La disminución del número de personas en espera para recibir atención a la dependencia no ha traído consigo una mejora en los plazos de respuesta. A pesar del descenso del 9,4% en la lista de espera, los tiempos de espera se sitúan en los 338 días, incumpliendo ampliamente el límite legal de 180 días y agravando la situación de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
La reciente presentación del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y el IMSERSO, ha arrojado una fotografía ambivalente del estado actual del sistema de atención a la dependencia en España. Si bien la reducción de la lista de espera en casi 19.000 personas en el último año constituye un avance significativo, este logro se ve ensombrecido por el notable incremento en los tiempos de espera.
El dato más alarmante reside en que las personas dependientes esperan, de media, 338 días para comenzar a recibir los servicios que les corresponden, lo que supone una vulneración explícita del marco normativo que fija un plazo máximo de 180 días. Esta demora, además, ha crecido respecto al año anterior, lo que evidencia que las mejoras en la gestión del sistema no se han traducido en una mayor agilidad del mismo.
Desde el Ministerio, la secretaria de Estado Rosa Martínez ha destacado el aumento en las solicitudes, lo que podría estar ejerciendo una presión adicional sobre los recursos disponibles. Este fenómeno puede explicarse, en parte, por una mayor conciencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía, pero también por el envejecimiento progresivo de la población, que incrementa de forma sostenida la demanda de servicios asistenciales.
El contraste entre la reducción numérica de la lista de espera y el alargamiento del tiempo medio de acceso invita a una reflexión más profunda sobre la eficiencia del sistema y la calidad de la atención prestada. No basta con reducir cifras si el sacrificio lo siguen pagando quienes más necesitan de una respuesta rápida y adecuada del Estado.
En este contexto, resulta fundamental que las futuras políticas no solo aspiren a aliviar las estadísticas visibles, sino también a garantizar el derecho efectivo a la autonomía personal y al cuidado digno. La consolidación del Panel del SAAD como herramienta de seguimiento y transparencia es un paso positivo, pero insuficiente si no va acompañado de una inversión decidida en recursos humanos, infraestructura y digitalización del sistema.
El panorama que se presenta revela un sistema en tensión: avanza en términos de cobertura, pero se resiente en su capacidad de respuesta. Un equilibrio que no puede sostenerse por mucho tiempo sin comprometer el bienestar de uno de los sectores más frágiles de la sociedad.