Otra "extrema derecha" que quiere “regenerar la política y luchar contra la corrupción”

Lo extraño es que una entidad que dice luchar contra la corrupción no se ha personado en algunos de los casos que se dilucidan en los tribunales de justicia

17 de Septiembre de 2024
Actualizado a las 12:44h
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Justicia Juez Fiscal otra extrema derecha

La fundación 'Hay Derecho' ha elaborado un informe en el que señalan infracciones contra el derecho europeo por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Dicen que se abusa del decreto-ley, denuncian la estrecha relación de la fiscalía general del Estado y del Tribunal Constitucional con el ejecutivo progresista al que también vinculan con el Defensor del Pueblo, una figura que se está manteniendo escrupulosamente neutral y que siempre ha sido regulada por las presidencias del Congreso y del Senado. Esa fundación intenta captar socios a través de las redes sociales sin identificar su línea ideológica y ha sido demandada ante la Agencia de Protección de Datos por intromisión en la privacidad. Utilizan un cuestionario en una conocida red social en el que te retan a que demuestres tus conocimientos en materia política. Cuando terminas de rellenar las preguntas, te piden el correo electrónico y, desde ese momento, entras en contacto con la organización mediante mensajes en los que te intentan convencer para que te asocies. Un engaño, otra estafa más que luego utilizan para sus fines políticos próximos a la extrema derecha.

"Hay Derecho no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social". Así de contundente se mostró el Tribunal Supremo sobre la asociación privada que recurrió el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. La controvertida sala de Lo Contencioso Administrativo lo anuló. La sentencia supuso un acicate para la fundación que, ahora, tras esta victoria, tiene vía libre para meter mano en la justicia: recurrir todo aquello que considere recurrible. Incluso hasta el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.

La cabeza visible de la fundación es una abogada del estado en excedencia, Elisa de la Nuez. Dice que su grupo lo forman juristas de gran prestigio y que “colaboran con la Comisión Europea”, aunque tal extremo no ha podido confirmarse en Bruselas. Ningún comisario de la CE dice trabajar estrechamente los miembros de la fundación, ni siquiera en la comisaría de justicia que dirige Didier Reynders. Aun así, en Hay Derecho insisten en que existe la colaboración porque se les ha concedido un proyecto para analizar la protección de los denunciantes de corrupción en el ámbito ibérico, en colaboración con Portugal.  

A partir de 2002 la fundación “se profesionaliza”. Empieza a contratar abogados, notarios, catedráticos de universidad y profesionales del mundo empresarial con capacidad para hacer otras cosas como es “la presentación de recursos procesales”. En Hay Derecho conviven personas como el exsecretario de Estado de la energía en el gobierno de José María Aznar, Nemesio Fernández Cuesta, y ellos dicen que la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien niega cualquier vinculación con este grupo. La única relación que tuvo la jueza fue la concesión de una entrevista a los autores del podcast de la organización.  

“Tenemos personas de ideologías diferentes, aunque nos califican de derechas”, dice Elisa de la Nuez. Antes de la presentación de este informe, su última acción fue la presentación de 100.000 firmas en el Congreso de los Diputados en contra de la amnistía.

Lo que sí es cierto es que la sala de lo contencioso Administrativo la ha legitimado para personarse en la instancia, algo que no ocurre con todos los recurrentes. Sus portavoces advierten que, aunque han sido legitimados, no van a obrar como otras asociaciones, como Manos Limpias y Hazte Oír, sino que administrarán con la prudencia debida, la prerrogativa que les han concedido los jueces.

Lo extraño es que una entidad que dice luchar contra la corrupción no se ha personado en algunos de los casos que se dilucidan en los tribunales de justicia. Recurrieron el nombramiento de Magdalena Valerio porque consideraron que “no es una persona capacitada para ocupar ese cargo al no ser una jurista de prestigio”. Se han movilizado activamente contra la amnistía, como han hecho todos los colectivos de la derecha, y ahora la emprenden con las conexiones que, según ellos, tienen instituciones como el fiscal general del Estado, o el defensor del pueblo.

Ambas figuras están reguladas por la Constitución, sus propios estatutos y las leyes orgánicas que desarrollan su actividad. El fiscal general del Estado está conectado directamente con el gobierno porque es el ejecutivo quien lo nombra. Aun así, en el Estatuto Fiscal se deja clara su autonomía. Tiene un órgano asesor, el consejo fiscal, donde están representadas las asociaciones de fiscales, que actualmente domina la conservadora Asociación de Fiscales. Y el fiscal general del Estado está obligado a escuchar a las juntas de fiscales de sala del Supremo cuando surgen discrepancias como sucedió en el asunto de la amnistía, aunque, eso sí, existe un principio de jerarquización que permite al superior ser el que tenga la última palabra.

En cuanto al Defensor del Pueblo, hasta ahora ninguna institución lo ha cuestionado. Su nombramiento corresponde al parlamento y hasta ahora los grupos representados en las cámaras se han puesto de acuerdo en el candidato a designar. El primer defensor del pueblo fue Joaquín Ruiz Giménez, un político que siempre suscita un elevado consenso entre la izquierda y la derecha. Le sucedió Álvaro Gil Robles, Margarita Retuerto, Fernando Álvarez de Miranda, Enrique Múgica, Soledad Becerril, Francisco Fernández Marugan, y el actual Ángel Gabilondo. Todos ellos personas de diferente ideología pero que siempre han generado gran respeto. Nadie hasta ahora se había atrevido a hablar de ellos como correas de transmisión del ejecutivo.

 

En cuanto al abuso del decreto-ley que denuncia Hay Derecho poco que comentar. Es verdad que en Bruselas ya han dado algunos toques de atención a los ejecutivos españoles por el abuso de esta figura legislativa. Pero no sólo a lo gobiernos de Pedro Sánchez. También abusaron, y de manera escandalosa en ocasiones, los gobiernos de Mariano Rajoy y José María Aznar mientras no tuvieron la mayoría absoluta parlamentaria.

Los portavoces de Hay Derecho dicen no ser de derechas, pero se mantuvieron callados cuando estalló el escándalo del Partido Popular que le costó a Rajoy la presidencia de Gobierno gracias a la moción de censura que presentó Pedro Sánchez. Sus métodos de proselitismo y sus acciones siempre dirigidas hacia la izquierda no demuestran neutralidad política sino todo lo contrario.

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