En el corazón de una causa judicial que huele a privilegios antiguos y a contabilidad creativa, el nombre de Cristóbal Montoro resurge como emblema de una época donde Hacienda no éramos todos, sino unos pocos —y muy bien conectados—. La Audiencia de Tarragona decidirá si el largo velo del secreto judicial debe tapar también las responsabilidades de quienes convirtieron el poder público en gestoría privada de favores a empresas.
El eterno retorno de los hombres grises
Hay políticos que dejan huella. Otros, en cambio, dejan facturas. Cristóbal Montoro pertenece sin duda a esta última categoría: la de los tecnócratas travestidos de gestores austeros que, bajo la apariencia de funcionarios sin rostro, tejieron redes clientelares tan complejas como resistentes. Ahora, casi una década después de que el exministro de Hacienda abandonara su cargo, el caso que lleva su nombre vuelve a escena. No lo hace por sus méritos como servidor público, sino por la estela de presuntas tramas de corrupción institucionalizada que amenazan con resquebrajar la fachada de una derecha que se proclama regeneradora mientras esconde esqueletos en los cajones del Estado.
El despacho “Equipo Económico” —el mismo que fundó y del que salió Montoro antes de asumir su cartera ministerial, no sin dejar atados ciertos hilos— ha pedido la nulidad del proceso alegando indefensión por el largo secreto judicial. Siete años de investigaciones en la penumbra, una instrucción nacida en 2018 y que, como los buenos vinos —o los peores escándalos—, ha madurado en silencio. La defensa alega que ese secreto vulnera el derecho a una defensa justa. Tal vez tengan razón. Pero lo que resulta obsceno no es tanto el secreto en sí como el contenido del sumario que, ahora, amenaza con abrirse como una caja de Pandora.
No es casualidad que el epicentro de esta tormenta esté ligado a favores políticos, tráfico de influencias y comisiones encubiertas. En el submundo del poder económico, nadie paga por nada si no espera algo a cambio. Y, según los correos descubiertos en la instrucción, la vía más directa hacia los favores de Hacienda pasaba, supuestamente, por una sola puerta: pagar al despacho que mantenía “contacto directo con el ministro”.
La misma estructura que recortaba en servicios públicos con mano firme y que acusaba a los parados de vivir del cuento, ahora aparece vinculada a presuntas maniobras para beneficiar a empresas privadas desde la cúspide del poder. Un guion conocido, que no por repetido resulta menos escandaloso.
Cuando el PP privatizó también la decencia
Hay quien sostiene que la corrupción en el PP fue coyuntural. Otros, más realistas, sospechamos que formaba parte del sistema operativo. Montoro no fue una excepción: fue una pieza clave del engranaje. No se trata solo de nombres ni de presuntas comisiones. Lo que está en juego aquí es la utilización de un Ministerio como si fuera un brazo ejecutor de intereses particulares.
¿Quién pagaba por favores? ¿Quién se beneficiaba de esas gestiones discretas? ¿Cuántas decisiones que afectaban a millones de personas fueron tomadas al dictado de una calculadora ajena al interés público? Estas preguntas, que deberían escandalizar al país, hoy son reducidas a tecnicismos judiciales. La defensa pide la nulidad de las pruebas, como si fuera más grave su descubrimiento que los hechos que revelan.
La apelación no solo cuestiona la legitimidad del juzgado de Tarragona —alegando que los delitos se habrían cometido en Madrid—, sino que niega comisiones, tráfico de influencias, prevaricación y hasta la existencia del más mínimo contacto sospechoso. La estrategia es clara: negarlo todo, incluso la evidencia. Y, si no cuela, que lo declaren nulo por defecto de forma. Una vieja receta en la política de los que nunca se presentan como políticos.
Que esto ocurra en 2025 no es una anécdota: es la confirmación de una época que aún no hemos cerrado. Porque mientras el PP lanza diatribas sobre la regeneración democrática y finge escandalizarse por cada crítica al poder judicial, olvida sus propias simas de corrupción institucional. Feijóo debería tomar nota: antes de hablar de “sanchismo”, haría bien en revisar el legado del montorismo, que no es ideología, sino una forma de hacer del Estado una empresa de servicios exclusivos.
La memoria, ese obstáculo
En política, la impunidad a menudo depende de una única estrategia: esperar a que la gente olvide. Pero hay causas judiciales que resisten el archivo, como hay ciudadanos que se niegan a la amnesia. El caso Montoro es más que un expediente: es un espejo de la podredumbre con corbata que durante años dirigió los hilos de la economía sin control ni pudor.
Hoy, cuando el PP habla de patriotismo constitucional, de jueces imparciales y de ética pública, convendría recordar que uno de sus arquitectos fiscales está bajo investigación por prácticas más propias de una trama empresarial que de un servidor público. Y que lo más grave no es lo que hizo, sino lo que nos hizo creer: que el rigor contable era sinónimo de justicia. Cuando, en realidad, era solo la máscara técnica de un modelo de poder tan discreto como corrosivo.