Con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid de la pieza separada del caso Alberto González Amador en la que se le investigará por nuevos presuntos delitos fiscales, corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental, la estrategia de los abogados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha saltado por los aires.
A Alberto González Amador ahora le entran las prisas y pide declarar urgentemente. El que juega con fuego puede acabar quemado y eso es lo que le ha pasado. Ahora habrá que ver si sigue reconociendo el fraude presuntamente cometido en las declaraciones del Impuestos de Sociedades de 2020 y 2021 que figura en el famoso correo electrónico firmado por su abogado, Carlos Neira, en el que en nombre de Maxwell Cremona, empresa del novio de Ayuso, reconoció lo siguiente: “estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”. Un escrito que el juez del Supremo, Ángel Hurtado, se esfuerza en eludir de su instrucción y del que en la fiscalía anticorrupción ya no quieren ni oír hablar. No habrá acuerdo de conformidad porque la trama se ha complicado.
El novio de Isabel Díaz Ayuso aplazó su declaración ante la jueza número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, hasta en tres ocasiones alegando tener viajes profesionales las fechas en las que fue citado. En una cuarta citación por fin se presentó y se acogió a su derecho a no declarar hasta que se conociese la decisión de la Audiencia Provincial sobre el recurso presentado por sus abogados contra la apertura de una pieza separada de la principal en la que se investigará la presunta comisión de nuevos delitos todos ellos relacionados con las actividades en Latinoamérica de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, la empresa de González Amador. La magistrada tiene el visto bueno de sus superiores para instruir una nueva causa cuyo origen está en un informe de la Agencia Tributaria que alerta de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona y su cliente, Quirón Prevención S.L.
Si se prueban las operaciones descritas en este informe, González Amador tendrá que enfrentarse a nuevos delitos fiscales, además de los referidos en la pieza principal, “un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer", señala la jueza. Y entonces habrá que añadir la corrupción en los negocios, y la administración desleal que incrementa la pena de cárcel. Ya no tendrá sentido el famoso correo en el cual el entonces abogado de González Amador proponía un pacto de conformidad.
La estrategia planteada por su equipo de asesores, entre los que, además del abogado Neira, hay que añadir a Javier Luis Gómez Fidalgo quien le asesoró cuando Hacienda le reclamó los 350.000 euros que habría dejado de ingresar en los impuestos de sociedades de 2020 y 2021. Según los escritos de las acusaciones personadas en la instrucción, Gómez Fidalgo, empresario leonés, deberá aclarar en esta investigación judicial su relación con el entramado de sociedades pantalla que sirvieron a González Amador para eludir, presuntamente, impuestos. De momento se sabe que Babia, S.L., propiedad del empresario leonés, es la titular del ático donde viven Díaz Ayuso y su novio.
La instructora ha empezado a actuar, tal vez demasiado tarde ya que las diligencias llevan abiertas casi un año. Pero, por lo que parece, la magistrada tiene ganas de recuperar el terreno perdido. Y ha citado para este mes a los inspectores de la Agencia Tributaria que han elaborado los informes sobre la contabilidad de Maxwell Cremona. En esos interrogatorios estará presente Carlos Neira quien acaba de ser acusado por la fiscalía anticorrupción de estafa procesal y falsedad continuada en documento oficial al haber manipulado los informes periciales del sumario en el que se condenó al exvicepresidente del Gobierno y exdirector general del FMI, Rodrigo Rato, a casi cinco años de cárcel por tres delitos fiscales. El ministerio público pide para él 3 años de cárcel y 11 meses de prisión.
Este abogado es la pieza clave del número de denuncias presentadas por González Amador en los juzgados. La más importante contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos ha servido para desviar la atención de sus presuntas responsabilidades penales. Además, el novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha demandado a periodistas y cargos públicos del PSOE y Más Madrid a los que acusa de haberle difamado.
Es curioso porque, al final los jueces le pueden dar la razón. No es “un defraudador confeso” como dice que le han llamado los demandados basándose en la oferta efectuada por el abogado Neira al fiscal anticorrupción. Ahora el calificativo puede ser mucho más duro porque ya no es cuestión de seis meses de cárcel y el pago de 500.000 euros entre multas, deudas con Hacienda e intereses de demora. La administración desleal se castiga con penas de 1 a 6 años de cárcel, la corrupción en los negocios oscila entre los seis meses y los cuatro años de prisión, y 1 a 6 años de inhabilitación para ejercer cargos industriales o comerciales. Y, por último, la falsedad documental, con penas que oscilan entre 6 meses y 4 años de cárcel.
En el peor de los supuestos, un fallo judicial desfavorable, el novio de Díaz Ayuso podría acumular entre 14 y 20 años de cárcel que ya no es el pago de una multa y los seis meses que se ofertaban en el acuerdo inicial de conformidad. De ahí la rápida reacción de González Amador al que su estrategia de intentar desviar la atención y dilatar lo más posible su investigación le ha estallado en sus propias narices. Por eso ahora le han entrado las prisas.