El pasado mes de noviembre, durante una rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expuso diversas estrategias destinadas a reducir la «burocracia» que supuestamente pesa sobre las empresas europeas. Así, anunció su intención de revisar «el triángulo formado por la taxonomía, la directiva sobre información no financiera CSRD y la directiva sobre diligencia debida CS3D».
Estas leyes del llamado «Pacto Verde» fueron adoptadas por los legisladores europeos durante la anterior legislatura, lo que permitió avances significativos en materia de derechos sociales y ambientales. Estos textos, que también pretenden ayudar a Europa a lograr la neutralidad de carbono en 2050, fueron el resultado de largas negociaciones y ya han entrado en vigor.
El mantra de los lobbies del sector privado
Este posible cuestionamiento de los logros de la anterior legislatura se produce en un contexto en el que los lobbies del sector privado intentan instrumentalizar la «competitividad» y la «simplificación administrativa», como propugna el informe Draghi publicado en septiembre, así como la Declaración de Budapest adoptada por los 27 Estados miembro a principios de noviembre en Europa, para deshacer los avances del Pacto Verde.
En las últimas semanas, 25 organizaciones patronales europeas exigieron a la Comisión que tomara medidas para evaluar el impacto en la competitividad de la Directiva sobre la debida diligencia (adoptada el pasado mes de junio y que se supone que se transpondrá en 2026) y que retrasara su aplicación. La patronal francesa MEDEF incluso exigió una «revisión total» de esta directiva.
El Ómnibus, un caballo de Troya
La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de adoptar una directiva «ómnibus», un texto global destinado a revisar varios reglamentos ya aprobados.
En teoría, esta nueva legislación sólo podría abordar aspectos formales, pero, bajo la presión de los lobbies, no cabe duda de que socavará algunas disposiciones sustantivas clave, esenciales para la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
El reciente ejemplo del Reglamento sobre la deforestación ilustra esta triste realidad: la aplicación de este reglamento, que pretende prohibir la entrada en el mercado europeo de productos vinculados a la destrucción o degradación de los bosques, se ha pospuesto un año debido a la influencia de los grupos de presión agroindustriales.
La revisión de estos textos permitirá a los Estados miembros sabotear la responsabilidad civil (el principio de que la responsabilidad de las empresas puede invocarse ante un juez), que había sido aceptada por la mayoría de los países y el Parlamento Europeo durante la legislatura anterior.
Sin embargo, sin la responsabilidad civil asociada a las posibles infracciones de las multinacionales, el texto perdería su carácter vinculante y traicionaría su objetivo de proteger a las poblaciones y al planeta. Para los trabajadores y los residentes de los países productores, regular las actividades de las empresas matrices y las empresas contratistas es una cuestión de supervivencia.
Además, cuestionar las obligaciones relacionadas con el clima sería aún más chocante, ya que los daños asociados al calentamiento global se están multiplicando. Las empresas deben ahora adoptar e implementar un plan de transición climática alineado con la ciencia. Sin esta alineación de las empresas con los objetivos climáticos europeos, será imposible cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Sin embargo, son precisamente estas obligaciones las que los oponentes del Pacto Verde desean eliminar de los textos para continuar con su irresponsable «business-as-usual».
Así, la defensa de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente se ve hoy cuestionada por los lobbies corporativos y algunas instituciones europeas. Los avances logrados en los últimos años, duramente conquistados por los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y sus aliados políticos están en peligro.