasiones por su superior, Álvaro Ortiz, que, de no haber mediado la celebración de elecciones generales, ya habría procedido a cesarla. La fiscala superior de Madrid ha tenido actuaciones polémicas.
“Ustedes confunden y mezclan la responsabilidad política y la penal”. De esta manera contestó a los representantes de los familiares de los 7.291 ancianos que murieron durante la pandemia en las residencias de la tercera edad. La falta de sensibilidad social y de respeto por parte de la máxima representante del Ministerio Público no tuvo límites ni siquiera al responder cínicamente con unos datos del todo rechazables: de las 20 diligencias abiertas por la Fiscalía en torno a las denuncias presentadas por esos hechos, sólo en 2 se han encontrado presuntas responsabilidades penales. Las restantes, incluidas otras 16 presentadas, han sido archivadas. Lastra manifestó, entonces, que “en la Comunidad de Madrid no pasó nada que no pasara en otra comunidad” y, sobre los llamados protocolos de la vergüenza, las órdenes de la Consejería de Salud para que no se derivasen a los hospitales a los ancianos “más vulnerables”, señaló que “simplemente eran unas recomendaciones, nunca unas prohibiciones”.
Y no es la única acción de Lastra que ha sido rechazada por la opinión pública. Los insultos racistas al futbolista del Real Madrid, Vinicius, el 18 de septiembre de 2022 en los alrededores del Civitas Metropolitano cuando se iba a disputar un encuentro con el Atlético de Madrid, fueron proferidos “en un contexto de máxima rivalidad”, que “sólo duraron unos segundos” y que “no se pudieron identificar a sus autores”. En otras palabras, que no había delito de odio alguno qué investigar por lo que archivaba las denuncias presentadas. Uno de los denunciantes, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, calificó de “barbaridad” la resolución de Almudena Lastra.
Y la última ha sido no presentarse en los interrogatorios que lleva a cabo el juez contra tres altos cargos del Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma por la pandemia. El Ministerio Público pide el archivo por considerar que no hubo delito en esta causa en la que se investigan si hubo irregularidades en la adjudicación de los contratos COVID. Se ha repetido hasta la saciedad que, por muy en desacuerdo que esté la fiscalía con las diligencias abiertas por un juez, su obligación es estar presente en ellas. Y en esta ocasión se ha ausentado lo que podría significar, si así se acuerda, una seria amonestación al subordinado de Lastra encargado de la causa.
Almudena Lastra confiesa que “hace ya tiempo”, se ha ido sintiendo “más ajena” a “la deriva que ha ido tomado la UPF, cada vez más centrada en la lucha funcionarial que siempre caracterizó a las otras asociaciones fiscales y en la búsqueda del progreso personal de algunos, despreocupada por el diseño de una verdadera carrera profesional con una importante misión constitucional que cumplir”. Es decir que la fiscala superior de Madrid ya tenía tomada la decisión de darse de baja de la asociación. Lo que no es de recibo es que haya utilizado la decisión de Álvaro Ortiz de nombrar a Dolores Delgado, un acto politizado, para que su gesto haya sido utilizado por la derecha judicial en su estrategia de desautorizar todo aquello que suponga desgaste para el gobierno progresista. Y siempre teniendo en cuenta que Lastra se encontraba, desde hace tiempo, en el disparadero por su controvertido trabajo al frente de la Fiscalía de Madrid.
En cuanto a los otros fiscales que dicen haberse dado de baja de la Unión Progresista de Fiscales, son el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, quien optaba a ocupar el puesto que ha obtenido Dolores Delgado. No ha querido hacer declaraciones. Simplemente ha comunicado su baja de la UPF. Lo mismo ha ocurrido con dos históricos de la carrera fiscal. Javier Zaragoza fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional y ahora es fiscal de sala del Tribunal Supremo. Como fiscal jefe antidroga colaboró estrechamente con Baltasar Garzón, cuando era juez de la Audiencia Nacional en operaciones como Nécora. Por tal motivo a ambos le une una fuerte amistad según señalan en fuentes jurídicas. Por eso se hace extraño que se haya ido de la UPF por el nombramiento de Dolores Delgado cuando la excusa de los opositores al mismo es que hay conflicto de intereses porque Delgado mantiene una relación sentimental con Garzón que es el presidente de una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática.
Y, por último, está el caso de Carlos Castresana. Al parecer el veterano fiscal que ahora está destinado en el Tribunal de Cuentas también optaba al puesto que ha sido para Delgado. No obstante, es rarísimo que este haya sido el motivo por el que se ha dado de baja de la UPF. Castresana es candidato a fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, y fue comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala, además de impulsor de los procesos judiciales contra los dictadores Videla y Pinochet siendo, además, colaborador de varios medios de comunicación de ideología progresista. Parece un tanto contradictorio que su baja se haya producido como protesta por un cargo que le viene pequeño a un prestigioso fiscal como es él que, además, aspira a cometidos mucho más importantes.
Salvo el caso de Almudena Lastra, las otras tres deserciones de la Unión Progresista de fiscales no parece que obedezcan al nombramiento de Dolores Delgado. Lo que sí está claro es que sus decisiones no han sido tomadas en el momento mas oportuno si es que quieren seguir defendiendo una carrera fiscal independiente y progresista porque la derecha mediática, por encargo de la derecha judicial, los ha utilizado de una manera cuyas consecuencias es muy probable que ellos no hayan medido.