Se veía venir. En Diario16+ ya habíamos avanzado la posibilidad de que Juan Carlos Peinado intentase imputar a Félix Bolaños. Su personalidad lo hace previsible. Es un juez que comete errores de bulto como por ejemplo cambiar la condición de testigo a investigado a las personas que interroga cuando no puede hacerlo de la forma en que lo hizo. El problema del titular número 41 de Madrid es su ansia de notoriedad. Cuando fue a interrogar a Félix Bolaños lo primero que pidió es una tarima para situarse por encima de la persona que iba a testificar. Eso no lo hace alguien en sus cabales por muy juez que se crea. Por cierto, hay que insistir en que accedió al puesto procedente de una secretaría de ayuntamiento. Pero eso es sólo anecdótico si como aquí mismo pregonamos lo que se pretende es que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de acceder a la carrera judicial.
A Peinado le rondaba por la cabeza su intención de pedir al Supremo la apertura de diligencias previas contra Bolaños con el riesgo que supone acabar por perder toda la instrucción, algo que no quiere ni de broma. Su estrategia es muy parecida a la que llevaron a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La sala de admisiones de Lo Penal del TS debe decidir si abre diligencias previas al ministro. En caso afirmativo debe nombrar un instructor. A Peinado le gustaría que fuese Ángel Hurtado que queda prácticamente libre después de procesar a García Ortiz y convertir el sumario del fiscal general del Estado y la fiscala jefa de Madrid en procedimiento abreviado. Poco trabajo le queda por hacer y su perfil es el ideal para la derecha judicial que lograría, de esta manera, apuntar directamente en la línea de flotación de Pedro Sánchez.
Lo que ocurre es que esto es muy diferente a lo que está ocurriendo ahora mismo con el caso Ábalos, Cerdán y Koldo. Aquí no hay informes de la UCO, ni nada que se le parezca. Los hechos están claros y los expertos juristas consideran que tienen escaso recorrido jurídico.
Primero, en su exposición razonada, Peinado habla de falso testimonio. Se veía venir porque el juez salió algo más que cabreado del interrogatorio al ministro. Se nota claramente en la transcripción a la que han tenido acceso los medios de comunicación. Al juez le falta sólo decir “mientes Félix y tú lo sabes”. De entrada, más que un compendio de preguntas y respuestas de un juez parece el examen policial a un detenido. Es cierto que el testigo tiene la obligación de decir la verdad. El artículo 458 del Código Penal y la Lecrim así lo estipulan. Pero el Tribunal Supremo ha aclarado, en varias sentencias, que esa obligación hay que ceñirla a la fase de juicio oral y no a las preliminares. Que a Peinado le sentó muy mal la actitud de Bolaños lo transmite en la exposición razonada: “ha omitido con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía, cuando se le han hecho preguntas como testigo y bajo juramento”. El magistrado no tiene en cuenta que esas “evasivas” son muy utilizadas en los procedimientos judiciales bajo la contestación de “no recuerda”, “no sabe” o simplemente la callada por respuesta. Y nunca se lleva a juicio a las personas que así contestan, incluso en vista oral.
La otra línea de actuación que describe el juez es la de la malversación de caudales públicos. Y se basa en que Bolaños fue el que propuso el nombramiento de Cristina Álvarez, la asistenta de Begoña Gómez a la que acusa de haber llevado a cabo gestiones ajenas a las que corresponden a una asesora retribuida con dinero de los presupuestos del Estado. El juez parece olvidarse de que ya hay sentencias firmes en las cuales se considera que no es reprochable penalmente el acto de un asesor que, por motivos de amistad, efectúa tareas ajenas a su función pública, ese fue el caso de una asesora de Irene Montero a la que se acusó de ser la niñera de sus hijos cobrando sueldo público.
Pero es que hay más, tal y como señalan expertos jurídicos. Si se aceptan los fundamentos de Peinado de responsabilizar penalmente a los que nombran a personas que acaban por ser imputadas de delitos, podríamos encontrarnos con paradojas tan alucinantes como que el rey Felipe VI es imputable penalmente por haber “nombrado” (el rey firma los nombramientos igual que el ministro lo hace con los mandos intermedios de su departamento) fiscal general del Estado a Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos.
Como viene siendo costumbre en el juez Peinado, sus argumentos carecen de la lógica judicial suficiente como para que sean tomados en consideración. La Audiencia de Madrid le ha llamado al orden en casi la mitad de la instrucción del caso Begoña Gómez. Le ha desautorizado por imputar al rector de la UCM, Joaquín Goyache, y al CEO del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, que mantuvieron la condición de investigados durante más de seis meses “sin que hubiese indicios suficientes” según sus superiores. Le ha prohibido que siga instruyendo el rescate de Air Europa, pero sigue manteniendo sus actuaciones. Y, hasta el momento, no ha podido demostrar nada de lo que le llevó a abrir las diligencias previas gracias a una denuncia basada en recortes periodísticos.
Hay quien dice que Peinado “va de pesca”. Rebusca en un lado y en otro con la intención de pillar al pez gordo. Pero en esta ocasión de poco le va a servir porque si logra que el Supremo se haga cargo de la causa, no se llevará los galones, será otro, un magistrado del estilo de Ángel Hurtado. Pero eso es lo que quiere porque su ideología y su conciencia le dice que hay que machacar como sea a este gobierno, aunque no encuentre motivos para hacerlo. Y luego dicen que no hay lawfare. Que es una “trola” como dice García Castellón.