A principios del verano pasado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, alcanzó un pacto con el dirigente del Partido Popular, Esteban González Pons, para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces que llevaba más de cinco años con miembros ejerciendo en funciones. La situación en la judicatura era tan dramática y las presiones de Bruselas tan fuertes, que la necesidad de un acuerdo hizo posible un compromiso que, tal y como ya se avisó en Diario 16, no ha servido para nada. El CGPJ sigue siendo ineficaz porque los dos negociadores pusieron encima de la mesa la mitad de los vocales para cada uno de los bloques, el progresista y el conservador. Y, ahora, cuando se ha tenido que debatir el asunto de gran calado que enfrenta a la judicatura de este país, se ha comprobado que la bipolarización hace imposible el consenso. Es cierto que otras materias las han sacado adelante. Pero este consejo tenía como objetivo la reforma de la ley orgánica del poder judicial en lo que se refiere a la elección de sus miembros cuando dentro de cuatro años y medio haya que proceder a su renovación. Y no ha sido posible alcanzar un compromiso en el tiempo previsto. Ha habido que enviar al Congreso dos informes diametralmente opuestos.
El 6 de febrero concluyó el plazo y las posturas no han variado. El bloque conservador, diez vocales, quiere que, en la próxima renovación allá por el 2029, los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los jueces. El bloque progresista insiste en mantener el actual sistema. El pleno del CGPJ consta de 20 miembros, ocho de ellos son elegidos de una lista de “cualificados juristas”, abogados, catedráticos y similares. Los doce restantes se obtienen de la relación de candidatos propuestos por las asociaciones judiciales que, una vez filtrada, será la que se vote en el Congreso y el Senado.
Salvo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, el resto de asociaciones, sobre todo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, quieren cambiar el sistema. Algo parecido a lo que ahora se hace en el Consejo Fiscal. Una parte de los miembros de este órgano consultivo la eligen directamente los miembros de la carrera en unas elecciones donde se presentan las asociaciones más representativas. Ese mismo sistema se quiere aplicar al órgano de gobierno de los jueces. El inconveniente es que las otras agrupaciones conservadoras, la Francisco de Vitoria y la Asociación Judicial Independiente, no se fían porque si se elige un sistema electoral mayoritario en el que no se tiene en cuenta a las minorías, el consejo acabaría por ser monopolizado por APM, a pesar de que casi el 50% de los jueces de este país no están afiliados.
Todos estos aspectos fueron objeto de los debates de la negociación que llevaron a cabo Bolaños y González Pons bajo la mediación del entonces comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Las posturas eran tan distantes que se optó por una solución salomónica: que fuesen los nuevos vocales los que decidiesen el modelo de elección. Sólo que había otro problema. Las vocalías se repartieron a partes iguales. Una mala negociación para salir al paso de un problema que empezaba a impacientar a Bruselas y sobre todo a una sociedad, la de este país, que no se explica cómo no es posible encontrar una solución para una crisis institucional tan grave como la existente en el poder judicial.
Un mal acuerdo, una solución de compromiso, que convierte el CGPJ en un organismo inoperante por mucha buena voluntad de que le eche su presidenta, Isabel Perelló, que ya tuvo problemas a la hora de ser designada. Su fama para alcanzar acuerdos está en entredicho. Es verdad que se ha conseguido desbloquear los nombramientos de magistrados de los tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, pero los más importantes todavía no han sido resueltos. La Audiencia Nacional sigue sin tener presidente gracias al empecinamiento del Partido Popular por designar a Enrique López, exconsejero de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid y condenado por un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio. Pero peor es el asunto de los dos presidentes de las salas de Lo Penal y Lo Contencioso Administrativo del Supremo. Su nombramiento se encuentra prácticamente bloqueado. Los progresistas exigen que sean Ana Ferrer, y Pilar Teso las que ocupen esas plazas alegando que así lo exige la ley. La representatividad en los organismos públicos debe adecuarse a la mayoría de género y, ahora mismo, el 53 por ciento de los jueces y juezas de este país son mujeres.
Los conservadores tienen sus propios candidatos que, además, califican de “progresistas”. El presidente de la importantísima sala de Lo Penal, la que enjuicia los casos de corrupción y a los aforados, es Andrés Martínez Arrieta, un juez dialogante que se encargó, en su día, de las relaciones con los medios de comunicación. Su problema es que siempre ha estado a la sombra de Manuel Marchena, el cual tuvo que abandonar el cargo por limitación de mandatos, pero que, según se señalan en fuentes del TS, sigue maniobrando “en la sombra”. Y las tendencias políticas de Marchena están muy claras. Hasta el punto de que estuvo muy cerca de ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial de no haber sido por la metedura de pata del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Coisidó, que filtró su nombre a los miembros de la cámara alta.
Todavía más controvertida es la designación de Pilar Teso. Su oponente es Pablo Lucas quien tiene fama, según los conservadores, de ser progresista pero que en su debe está el haber sido el ponente de sentencias tan controvertidas como la que rechazó el nombramiento el Dolores Delgado como fiscala de sala de Memoria Democrática, o la revocación de Magdalena Álvarez como presidenta del Consejo de Estado “por no ser jurista de reconocido prestigio”.
En la balanza del trabajo de este renovado CGPJ pueden más los desacuerdos que los acuerdos. Y todo gracias a una polarización que nunca se debió permitir. Ni por parte de los negociadores ni del mediador Reynders. Ahora, a ver cómo Bruselas pide explicaciones cuando uno de sus comisarios permitió esta componenda que lo único que ha servido es para generar un bloqueo que en nada tiene que envidiar al que tuvo paralizado el órgano de gobierno de los jueces durante cinco años.