El Consejo General del Poder Judicial es el organismo que, según el acuerdo a que llegaron PP y PSOE deberá reformar la ley orgánica del Poder Judicial, no sólo para establecer una nueva fórmula de elección de los vocales que les sustituirán dentro de cinco años sino, también, proponer una nueva estructura de funcionamiento y algunas materias más como la situación de los jueces sustitutos. A 31 de marzo pasado, el escalafón de la carrera judicial estaba compuesto por 4.964 magistrados y 666 jueces lo que suma un total de 5.630 profesionales. A ellos hay que añadir los 1.010 sustitutos que solo cobran cuando son llamados por los días que trabajan y se les cotiza a la Seguridad Social por esos días de llamamiento estando sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces y magistrados de carrera. No pueden ejercer la abogacía en plazas distintas en las que prestan sus servicios. En esta situación hay jueces y magistrados que superan los 27 años, incluso los 30, de servicio. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Comisión Europea han advertido que las cosas no pueden seguir así y el gobierno, en la ley de Eficacia Procesal, se ha dado un plazo de tres meses para resolver esta situación.
Lo lógico sería integrarlos en la carrera judicial pero tal decisión podría ser inconstitucional. Iría en contra del principio de igualdad, mérito y capacidad reconocido en el artículo 22 de la Constitución. Y así lo han hecho saber las asociaciones judiciales conservadoras que se oponen tajantemente a “integrar en la judicatura a este colectivo por la puerta de atrás”. La izquierda ya se ha pronunciado, Enrique Santiago, de Sumar, y el abogado Javier Arauz se muestran partidarios de no dilatar más el debate y de traspasar a los jueces sustitutos al escalafón correspondiente situándolos en el último lugar de la lista. En el Partido Socialista se remiten a lo que se decidirá en los próximos tres meses en torno a la situación de interinidad de estos jueces. La derecha, por su parte, elude plantear una alternativa que no sea una indemnización singularizada para cada caso.
Pero Agustín Azparren, fiscal en excedencia, magistrado jubilado voluntariamente y vocal del Consejo General del Poder Judicial, situado claramente en la derecha conservadora, propone una idea que puede acabar por satisfacer a todos y que encaja dentro de la legalidad constitucional: convertir a los sustitutos en jueces de adscripción territorial. Esta figura fue creada para reforzar la administración de justicia en situaciones de sobrecarga detrabajo, vacantes temporales o ausencias en los juzgados. Los JATs son jueces de carrera que no están adscritos de manera permanente a un juzgado específico, sino que prestan servicio en función de las necesidades del territorio asignado. Dependen de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia territoriales y no supondrían coste alguno al erario público al no tenerse que crear ninguna nueva unidad judicial.
Aunque la ley de Eficiencia Procesal señala que el gobierno deberá encontrar una solución para este colectivo en un plazo de tres meses, si se opta por esta solución se deberá reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Los jueces procedentes del colectivo de lossustitutos quedarían adscritos a cada TSJ. Pasado el tiempo, podrían acceder a la categoría de juez por promoción interna, como se hace en los cursos de especialización.
Pero ahí es donde reside el problema. Porque la elaboración del informe para reformar la ley orgánica está siendo muy complicada. El punto donde menos problemas han surgido es el que se refiere a la organización de la carrera judicial pero cuando se habla del sistema de elección de los responsables de su órgano de gobierno surgen las discrepancias y la bipolarización.
En poco más de un mes, el CGPJ deberá remitir al parlamento este informe que el gobierno quiere utilizar para resolver varios problemas existentes como es el de los jueces sustitutos y a estas alturas no se han logrado ni siquiera puntos de encuentro que acerquen las posiciones a pesar de la capacidad negociadora de la presidenta, Isabel Perelló. Además, la orden está clara. Hay que presentar un informe que aborde todos los temas propuestos para modernizar la carrera judicial tal y como quiere Bruselas. No se puede llegar a acuerdos parciales o pactar los desacuerdos. Y deben ser trece los vocales que lo secunden.
La bipolarización sigue siendo el mayor obstáculo para el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces que hasta ahora solo se ha puesto de acuerdo en temas menores. Lo que pasa es que si no hay acuerdo para establecer un nuevo método de renovación tampoco lo habrá para la modificación de la estructura y el funcionamiento de la institución y será prácticamente imposible sacar adelante la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Y eso afectará a las propuestas que se hagan sobre los jueces sustitutos. En el ministerio de Presidencia y Justicia insisten en que tienen un plan para hacer fijos a ese más del millar de jueces sin necesidad de conculcar los principios de igualdad, mérito y capacidad del artículo 22 de la Constitución.
¿Están pensando en el departamento de Félix Bolaños en utilizar lo que se denomina “el cuarto turno” de acceso a la carrera judicial”? Este sistema consiste en la realización de un examen a “juristas de reconocido prestigio” que pasan, de esta manera, a ejercer de jueces primero, y magistrados posteriormente. El inconveniente es que las asociaciones representativas del sector de perfil conservador, principalmente la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, AJFV, se oponen a la utilización de cuarto turno para integrar a los jueces sustitutos. Otra de las propuestas, la de convertirlos en indefinidos no fijos que en su día planteó la sala de Lo Social del Tribunal Supremo, no es viable según los expertos y tampoco resolvería el problema de fondo.
La llave la tienen los vocales del CGPJ. Si logran llegar a un acuerdo para reformar la LOPJ podrán incluir una propuesta para la integración de este colectivo en la carrera judicial. Una vez más el enfrentamiento en su seno vuelve a bloquear la crítica situación en la administración de justicia. Los firmantes del acuerdo para la renovación, Félix Bolaños y Esteban González Pons, no fueron capaces de medir las consecuencias de la solución salomónica que pactaron. Parálisis en la provisión de las plazas en las instancias judiciales superiores, discrepancias en los nombres que deben ocupar las presidencias de las salas mas sensibles del Tribunal Supremo, división en el informe para renovar la LOPJ y, encima ahora, la imposibilidad de solucionar la situación de un colectivo que tiene todo el derecho a equipararse a sus compañeros porque cumplen con las mismas obligaciones.