Los informes en poder del CGPJ son alarmantes. Las causas judiciales menores, las que se refieren a primeras instancias, civiles, y sociales, están tardando en resolverse una media que va desde el año y medio a los dos años. En las antiguas magistraturas de trabajo las resoluciones llegan a los seis meses a un año en lo que se refiere a despidos, y año y medio en reclamaciones de cantidades cuando son asuntos que requieren la máxima urgencia porque afectan a colectivos vulnerables económicamente, que reclaman el reconocimiento de un despido para poder cobrar la prestación por desempleo, una indemnización o el reconocimiento de una pensión. Temas que no pueden esperar, que no pueden demorarse y que tardan años en resolverse.
Hay actuaciones judiciales que se demoran tanto que, incluso, los demandantes han fallecido y tienen que ser los herederos los que asumen los procesos con todas las consecuencias que ello supone. La situación ha llegado a ser tan alarmante, sobre todo en el ámbito civil, que el Tribunal Supremo ha tenido que tomar cartas en el asunto y ha sentenciado que “una cosa juzgada en un litigio de hace más de 30 años todavía está vigente”. De esa manera responde a un recurso sobre una paternidad del hijo de un supuesto padre genético que se niega a reconocer.
El abogado sevillano Fernando Osuna quien logró, hace ya unos años, el reconocimiento del torero Manuel Díaz como hijo de Manuel Benítez, “El Cordobés” denuncia la alarmante situación de muchos procedimientos que lleva ante la “descomunal lentitud de la Justicia”
“En muchos de los asuntos que se están tramitando, las dilaciones son muy alarmantes. Estamos hablando de asuntos civiles, penales y administrativos, principalmente”, manifestó el letrado. Y no es para menos. Hay juzgados que tardan entre nueve meses y un año y medio en pronunciarse. Un juzgado de primera instancia está demorando una comunicación como es la solicitud de admisión de prueba en torno a un mes y medio. No digamos, ya, la admisión de dicha solicitud a trámite.
Concretamente, esta publicación tiene conocimiento de que un juicio civil por “derecho al honor” interpuesto por una asociación de consumidores en 2003 ha tardado en cerrarse nueve años entre recursos y costas judiciales. La Asociación Adicae presentó una demanda civil en 2003 contra su “rival” Ausbanc, que prosperó en primera instancia. Posteriormente, la sentencia del juzgado fue revocada por la Audiencia de Madrid. Se recurrió al Tribunal Supremo que, dando la razón al demandado, acabó por condenar en costas al demandante. Las costas judiciales se han ejecutado en 2022.
“Es algo normal, sobre todo en los procedimientos civiles”, señala una fuente a Diario 16. Salvo los procedimientos penales, donde existe cierta premura, los civiles, laborales y contenciosos administrativos tienen tiempos de espera de uno a dos años cuando llegan al Supremo. Una reclamación de cantidades a un juzgado de lo social tarda en resolverse entre tres y seis meses cuando hace unos años solo se demoraba quince días.
Y eso que no se menciona a la Audiencia Nacional donde se instruyen sumarios por delitos económicos o de terrorismo y narcotráfico. En esa instancia judicial, la instrucción suele durar, por lo menos, de dos a tres años a pesar de que la Ley señala que, a los seis meses, el instructor debe solicitar una prórroga. Esto ya ha sucedido en casos como los de las operaciones Púnica y Lezo, de corrupción en el seno de la Comunidad Autónoma de Madrid, o Gürtel, cuyas piezas separadas establecidas por el Juez están dilatando la resolución de un asunto en el que tiene mucho que ver el PP.
Y eso choca con la diligencia con que se han resuelto piezas como la de los Eres de Andalucía donde la dilación de la resolución del sumario ha sido mucho menor que las de casos de corrupción en la Audiencia Nacional.
La Justicia se encuentra estancada. Y eso que muchos de los casos todavía no han llegado al Tribunal Supremo donde la imposibilidad de nombrar magistrados tiene paralizados los recursos. Las huelgas de los letrados de la administración de justicia, LAJ, y de los funcionarios han agudizado el problema. Todos los colectivos implicados intentan buscar soluciones a los casi 400.000 aplazamientos de trámites producto de estas protestas. Incluso se llegó a pensar en habilitar el mes de agosto para acelerar las causas mas urgentes. Las protestas de unos colectivos acostumbrados a ciertos privilegios como las llamadas “vacaciones judiciales” neutralizaron la iniciativa. Ahora deberá ser el nuevo gobierno surgido de las urnas el próximo 23 de julio el que intente resolver este descomunal atasco de acuerdo con aquellas comunidades autónomas con competencias en materia judicial.
De la crisis institucional en la Justicia no se puede responsabilizar al gobierno de Pedro Sánchez. En primer lugar, no es posible desbloquear la situación del Supremo porque es el Consejo General del Poder Judicial quien tiene que designar a sus miembros. Y mientras este organismo esté en funciones lo tiene prohibido por Ley. Y luego, hay gobiernos autonómicos, entre ellos el de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, donde la situación es tan precaria como la de la sanidad, y apenas se hacen comentarios sobre esta situación.
Y es que es muy fácil rebajar impuestos y recortar en los servicios públicos. A los problemas de la sanidad y la educación, hay que añadir los de la administración de Justicia.
Y de ello no es responsable el gobierno central si no los autonómicos a los que se les llena la boca con las famosas rebajas de sus impuestos, pero luego no tienen dinero para dotar de recursos servicios esenciales como es el de la Justicia.