Los gobiernos del PP claman ahora por refuerzos estatales tras haber recortado durante décadas los pilares del sistema público de prevención. El fuego no sólo arrasa montes: deja en evidencia un modelo político agotado y profundamente insolidario.
España arde, y no sólo por las llamas. Arde por la frustración de quienes ven cómo cada verano se repite el mismo drama, las mismas imágenes de humo y ceniza, los mismos discursos institucionales huecos. Arde por la indignación legítima ante la hipocresía de aquellos que, tras décadas desmantelando lo público, ahora exigen con urgencia lo que ellos mismos decidieron debilitar.
Los datos son demoledores: decenas de focos activos en tres comunidades, más de 50.000 hectáreas arrasadas sólo en Galicia, miles de evacuados, infraestructuras colapsadas, pueblos enteros en vilo. Y en paralelo, los presidentes autonómicos Alfonso Rueda (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) exigen al Gobierno de España la movilización del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Lo hacen con tono grave, como quien denuncia una dejación de funciones... obviando convenientemente que son ellos quienes llevan años dejando sin protección a sus propios territorios.
Un polvorín alimentado por la desidia
Doce incendios siguen activos en la provincia de Ourense, donde la situación es crítica desde hace más de una semana. En Castilla y León, 27 fuegos arrasan zonas rurales sin tregua, con diez de ellos en nivel 2 de emergencia —el máximo—, y otros tantos en niveles de alta peligrosidad. El incendio en Jarilla, Cáceres, ya se califica de “desbocado” por los propios servicios de emergencia. Mientras tanto, el AVE entre Madrid y Galicia permanece suspendido, y numerosas carreteras están cortadas.
El Ministerio del Interior ha informado de 27 personas detenidas y 92 investigadas desde el inicio de la campaña estatal contra incendios. Es un dato preocupante, que revela la dimensión del problema criminal, pero que no puede servir como coartada para esconder el debate de fondo: la responsabilidad política.
Porque los incendios, incluso los provocados, no se expanden por arte de magia. Se propagan cuando el monte está abandonado, cuando faltan brigadas profesionales, cuando no hay cortafuegos ni trabajos de limpieza, cuando se subcontratan servicios esenciales sin garantías, y cuando los recursos no están donde deben estar. En Galicia y Castilla y León, esa es la realidad que los gobiernos del PP han construido año tras año.
El cinismo institucional como cortafuegos político
Durante más de dos décadas, la derecha ha gestionado buena parte del territorio rural español con una lógica mercantil y despectiva. Se ha despreciado la gestión forestal pública, se ha precarizado al personal técnico, se ha externalizado la vigilancia del monte, y se ha ignorado de forma sistemática a los expertos que alertaban de las consecuencias. La prevención no genera titulares. Apagar incendios sí.
Por eso vemos cómo los mismos dirigentes que redujeron presupuestos y debilitaron servicios se colocan frente a las cámaras, apelan al Gobierno central y prometen ayudas inmediatas. Lo hacen con un discurso de “unidad institucional” que pretende borrar años de negligencia estructural y decisiones políticas profundamente erróneas.
Lo que arde no es solo el monte: es un modelo político
El fuego, como la verdad, avanza sin pedir permiso. Y lo que deja al descubierto no es sólo el bosque calcinado, sino un modelo de gobierno agotado, centrado en el rédito electoral inmediato y la propaganda, incapaz de garantizar lo esencial: la seguridad de su gente y la protección de su tierra.
La catástrofe ambiental que estamos viviendo este verano no es un accidente climático, ni una mera consecuencia de pirómanos aislados. Es el resultado directo de una política que ha abandonado el medio rural, ha desprotegido el territorio y ha hecho negocio donde debía haber un servicio público.
España no necesita más discursos. Necesita una reforma estructural en la política forestal, una apuesta real por la prevención, la revalorización del mundo rural y el fortalecimiento de los servicios públicos. Y sobre todo, necesita dirigentes que no se laven las manos cuando el monte arde, sino que estén ahí antes de que prenda.