Ha trascendido a los medios de comunicación el “examen” que los vocales de la comisión de calificación del Consejo General del Poder Judicial efectuaron al aspirante a una plaza de la sala de Lo Social del Tribunal Supremo. Durante su intervención, ese aspirante, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Florentino Eguaras, no tuvo reparo alguno a la hora de criticar al organismo. Denunció “el intercambio de cromos” para asignar los nombramientos discrecionales. Pero lo más relevante de todo lo que dice se resume en una frase: “ustedes y yo miramos diferente. Yo miro al presente y al futuro, y ustedes miran al pasado”. De esta manera el juez reitera lo que en la judicatura es de dominio público. La manera de trabajar del consejo no ha cambiado respecto a los mandatos anteriores. Los progresistas y conservadores siguen acordando según las consignas políticas que reciben. La segunda asociación judicial en número de afiliados, la Francisco de Vitoria, lo señaló tras el acuerdo del pleno del mes de febrero: de los 23 nombramientos, 12 recayeron en miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, de tendencia conservadora y cada vez más próxima al PP, 6 para la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, 4 no están afiliados, y 1 para el Foro Judicial Independiente. En la época en la que presidió el órgano de gobierno de los jueces el conservador, Carlos Lesmes, esas designaciones se hacían de forma diferente. Era el propio Lesmes, después de anunciarlo en una comisión permanente sometida, el que cubría las vacantes utilizando su parecer. Ahora, la cosa ha cambiado poco. Se lo reparten entre unos y otros sin tener en cuenta criterios objetivos y méritos.
La forma de actuar del Consejo General del Poder Judicial ha variado muy poco. Sus resoluciones obedecen a la correlación de fuerzas pactada en su día por Bolaños y González Pons. Un acuerdo de reparto de poder que se traslada, ahora, a las decisiones que adopta el órgano de gobierno de los jueces. Y en dónde más se está notando es en la designación de los magistrados que deben cubrir las vacantes en las instancias superiores, desde las audiencias territoriales hasta el Supremo pasando por los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional. Se designan sin tener en cuenta las opiniones de los expertos y sólo en contadas ocasiones, como está sucediendo en las salas segunda y tercera del TS las de Lo Penal y Lo Contencioso Administrativo, no llegan a un acuerdo porque insisten en mantener a sus candidatos. Para el resto de plazas a cubrir no hay problema, el acuerdo es relativamente fácil. El candidato de una u otra tendencia acaba por aceptarse. Es lo que se llama “reparto de cromos”.
Cuando surgen desavenencias, los veinte vocales suelen aparcarlas como sucedió con la fórmula para la renovación del CGPJ que debía enviarse al Congreso, que, al final, la presidenta optó por remitir las propuestas conservadora y progresista y dejar en manos de los diputados la decisión final. La estructura del consejo sigue siendo la misma, y los técnicos que se designan para hacerse cargo de las secciones son los de siempre. No se ha llevado a cabo la tan esperada revolución. Y tal circunstancia está siendo muy criticada no sólo por las asociaciones judiciales sino también por los expertos que destacan que el 40% de los jueces de este país no están afiliados, pero, a la hora de cubrir las plazas, no se les tiene en cuenta y acaban en manos de los afiliados de APM o de Juezas y Jueces para la Democracia.
A la hora de cubrir las vacantes no se tienen en cuenta los méritos y la capacidad. La comisión de calificación, justificando la necesidad de tomar decisiones urgentes, apenas da tiempo a que los candidatos expongan su currículo profesional. Les dan diez minutos y casi todos los que intervienen tienen bastante claro que las plazas están asignadas de antemano.
Y no sólo ocurre con la cobertura de las vacantes. El vocal propuesto por los progresistas próximo a Sumar, Carlos Hugo Preciado, decidió romper la disciplina a la hora de votar la designación de tres puestos de carácter técnico. Y lo justificó alegando que los vocales progresistas le han excluido “completamente” de las negociaciones desde la elección de la presidenta, Isabel Perelló. Al justificarse, Preciado deja pistas sobre cómo está funcionando el consejo al asegurar que “los negociadores de su bloque, promovidos por el PSOE, están obteniendo magros resultados” lo que debe interpretarse como que los conservadores se quedan con los mejores resultados a la hora de lograr acuerdos con los diez vocales progresistas. Y eso indica que se siguen manteniendo los criterios de reparto de poder en función de las mayorías políticas.
Y si se mantiene este modo de trabajar entonces no tiene sentido la reforma judicial que exige Bruselas. Si, al final, son las consignas de los partidos mayoritarios las que se tienen en cuenta, de nada sirve afrontar la reforma que se pretende mediante la cual se daría mayor poder a los miembros de la judicatura, jueces y letrados de la administración de justicia que son los que, día a día, con sus decisiones, deben dar cuenta a la sociedad de la marcha de la justicia en este país.
En resumen, el magistrado Eguarás lo único que hace es advertir de que se siguen utilizando los métodos antiguos en el funcionamiento del CGPJ. Que el órgano de los jueces sigue siendo rehén de los políticos y así no hay posibilidad alguna de democratizar un sistema que, en estos momentos, está desprestigiado. No sólo por las decisiones desafortunadas de algunos jueces, sino también porque la ciudadanía se da cuenta de que la justicia no acaba de modernizarse.