Sintomática la actuación de la extrema derecha, y deberían tomar buena nota de ello en Génova donde les hacen el juego. Manos Limpias y Hazte Oír se lanzaron a presentar una denuncia contra la AEMET por “homicidio imprudente y daños” por las consecuencias catastróficas de la DANA en València. Pero cierran la boca cuando se empiezan a conocer detalles sobre la actuación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien hasta hace poco gobernaba con Vox. Su gestión ha sido tan nefasta que, hasta su jefe, Núñez Feijóo, le ha desautorizado. Ha incumplido la ley, pero los que suelen actuar en otros casos como el de la mujer de Pedro Sánchez, basándose en las informaciones aparecidas en la prensa, ahora no presentan las denuncias a las que nos tienen acostumbrados a pesar del clamor popular y mediático. ¿Dónde están los jueces, los fiscales, y los abogados de todos estos grupos? Y luego dirán que no están instrumentalizando la justicia de este país.
¿Cómo es posible que la administración autonómica valenciana no aplicara el protocolo de emergencia? Esa es la pregunta que se hace la ciudadanía y que requiere no sólo una respuesta política sino también penal. Para cualquier juez, la excusa de Mazón sobre los avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar no es otra cosa que “echar balones fuera”. Y el Código Penal contempla la figura de homicidio imprudente para las autoridades que no adopten medidas para salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos que gobierna. Y ese es el caso de la administración territorial valenciana que tiene competencia exclusiva en materia de protección civil.
Por mucho menos Manos Limpias ha presentado una denuncia en un juzgado de València contra la AEMET y la dirección de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Acusa a sus responsables de homicidio imprudente, imprudencia y daños. Apunta a cargos intermedios que, se ha demostrado, alertaron sobre la que se avecinaba. En cambio, Carlos Mazón, según se ha publicado, impidió la entrada de equipos de ayuda, y de militares de la UME, y tardó dos horas en presentarse a una reunión donde se estaban evaluando las consecuencias de la riada que ya era evidente en varias localidades del extrarradio de la tercera población más importante de España en número de habitantes.
Independientemente de las responsabilidades políticas derivadas de la nefasta gestión de la catástrofe, expertos juristas creen que hay suficientes motivos como para procesar al presidente de la Generalitat valenciana por los delitos de homicidio imprudente y daños. Carlos Mazón apoyó el recurso presentado por la extrema derecha valenciana contra la exculpación de Mónica Oltra, que se sentará en el banquillo acusada de haber mirado para otro lado en los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor protegida. A la exvicepresidenta de la Generalitat, le costó el cargo. Tuvo que dimitir y ahora tiene que responder ante la justicia a pesar de que el instructor de la causa no apreciaba indicios de la comisión de delitos en la actuación de ella y su equipo. Mazón puede correr la misma suerte. No será por corrupción, como dos de sus antecesores, Zaplana y Camps, pero acabará por ser investigado judicialmente.
Encima se vuelve a reavivar la polémica sobre los contenidos de los correos electrónicos que tanto juego está dando a la extrema derecha para acusar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a los imputados en los casos Koldo y Begoña Gómez. Hay unos correos intercambiados la tarde de ese fatídico 29 de octubre en los que Mazón se daba por enterado de la situación que estaba provocando el caudal del barranco de Poyo y, aunque se le advertía de las consecuencias si no se adoptaban inmediatas medidas de emergencia, el presidente argumentó que “los servicios meteorológicos dicen que la lluvia amainará en las próximas horas”, haciendo caso omiso de la declaración de alerta roja. La caverna mediática se ha apresurado en quitar hierro a esos correos. Son los mismos que se basan en los mensajes de este sistema de comunicación para imputar actuaciones delictivas a la izquierda.
Los jueces no pueden actuar de oficio. Son los fiscales los que deben abrir un procedimiento sumarial si consideran que la actuación de la Generalitat valenciana ha sido delictiva. Cuando presentó la denuncia en el juzgado contra la AEMET, Manos Limpias dijo que habían estado esperando a que el ministerio público actuase pero que “ante su pasividad” decidieron la presentación de la demanda. No tardaron ni tres días en acudir a los tribunales. Ahora parece que se lo piensan demasiado. Están claras sus intenciones. A las asociaciones de extrema derecha, que tienen judicializada la política, se les ve el plumero. Vox, hasta hace poco socio de gobierno de Mazón, se ha comprometido a defender ante los juzgados a los presuntos agresores de Pedro Sánchez en Paiporta, algunos de los cuales ya han sido identificados por la policía, no tienen nada que ver con la población que protestaba durante la visita de las autoridades, y forman parte de esos mismos grupúsculos que se manifiestan violentamente en la sede del PSOE en Ferraz.
Carlos Mazón se siente desprotegido políticamente, pero cree que goza de cierta impunidad penal ante los hechos acontecidos en València. No nos olvidemos de que la justicia tiene la obligación de abrir las diligencias oportunas cuando, en un suceso como éste hay víctimas. De esto poco se ha hablado, tal vez porque los esfuerzos, en estos momentos, se centran en otras cosas mucho más urgentes, la cuantificación exacta del número de desaparecidos, la recuperación de cuerpos, la limpieza, evitar una emergencia de salud pública, y el restablecimiento de los servicios esenciales. Pero que nadie dude de que habrá apertura de una investigación judicial. Y veremos hasta dónde llega y a quien se pide responsabilidades. Esperemos que, dada la magnitud de la catástrofe, esa investigación no acabe como con la de “la pantaná”, la rotura de la presa de Tous. El juicio se repitió cuatro veces hasta que, en 1997, el Supremo condenó a uno de los ingenieros responsables del embalse y obligó al Estado a hacerse responsable de los daños, valorados en más de 300 millones de euros. Las fuertes avenidas devastaron 290 kilómetros cuadrados de territorio. Ahora la catástrofe ha sido mucho peor.