Si no quiere que se le siga criticando por parcialidad, el instructor del Supremo, Ángel Hurtado, no va a tener más remedio que remitir sus diligencias a la sala de Lo Penal. No hay otra después de haberse sabido que la famosa propuesta de acuerdo presentada por sus abogados a la fiscalía también se había remitido a un abogado del Estado, amigo, y estaba en poder de varios medios de comunicación en febrero, mucho antes de la fecha en la que el juez asegura que se produjeron los hechos por los que se investiga el “no delito”. Hay más todavía, González Amador había difundido correos electrónicos con esos datos privados. En otras palabras, que media España sabía la situación fiscal de la pareja de Ayuso. Si tenemos en cuenta, además, que la sala dejó claro que la nota de prensa de la fiscalía desmintiendo el bulo cuya autoría reconoce el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, no es objeto del delito que se instruye, la causa ya no tiene recorrido jurídico. Es más. Habría que empezar a manejar la posibilidad de que Alberto González Amador y sus abogados estén cometiendo un presunto delito de fraude procesal.
Y hay instituciones que son cómplices de este esperpento de instrucción judicial. Que grupúsculos de extrema derecha como Hazte Oír o Manos Limpias intenten, con esta causa, acorralar al gobierno socialista mediante su fiscal general del Estado es algo lógico sabiendo la instrumentalización de la justicia que está haciendo la derecha conservadora apoyada por los jueces afines. Lo que ya no es de recibo es que reputadas instituciones corporativas como el ICAM, el Colegio de la Abogacía de Madrid, aprovechen esta circunstancia para apuntar en la diana de la fiscalía argumentando que lo que han hecho los miembros del ministerio público es revelar datos protegidos por el secreto profesional. Nadie puede hablar de referencias privadas cuando media España las conocía. Primero a través de la prensa conservadora, y, posteriormente, porque la “víctima” se había encargado de airearlas. Aquí si ha habido alguien capaz de salvaguardar el secreto profesional han sido los periodistas que han testificado ante el juez. Testimonios, por cierto, que el magistrado no ha tomado en consideración precisamente por eso. Porque cuando ha intentado conocer las fuentes, los que les filtraron los famosos correos donde se revelaban los datos personales, se han negado a revelarlas como no podía ser de otra manera. El constitucional secreto profesional está para algo.
Al juez Hurtado no le ha quedado más remedio que integrar en el sumario el dictamen pericial que incorpora el recurso de la Abogacía del Estado sobre un correo remitido el 2 de febrero de 2024 por el letrado de González Amador a un abogado del Estado con la misma información que contenía el correo enviado, diez minutos después, al fiscal Salto, a cargo de la investigación por fraude fiscal contra el novio de Ayuso y del que se ha dado cuenta en Diario16+. Carlos Neira se puso en contacto con un abogado del Estado con el que mantiene una estrecha relación reenviándole su propuesta de pacto que había trasladado al fiscal anticorrupción. Su interlocutor contestó ese mismo día: “buenas tardes, Carlos. Todavía no nos ha entrado el procedimiento. He dejado el aviso para que me lo notifiquen en cuanto llegue”. Minutos antes ese abogado del Estado había escrito a un funcionario para comunicarle la existencia del caso. Eso sucedió días antes de que Miguel Ángel Rodríguez filtrara a la caverna mediática el famoso correo electrónico donde figura la propuesta de acuerdo de conformidad con la conocida apostilla de que el fiscal la había aceptado pero que “desde arriba” se había ordenado rechazarla.
A estas alturas todavía no se sabe muy bien lo que quiso decir el asesor de Ayuso con ese “desde arriba”. En realidad, la declaración de MAR fue mas bien una pantomima del juez. El magistrado Hurtado, si lo que quiere es indagar lo que había sucedido en torno a los datos del empresario, novio de Díaz Ayuso, debería haber profundizado en este testimonio. Pero no lo hizo. Y encima, en los autos que ha hecho públicos, dice considerarlo “irrelevante para la instrucción” cuando en realidad es la clave de todo lo que sucedió.
Si la caverna mediática no hubiese publicado ese bulo, García Ortiz no tendría que haber intervenido con la nota que, reconoce, hizo pública el 18 de marzo de 2024, una nota que los jueces de la sala de Admisiones del TS considera legal pero que Hurtado insiste en añadir al pliego de acusaciones en el sumario contra el fiscal general del Estado.
Pero es que hay más. El documento reservado, presuntamente divulgado por los fiscales investigados, García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, estaba en poder de diversos medios de comunicación con anterioridad a que ambos tuvieran conocimiento del mismo. La defensa de los imputados concede a esta circunstancia una “indudable trascendencia” porque “en la querella y sucesivos escritos procesales” de la pareja de Ayuso, “no se ha hecho referencia a que un correo similar, o idéntico, al enviado a la fiscalía había sido remitido el mismo día a la abogacía del Estado, lo que debería ser objeto de explicación”.
Y esta es la nueva clave de la investigación. Porque, si esto acaba por constatarse, se habría producido una presunta mala fe procesal y entonces no sólo el Supremo tendría que archivar la instrucción abierta contra Rodríguez y García Ortiz, sino que habría que deducir testimonio por un posible delito de denuncia falsa.
Alberto González Amador debería saber que con los jueces no se juega por mucho que tenga de su parte a un magistrado como Ángel Hurtado que está en el Supremo por la gracia del dedo de ese presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que dedicó todo su mandato a llenar la corte suprema de jueces proclives al PP y que sigue siendo recordado por su negativa a imputar al Partido Popular como responsable en una de las piezas del caso Gürtel.