La extrema derecha de Vox y la ultracatólica Hazte Oír quieren personarse en la investigación de la Fiscalía Europea en la que se investiga si hubo tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las adjudicaciones de 10,2 millones de la empresa pública Red.es a Innova Next y la Escuela de Negocios The Valley, propiedad de Juan Carlos Barrabés, vinculado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Vano intento porque el artículo 36.5 de la ley orgánica 9/2021 de creación de la fiscalía europea para abordar “eficazmente investigaciones financieras complejas de carácter eminentemente supranacional” dice que “en el procedimiento previsto en esta ley no se permitirá la personación como acusación popular. Por lo tanto, no cabe posibilidad alguna. Lo que ocurre es que las dos entidades van a utilizar todo tipo de recursos para estar presentes en la instrucción. Y el juez Peinado les va a facilitar la tarea porque ha abierto una pieza separada para investigar, al margen de la justicia eruropea, esas operaciones. Y, por supuesto, ha admitido esas personaciones. Por un cauce u otro la extrema derecha tendrá la posibilidad de acceder a las pesquisas y, posteriormente, instrumentalizarla para sus intereses.
Hazte Oír, que se sospecha está vinculada a la secta secreta El Yunque, reconoce que “el procedimiento de la fiscalía europea no admite acusaciones populares, pero nosotros hemos solicitado personarnos como acusación particular.”. Tampoco se lo van a permitir porque, tal y como ya se ha dicho aquí mismo, la personación como acusación particular requiere ciertas condiciones. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 101 a 103, y 270, 280 y 281 establece tres tipos de acusación: la pública del ministerio fiscal, la acusación particular que ejerce la persona ofendida por un delito, y la acción popular en la que no es necesaria la existencia de una relación con el delito que se va a investigar. La acusación particular está limitada a la víctima directa del delito o sus representantes legales, mientras que la popular puede ser ejercida por cualquier persona o entidad que tenga un interés legítimo en el proceso judicial. Y, que se sepa, Hazte Oír no figura como perjudicada en la causa abierta contra Begoña Gómez. Retorcer la ley puede llegar, incluso, a ser delito. Pero los abogados de Hazte Oír están dispuestos a correr el riesgo. Los rendimientos políticos son infinitamente mayores.
Algo parecido le ocurre a Vox, pero, al menos, la formación que lidera Santiago Abascal se acoge a “la pieza separada avocada del juzgado 41 de instrucción que implicaría a los fondos europeos”. Esa pieza a la que se refiere la vicesecretaria nacional jurídica del partido, Marta Castro, se abrió el pasado 4 de junio tras recibir el juez un escrito de la fiscalía, según constaba en una providencia firmada el 29 de mayo por el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado número 41 de Madrid.
Al tratarse de una providencia y no de un auto, el magistrado no aporta mayores detalles sobre su decisión señalando simplemente que “dada cuenta, por recibido el anterior oficio de la fiscalía europea y en su vista procédase con el mismo a la apertura de pieza separada”. Y a esta providencia se acoge Vox para personarse como acusación popular invocando específicamente el artículo 125 de la Constitución que reconoce el derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular y a participar en la administración de justicia. Además, Vox cita los artículos 110 y 270 de la Lecrim ya mencionados aquí mismo, así como el artículo 24.1 de la Constitución, el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como los fundamentos legales para ejercer la personación.
Las pretensiones de Hazte Oír y Vox han dado más vida al instructor Peinado. Hazte Oír aporta, en sus escritos, lo que dice que son nuevos indicios que prueban la comisión del delito de tráfico de influencias por parte de Begoña Gómez. Hay verdaderas “perlas” en esos indicios. Entre otras que, según testigos que pueden aportar, Gómez iba comentando en los cursos que fueron subvencionados por grandes empresas del Ibex que “soy la mujer del presidente”. Otros testimonios hablan de supuestos negocios de Gómez que podrían incurrir en delito de tráfico de influencias de no ser porque las acciones de las que se habla se llevaron a cabo antes de que Sánchez accediera a la presidencia del gobierno. Y Peinado ha advertido que piensa investigar todas las actividades de Gómez “desde que su marido fue investido presidente”.
El asunto está pendiente de que el Tribunal Supremo delimite las competencias del juzgado número 41 de Madrid y la fiscalía europea. Pero todo indica que la parte correspondiente a las ayudas recibidas por las empresas Innova Next y la Escuela de Negocios The Valley quedarán fuera de la jurisdicción española por lo que Hazte Oír no podrá personarse en la controvertida pieza separada que ha decretado Peinado. De hecho, el llamado “juez de Garantías”, el que tutela la investigación del fiscal europeo, Manuel García Castellón, ya está preparando el escrito correspondiente. La subvención objeto de investigación judicial procede de los fondos europeos y, por lo tanto, es competencia exclusiva de la fiscalía de Bruselas. El procedimiento judicial de la UE es diferente al español. Allí son los fiscales los que llevan la instrucción y el juez se limita a garantizar que se cumplen los derechos fundamentales de los imputados que son objeto de investigación.
Con esta maniobra, Vox y Hazte Oír lo único que pretenden es acceder al sumario y filtrar todo aquello que pueda afectar al gobierno y a su presidente. Sobre todo, en lo que se refiere a su familia. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ya lo ha dicho: se están viendo cosas muy extrañas en esta instrucción. Tantas que hasta el propio juez le ha llamado al orden advirtiéndole de que no gesticule cuando están interrogando a un testigo. Es una guerra absurda en la que no caben interpretaciones. Por eso a nadie le puede asombrar que las dos formaciones de extrema derecha acaben por estar presentes en las actuaciones, aunque legalmente no tienen derecho a ello.