El gobierno progresista es el objetivo de las derechas política mediática y judicial. Lo van a intentar en las causas Begoña Gómez, David Sánchez y Koldo García, y están a punto de lograrlo en el juicio que, salvo milagro procedente de la sala de Apelaciones del Supremo, se va a celebrar probablemente este otoño contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y la fiscala jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Las acusaciones han asumido la teoría del juez Ángel Hurtado, de que filtraron el correo de González Amador “siguiendo instrucciones de presidencia del Gobierno” que se convertirá en el foco de atención de la vista oral. Es el nuevo ataque en los tribunales no sólo de la extrema derecha, sino de asociaciones que se incorporaron al proceso en el último momento, como es la fundación Foro Libertad y Alternativas donde participan Vox y Hazte Oír. En esta fundación están el exministro con Aznar, Jaime Mayor Oreja, que, mientras no se demuestre lo contrario, sigue militando en el Partido Popular, y el fundador del partido que lidera Santiago Abascal, Alejo Vidal-Quadras. Otra de las acusaciones, la de Manos Limpias, la coordina Víctor Soriano, asesor a sueldo del Partido Popular en el Senado.
Por lo tanto, es evidente el interés político del PP y de Vox de vincular este asunto a Moncloa, una manera de cercar aún más a Pedro Sánchez. El juez Hurtado se lo ha puesto muy fácil. En su auto de conversión en procedimiento abreviado, el instructor empieza el escrito señalando que “todo ocurrió a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno”. El magistrado no aporta pruebas. Se limita a describir que una testigo, asesora socialista, Pilar Sánchez Acera, reconoce que el texto íntegro del correo obraba en su poder media hora antes de que fuese publicado por un medio de comunicación. Ese testimonio y los del exdirigente del PSOE madrileño, Juan Lobato, son los que permiten deducir a Hurtado la existencia de una coordinación entre fiscalía y Moncloa.
A todo ello hay que añadir que algunas acusaciones apuntan a Pilar Rodríguez como la verdadera inspiradora de la filtración y para ello utilizan la circunstancia de que fue alto cargo de Justicia en uno de los gobiernos de Rodríguez Zapatero. En cambio, ahí hay discrepancias entre las partes ya que algunas excluyen de las acusaciones a la fiscala. Pero lo cierto es que, detalles aparte, el objetivo es el ministerio de la Presidencia departamento en el que, en aquellos momentos, estaba al mando Óscar López.
El juicio debería centrarse en si el fiscal general y la fiscala de Madrid maniobraron para obtener la confesión de González Amador y filtrarla en la noche del 13 de marzo a la Cadena SER o si, como han defendido desde el principio, no difundieron el documento y se limitaron a elaborar un comunicado para desmentir los bulos difundidos por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la CAM, , Isabel Díaz Ayuso, en los que se daba a entender que el ministerio público, representado por el fiscal, Julián Salto, se negaba a negociar con Alberto González Amador para someterle a un largo proceso judicial. A tenor de lo que se dice en los escritos de acusación, los tiros no irán por ahí.
Una de las acusaciones más activas en este sentido va a ser la que representa al ICAM, el Colegio de la Abogacía de Madrid, quien es la que hace más hincapié, en su escrito, en la existencia de una relación del gabinete de Sánchez con García Ortiz y Rodríguez. Ello ha dado lugar a la protesta por parte del sector más progresista del Colegio. La Asociación Libre de Abogados, ALA, denuncia la instrumentalización que está haciendo la Junta de Gobierno de este asunto justificando su personación en la defensa del secreto profesional, que sus dirigentes están convencidos, se ha vulnerado con la actuación del FGE. Es verdad que la Junta de Gobierno del ICAM no está teniendo en cuenta, ni en esta ni en otras actuaciones, a las minorías de letrados diametralmente opuestos con esta actuación.
Los acusados, señala el ICAM, "han minado la credibilidad del ministerio fiscal y los principios de objetividad, imparcialidad y confianza que ha de presidir cualquier contacto de los profesionales de la abogacía con el ministerio público, pues cualquier filtración, además del daño reputacional y la consiguiente lesión de derechos subjetivos, influye sustancialmente en el desarrollo del proceso con todas las garantías". Ya están anunciado que van a impugnar el proceso por fraude fiscal contra González Amador cuando llegue el momento. Está muy claro donde se está situando el decano, Eugenio Ribón.
Ahora habrá que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos una vez que todas las partes han puesto sus cartas encima de la mesa. La sala de Apelaciones, casi con toda probabilidad, fallará en contra de los recursos presentados por las defensas por lo que los dos fiscales se sentarán en el banquillo y tendrán que escuchar, de nuevo, las acusaciones de estar dirigidos por el gobierno. Las exposiciones de las acusaciones no sólo se centrarán en este caso, sino que, como no sea que el presidente del Tribunal limite su contenido, se centrarán en la vinculación de la figura del fiscal general del Estado al poder ejecutivo.
Es un viejo debate que no sólo se ha producido con la presencia de García Ortiz al frente de la fiscalía general del Estado. Ocurrió con los designados por los gobiernos del PP, María José Segarra, Julián Sánchez Melgar, Consuelo Madrigal, Eduardo Torres-Dulce, Jesús Cardenal y José Manuel Maza. Se da la circunstancia de que este último estuvo a punto de ser procesado por, presuntamente, “favorecer y proteger a personas del Partido Popular en causas judiciales”, obstaculizando, según una reprobación del Congreso de los diputados, el caso. Lezo. Su adjunto, Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción, dimitió al revelarse su participación en una sociedad off-shore en Panamá.
Constitucionalmente, el fiscal general del Estado es una figura dependiente del gobierno. La pretensión conservadora de desvincularlo del ejecutivo significaría tener que modificar el artículo 124 de la Constitución y eso son palabras mayores.