Parece ser que Alberto Núñez Feijóo no tiene la idea, si es que algún día llega a la Moncloa, de dejar en manos de los jueces su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Existe un colectivo que quiere hacerse con el poder: se trata de los grandes despachos de abogados que han preparado su propia estrategia que cuenta, además, con el visto bueno del presidente del Partido Popular.
De momento el precario, inconstitucional y caduco CGPJ ya está controlado por abogados. Vicente Guilarte ha formado un “núcleo duro” del que forman parte el vocal José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas desde 2005, y Enrique Lucas, director de la oficina del bufete Gómez Acebo&Pombo en Bilbao. Ambos vocales son abogados en ejercicio, pero su cometido es compatible con su presencia en el Consejo ya que no forman parte de la comisión permanente y, por lo tanto, no tienen dedicación exclusiva… pero sí mucho poder.
La actual composición del Consejo General del Poder Judicial tiene dos tipos de extracción: los jueces y magistrados, y los profesionales del mundo judicial y académico “de reconocido prestigio”. Estos últimos, conocidos como “juristas” no se han destacado por su influencia en el seno de un consejo donde el que hizo y deshizo durante la casi totalidad de esta etapa fue Carlos Lesmes. Sobre todo, en las decisiones de mayor relevancia, aquellas en las que se nombran a los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de las audiencias territoriales y de los tribunales superiores de justicia. Lesmes hizo y deshizo durante el tiempo en que fue el todopoderoso presidente del CGPJ y del Supremo.
Pero en un gesto que todavía no ha quedado bien aclarado, Carlos Lesmes dimitió para protestar por el bloqueo a que había sido sometido el Consejo por parte de los políticos. La realidad es que ya no podía mangonear en “lo suyo”, los nombramientos a afines a la derecha del que el había formado parte visible como director general de Justicia de uno de los gobiernos de José María Aznar. Su sustituto, el progresista Rafael Mozo, sabía perfectamente que iba a durar poco en el cargo. Su jubilación estaba ahí y, además, Mozo siempre tuvo la esperanza de que gobierno y PP acabarían por ponerse de acuerdo para renovar la institución. Demasiado optimista el juez Mozo. Se jubiló antes de que se recuperase la normalidad.
Y ahí es precisamente cuando entra en escena el grupo que conforman los grandes despachos de abogados de este país. Los más activos analizaron la situación. Las elecciones generales se iban a convocar con carácter inmediato después de la sonora derrota del PSOE en las locales y autonómicas. Que Alberto Núñez Feijóo acabaría por ser presidente del gobierno sólo era cuestión de meses. Y el presidente del PP ya tenia diseñado un plan para acabar con el bloqueo judicial. Feijóo es consciente de que todavía tardará un tiempo en ponerse en marcha la renovación del CGPJ que propone. Y si no sale elegido, lo mismo le va a pasar a Pedro Sánchez. El órgano, que en diciembre hará cinco años que está caducado, va a seguir teniendo la actual composición durante algunos años más. 17 vocales de los 22 iniciales, la mayoría conservadores. Tocaba dar un nuevo impulso.
Daban por descontado que el PP se haría con el poder y que una de las primeras medidas seria derogar el decreto de marzo de 2021 que limita las competencias del CGPJ. En ese mismo momento, el órgano de gobierno de los jueces caducado volvería estar en disposición de efectuar los nombramientos “urgentes” en el Supremo cuyos magistrados piden a gritos que se les dote de nuevos efectivos por lo que no pondrían reparo alguno a las designaciones que llegasen procedentes de la sede de Marqués de la Ensenada, a pesar de que fuentes consultadas por Diario 16 advierten de que “algunos candidatos que están en la lista dan miedo”. De hecho, ya ha trascendido el aviso a navegantes de que “un juez que se le ocurra fallar a favor de los consumidores y en contra de los bancos puede despedirse de llegar al Tribunal Supremo”.
A los que han diseñado este plan les ha fallado una sola cosa. Las dificultades de Núñez Feijóo para ser investido presidente del gobierno. Aún así, han decidido seguir adelante con su plan por si, al final, se produce un bloqueo electoral, el PSOE y Sumar no logran investir a Sánchez y se convocan elecciones, una hipótesis en la que no dudan, esta vez sí ganarán.
Y por eso han decidido seguir adelante con su plan. Vicente Guilarte, el nuevo presidente sustituto ha tenido que dejar todas sus actividades privadas, tanto de tipo jurídico como académico, aunque sigue manteniendo relación con la asesoría jurídica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, según ha podido saber Diario 16, y, a través de este organismo se coordina con los grandes despachos de abogados. Para ello cuenta con los dos vocales citados a los cuales no ha hecho mucha falta convencerles. José María Macias es conservador y Enrique Lucas, aunque encasillado en el sector progresista del Consejo, “va por libre”. Fue designado a propuesta del PNV por lo que se considera que no está sujeto a disciplina alguna. De hecho, en algunas decisiones que en su día tuvo que tomar el CGPJ, se alineó con las posturas de los conservadores. Así pues, no es de extrañar que ahora se dedique a preparar el camino a los grandes despachos, en uno de los cuales trabaja, para que influyan notablemente en la designación de los nuevos jueces cuando se derogue el decreto ley que limita las competencias del CGPJ.
No nos olvidemos de un importante detalle. Están en juego 17 plazas: las de los presidentes de los tribunales superiores de justicia, y la cobertura de las 22 vacantes del Tribunal Supremo, con salas muy golosas para los intereses de la influyente abogacía del país como es la de Lo Contencioso Administrativo donde se tramitan los expedientes que llegan de los juzgados mercantiles. Controlar a los miembros de esta sala daría a los bufetes de abogados, entre cuyos clientes están los grandes bancos, un enorme poder.