El Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidirá en las próximas semanas, dos o tres a lo sumo, si rebaja la pena de cárcel impuesta a Ángel Boza, uno de los cinco miembros de la manada condenados por violar a una chica de 18 años en las fiestas de San Fermín en julio de 2016. Su abogado solicitó esta rebaja hace cuatro meses acogiéndose a la ley de sólo si es si, pero la instancia ha preferido esperar a conocer la opinión del Supremo. Si el TSJN opta por rebajar la pena de 15 años impuesta al condenado, se abriría la vía para que sus cuatro compañeros pudiesen optar, también, a la reducción.
El abogado de Ángel Boza se basa en que en la sentencia dictada en 2021 los jueces incluyeron el fundamento de que esa pena “se encuentra muy próxima al mínimo legal”. Agustín Martínez, que así se llama el letrado, cree que, con la nueva ley en la mano, la horquilla de penas mínimas se “ensancha” por debajo de manera que el mínimo legal ya no son 14 años sino 13. Aplicando el criterio proporcional, Ángel Boza pide una rebaja de un año y tres meses.
El fiscal se opone argumentando que, si con la nueva ley es posible mantener la condena de 15 años, no cabe la posibilidad de rebajarla. El ministerio público se basa en el criterio expresado durante el recurso presentado por el condenado en la Audiencia Provincial en el que el tribunal falló señalando que “la pena de 15 años de prisión en su momento impuesta a Ángel Boza resulta igualmente susceptible de imposición con arreglo a la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual”
Pero desde esa sentencia hasta ahora, las cosas han cambiado con el fallo del Tribunal Supremo. La fiscalía general del Estado ha elaborado una circular que debería servir a todos los acusadores públicos en el caso de delitos contra la libertad sexual en la que afirma que no cabe reducir las penas de condenados cuando el castigo impuesto estaba incluido en la horquilla penológicade la ley del ‘solo sí es sí’. El Supremo rechaza los argumentos de los fiscales y dice, además, que no se puede aplicar la disposición transitoria del Código Penal de 1995 en la que se basa el criterio del ministerio público. Hay que adaptar las sentencias a la normativa más favorable y, en los casos analizados por el Supremo, la ley orgánica conocida popularmente como solo sí es si es la que más favorece al condenado.
Ahora habrá que esperar a conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Pero, aunque el Supremo dice que las sentencias deben ser examinadas una a una, todo parece indicar que aquí no va a haber contradicción y que el TSJN se guiará por la doctrina establecida por sus superiores.
De esta manera, si se rebaja la pena a Ángel Boza, se abrirá la puerta para que el resto de los condenados puedan optar al mismo beneficio. Y hay que recordar que la sentencia a la manada de Pamplona es emblemática. La alarma social que generó esta violación en grupo, y sus posteriores consecuencias penales, entre ellas el voto particular de uno de los jueces, convirtió este asunto en caballo de batalla del feminismo.
Se espera que la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra se haga pública unos días antes de las elecciones generales. Si, como todo parece indicar, se produce la rebaja, ésta servirá de munición a la derecha para cargar, de nuevo, contra el gobierno progresista y más concretamente contra su ministra de Igualdad, Irene Montero. Como siempre, los argumentos que se utilizarán para llevar a cabo este ataque son torticeros. Es cierto, y las cifras son incontestables, que la ley del sólo si es si ha sido utilizada como argumento para rebajar penas e, incluso, excarcelar a violadores y pederastas. Aún así, la norma es impecable, aunque haya tenido estos efectos que se podrían calificar de perniciosos. Sus ventajas se comprobarán a medio plazo si es que la derecha extrema y la extrema derecha, si llegan al poder, no se la cargan. Porque lo que está claro es que, con la norma en la mano, casos como el del futbolista Dani Alves, no tienen defensa alguna. La centralidad del consentimiento se mantiene por mucho que Irene Montero se empeñe en decir lo contrario. El consentimiento es la pieza clave en la que se están basando los defensores de Alves para declarar su inocencia. Los jueces, tanto la de primera instancia como los de la provincial de Barcelona, están reprochando esta línea de defensa con la nueva ley en la mano.
Es cierto que Ángel Boza y sus cuatro compañeros pueden tener la fortuna de ver rebajadas las penas por el abominable delito que cometieron en las fiestas de San Fermín de 2016. Pero ello no les va a librar de seguir en la cárcel, como a muchos otros a los que se les ha rebajado la pena. Y mientras tanto, paralelamente, los jueces empiezan a aplicar la nueva ley de manera contundente. Es agresión sexual todo aquello a lo que se opone, de manera activa o pasiva, la víctima. Las ventajas son más evidentes por muchos inconvenientes que la derecha política nos quiera hacer ver.