La extrema derecha de Brasil demostró el nulo respeto que tienen hacia el sistema democrático y el sentido patrimonialista que tienen del poder. Copiando de manera chapucera la chapuza que supuso el asalto al Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero de 2021, los fanáticos partidarios del trumpista Jair Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de Brasil.
A pesar de que las fuerzas de seguridad frenaron el intento de golpe de Estado, los insurrectos de Brasil sacudieron los cimientos de la quinta democracia más grande del mundo. Apenas una semana después de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, estos ataques dejan escalofriantemente claro los enormes obstáculos que tendrá que superar para lograr la agenda a favor de la democracia y de los trabajadores por la que ha luchado durante casi medio siglo.
Lula, extrabajador metalúrgico, ascendió en las filas del movimiento laboral y ayudó a lanzar el Partido de los Trabajadores en 1980 como una fuerza de oposición contra la dictadura militar del país. Durante sus dos primeros mandatos como presidente de Brasil (2003-2010), tuvo un enorme éxito en la reducción de las brechas económicas que se habían ampliado bajo el régimen militar. Tras ganar las últimas elecciones, que supone su tercer mandato, Lula pretende una vez más dar prioridad a los pobres y la clase trabajadora.
El presidente brasileño no quiso esperar y, apenas unas horas después de su toma de posesión, firmó una medida provisional que amplía el programa emblemático contra la pobreza que presentó en su período anterior en el cargo. Entre 2003 y 2011, la Bolsa Família distribuyó subsidios mensuales que sacaron a 25 millones de personas de la pobreza. Este programa, combinado con un aumento del salario mínimo, amplió la inversión pública en salud y educación y otras reformas progresistas, redujo la desigualdad de ingresos del país por primera vez en cuatro décadas.
Hace poco más de un año, Bolsonaro reemplazó la Bolsa Família con un programa mucho menos efectivo, llamado Auxílio Brasil, que era puramente un caballo de Troya destinado a reducir el gasto social al eliminar el acceso a otros programas de bienestar. Gracias a la acción inmediata de Lula, el gobierno entregará 600 reales brasileños al mes (112 dólares estadounidenses) a 21 millones de familias.
En otra acción inmediata, Lula revirtió los planes de Bolsonaro de vender ocho organismos y empresas estatales, incluida la petrolera Petrobras y el servicio postal público. Al impedir los planes de privatización de su predecesor, Lula garantizará que estas entidades sirvan al bien público en lugar de llenar los bolsillos de los ejecutivos corporativos.
En una entrevista concedida a Diario16 en 2019, Dilma Rousseff ya denunció que Bolsonaro estaba «pensando en privatizar Petrobras, la séptima compañía petrolera del mundo. Ellos dicen que estaba quebrada, pero no es cierto porque Petrobras nunca tuvo un flujo de caja menor a 3.000 millones de dólares. Petrobras, como cualquier otra empresa, tiene sus deudas. Ninguna empresa crece sin deudas. Una cosa es la deuda de una compañía automovilística que la de una petrolera porque no hay banco en el mundo que no quiera a un deudor como es una compañía petrolera porque se garantizan el pago de esa deuda. También quieren privatizar el Banco de Brasil. Están realizando un acuerdo con UBS para una gestión común de activos. Esto es muy sospechoso».
Por otro lado, Lula aún no ha presentado propuestas legislativas al Congreso.Sin embargo, el Partido de los Trabajadores publicó el verano pasado un manifiesto de 90 puntos que da una idea de sus otras prioridades fundamentales. Como prioridad está el compromiso de revocar un límite de gasto federal para permitir mayores inversiones en la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la infraestructura. Lula también prometió fortalecer los sindicatos y derogar una reforma laboral de 2017 que exacerbó el crecimiento del trabajo precario y no logró impulsar la creación de empleo.
Lula también nombró un secretario especial para la reforma fiscal para el desarrollo de una propuesta de un código tributario más eficiente y equitativo. El sistema actual de Brasil es notoriamente complejo y regresivo, ya que, al igual que ocurre en España, impone una carga fiscal más pesada a la clase media que a los ricos.
Lo normal es que Brasil siga el movimiento de Colombia y adopte un impuesto a la riqueza como pilar central de un código tributario más equitativo. Diferentes estudios estiman que se lograrían recaudar 26.800 millones de dólares sólo en 2023.
Antes del intento de golpe de Estado del 8 de enero, los titulares sobre los desafíos de Lula se centraban en el nerviosismo de los mercados financieros y en las desgastadas críticas conservadoras relacionadas contra sus planes de gasto público. El consejo editorial del Financial Times, por ejemplo, lo instó a buscar un Estado «mejor, no más grande» si quiere una economía fuerte y estable. Argumentos similares de «responsabilidad fiscal» lanzados contra Lula en sus mandatos anteriores demostraron ser espectacularmente erróneos. Pero tales argumentos generalmente están menos impulsados por un análisis económico sólido que por los intereses de los ricos y poderosos.
Lula, a sus 77 años, es un hombre que vivió la dictadura militar de Brasil de 1964 a 1985 e incluso fue encarcelado en la década de 1970 por liderar huelgas laborales. Por eso, Lula sabe mejor que nadie cómo luchar por los objetivos interconectados de la democracia y la justicia económica.
«Únanse a nosotros en un gran esfuerzo colectivo contra la desigualdad», dijo Lula al pueblo brasileño el día de su toma de posesión, antes de pedir a todos que ayudaran a que «la esperanza de hoy fermente en el pan que hay que compartir entre todos, y que estemos siempre listos para reaccionar en paz y orden ante cualquier ataque de extremistas que quieran sabotear y destruir nuestra democracia». Poco sabía Lula cuán pronto vendrían esos ataques…, y, por desgracia, lo que le queda.