En estos momentos, los pensionistas se sienten estafados por la clase política. Hubo un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo que les supone la revalorización automática de sus prestaciones con arreglo a la media de la inflación del ejercicio anterior. Entonces se dijo que “nunca más se congelarían las cantidades que percibían” porque, todos, izquierda y derecha, habían llegado a un “consenso”. Todos, repito, incluidos Podemos, votaron a favor. No han pasado cuatro años cuando esa iniciativa ha quedado en papel mojado porque la trampa consiste en que cada año hay que proceder a una aprobación parlamentaria que depende de las circunstancias políticas. Y ese es el ejemplo más reciente. Se ha dicho hasta la saciedad que la posibilidad de abortar en este país es un derecho irreversible, pero nadie garantiza que una mayoría retrógrada revierta esa ley. Igual ocurre con la famosa ley del “sólo sí es si”, que puede ser modificada en el momento en que cambie la correlación de fuerzas en el parlamento. Y más. Recientemente, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado el cambio de la forma de acceso a la profesión de juez. Pretende dotar de más medios a los opositores y deja claro que quiere “blindar” la normativa que prepara al respecto “para que ningún gobierno pueda modificar el nuevo sistema de ayudas” con el que se pretende democratizar la administración de justicia. Blindar. Ese es el término. Mientras todas esas leyes no se blinden constitucionalmente, este país quedará sujeto a los caprichos de las fuerzas políticas que obtengan la mayoría parlamentaria suficiente como para revertir los derechos sociales, sean del signo que sean.
Pensiones aparte, con la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, LOPJ, “para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal” el gobierno pretende introducir un nuevo sistema de becas para los opositores a la carrera judicial, fiscalía, abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia. La cuantía de estas ayudas nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional, estipulado actualmente en 15.876 euros anuales,y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. El objetivo es regular la existencia de esas ayudas por ley para que no dependan de la voluntad del ejecutivo de turno o de la disponibilidad presupuestaria. Así, en caso de que un gobierno quisiera suspender el programa de becas, estaría obligado a cambiar la ley orgánica, con el trámite parlamentario y el desgaste político que supondría. Cuando este nuevo sistema se apruebe, el importe de las becas pasará de los 8.000 euros al año actuales a una cantidad que nunca deberá ser inferior al SMI. Estamos hablando del doble para poder prepararse una oposición complicada.
La noticia ha sido muy bien recibida por los aspirantes a acceder a la carrera judicial en sus diferentes modalidades. Además, se agilizan los trámites de selección del llamado “cuarto turno”, los que acceden al cometido por ser “juristas de reconocido prestigio”. Personas que llevan años ejerciendo como jueces de forma temporal sin tener aprobada la oposición, se les va a regularizar su situación y ahí es donde empiezan las amenazas. Las asociaciones judiciales conservadoras, APM, Francisco de Vitoria, y Foro Judicial Independiente, se oponen a que esos jueces interinos “entre en la carrera por la puerta de atrás” y anuncian que cuando la derecha, llegue al poder, se encargarán de cambiar esta iniciativa.
No se puede vivir en un país donde cada vez que no se está de acuerdo con una ley se anuncie su derogación. Esta práctica no hace más que generar inseguridad jurídica. En reiteradas ocasiones, el Partido Popular ha anunciado que modificará la ley de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como “ley del sólo si es si”. Independientemente de las formas en que actúan algunos jueces cuando se encuentran con un caso de abuso o violación, como es el del archifamoso titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar porque calculan que, para cuando su asunto se examine en las instancias judiciales, la ley habrá sido “reformada” por la derecha. Ya no sólo son las extrañas circunstancias de los interrogatorios a que son sometidas, sino también el hecho de que una ley modélica, como es la que confeccionó el equipo de Irene Montero, es cuestionada por la derecha política y se cambiará. A vueltas con la inseguridad jurídica.
Y no hablemos de la ley de interrupción del embarazo que, a pesar de haber sido declarada constitucional, sigue siendo cuestionada por la derecha. Sobre todo, en lo que se refiere al permiso paterno para abortar cuya redacción actual el PP quiere suprimir. Es un grave problema social que disuade a muchas mujeres que no acaban de ver del todo clara la protección que tienen con la norma aprobada.
España goza una legislación progresista en materia social. Tal vez la más avanzada de Europa y del mundo occidental. Ha costado muchos esfuerzos llegar a donde se ha llegado. Pero ahora hace falta blindar toda esa normativa para impedir que las fuerzas reaccionarias la borren de un plumazo. Y no es política ficción de lo que se está hablando. Sólo hace falta ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump como presidente para tomar conciencia de lo que se puede avecinar en unas hipotéticas elecciones generales ganadas por el PP con el apoyo de Vox.
En Francia, un gobierno libre de sospecha de izquierdismo como es el de Macron, decidió incluir en su Constitución el derecho al aborto. Aquí, en este país, Pedro Sánchez baraja la posibilidad de blindar constitucionalmente la revalorización de las pensiones públicas. Habría que ir algo más lejos y garantizar a la ciudadanía otros derechos obtenidos durante estos años que corren peligro si Núñez Feijóo y los suyos, incluida Isabel Díaz Ayuso, llegan a convertirse, un día, en los inquilinos del palacio de La Moncloa.