Aquel que piense que el independentismo o el nacionalismo catalán son un ente homogéneo, como pretenden hacer ver a la ciudadanía española tanto el Partido Popular como Vox, es que es un analfabeto político de categoría Premium. Convergencia Democrática de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya son partidos absolutamente antagónicos, tanto en sus orígenes como en sus posiciones ideológicas. Mientras que los dos primeros, que convivieron coaligados en CiU durante muchos años, son la representación política de la burguesía catalana, ERC, además de ser el partido tradicional del independentismo, tiene un ideario de claro sesgo progresista.
A pesar de que CiU desapareció de la primera línea política durante el procés, fagotizada por la figura de Carles Puigdemont, ha seguido manteniendo poder dentro de las instituciones catalanas. Es más, lo está ejerciendo en contra de la estrategia de gobierno de ERC y de Pere Aragonès.
Diario16 ha tenido acceso a una serie de documentos que demuestran cómo esos rescoldos convergentes están maniobrando desde el interior de la propia Generalitat en contra de la línea ideológica de Esquerra en lo referido a las acciones contra las cláusulas abusivas de los bancos.
El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha sido perfectamente informado de lo que está ocurriendo en el seno de su administración. Un documento, al que ha tenido acceso Diario16, señala directamente que no se entiende «qué gana la administración catalana, en concreto la Agencia Catalana de Consumo, apoyando las actuaciones de abuso bancario y provocando la pérdida de viviendas de los ciudadanos de ese país. Es más, no entendemos qué modelo de sociedad quiere su gobierno. Creíamos que la soberanía real se basa, de entrada, en una soberanía social y económica. Es decir, en ciudadanos propietarios de una vivienda que les ha costado Dios y ayuda financiar, no en ciudadanos ‘despatrimoniados’ mediante abusos, fácilmente coaccionables y con riesgo de vivir en la calle en tiendas o caravanas, como es el modelo de algunas ciudades norteamericanas».
Quien remite esta comunicación al presidente catalán son afectados por uno de los productos más tóxicos que ha podido comercializar la banca española: las hipotecas de cuota creciente. Este producto fue vendido en los años álgidos de la burbuja inmobiliaria (2004-2008) y estaba dirigido, sobre todo, a gente joven que acababa de acceder al mercado laboral. Hay que recordar que en esos años, ser mileurista era un estigma porque los salarios eran bastante superiores a los que se cobran ahora.
Este producto es tan complejo que ni siquiera los directores de las oficinas bancarias saben cómo se calcula. Además, según se indica en el documento, existen resoluciones del Banco de España que certifican esta toxicidad.
Además, muchos de estas hipotecas están referenciadas al IRPH, lo que agrava aún más el problema. El documento que se le ha hecho llegar a Pere Aragonès es una muestra de cómo la Agencia de Consumo de Cataluña, al mando de cargos convergentes ha planteado una política favorable a los bancos y contraria a la que se puede esperar de Esquerra Republicana.
En marzo de 2015, durante la administración de Artur Mas, los afectados por el IRPH informaron al Síndic de Greuges la comercialización por parte de la banca con publicidad engañosa. El Defensor del Pueblo catalán publicó un informe durísimo en el que se reclamó la retirada del IRPH y remitió a la Agencia Catalana de Consumo una denuncia por publicidad engañosa.
Unos meses después, en julio, los afectados interpusieron en la misma Agencia otra denuncia por publicidad engañosa y abuso del IRPH aportando actas notariales que demostraban el engaño. A pesar de las evidencias y de las gravísimas irregularidades de entidades como Ibercaja, no se realizó ninguna actuación, lo que dio como resultado la prescripción de las faltas graves cometidas por los bancos. El director de la Agencia era Alfons Conesa, que tuvo que dimitir por un escándalo relacionado con la concesión de una subvención a un pariente.
Según el burofax enviado a Pere Aragonès, en 2016, siendo directora de la Agencia Catalana de Consumo la señora Montserrat Ribera i Puig, los afectados por el IRPH mantienen diferentes reuniones en las que se indica que el tema del diferencial negativo es clave, al igual que la omisión de información, y reclaman el análisis de las pruebas sobre publicidad engañosa que la propia directora señaló, en sede parlamentaria, que estaban en posesión de la Agencia.
Ribera i Puig, a pesar de lo anterior, no sancionó a los bancos, además de negarse «a tratar estos temas y paga un informe de 10.000 euros que, a día de hoy, ha tenido una trascendencia fácilmente evaluable: ninguna. Igualmente, se deja correr el plazo de prescripción de las infracciones en publicidad engañosa y se solicita a las entidades que la retiren […] La directora manifiesta que no tiene recursos para analizar las cajas de publicidad, pero ante el ofrecimiento de los afectados a hacerlo de forma gratuita, ella les niega el acceso», afirma el documento.
En 2018, estando ERC ya en el gobierno, un afectado por el IRPH pidió acceso a esa documentación. Sin embargo, la Agencia Catalana de Consumo le entregó 2 folios en los que se señalaba que esas cajas no existían, a pesar de lo indicado en sede parlamentaria por la anterior directora de la Agencia.
En contraposición, en Baleares, la Dirección General de Consumo, liderada por Félix Alonso, sanciona a dos entidades financieras por publicidad engañosa y publica una serie de informes que, en la actualidad, son elementos clave analizados por la Justicia Europea para determinar la nulidad de este índice abusivo.
En 2022, ya con Pere Aragonès como president de la Generalitat, los afectados por las estafas y los abusos bancarios ponen de manifiesto ante la Agencia Catalana de Consumo «la ironía de que todo el equipo que ha hecho posible los progresos contra el abuso bancario sea de Cataluña y, en cambio, hayan tenido que acudir a la administración balear para conseguir que se les haga caso. Piden actuaciones en tema de préstamos sin fórmula (cuota creciente ajustable, cuota real)». La Agencia acordó con los afectados no repetir los errores del pasado y mantener nuevas reuniones para realizar un informe equivalente al de la Dirección General de Consumo de Baleares.
Sin embargo, no se ha hecho nada y, por supuesto, no se ha convocado a los afectados por cuota creciente ajustable y cuota real, que están sufriendo una subida abusiva de los recibos mensuales de sus hipotecas sin ningún tipo de protección por parte de una administración, como es el Govern de la Generalitat, que debería, por ideología, tener más sensibilidad que Convergencia i Unió.
En todo este proceso hay un nombre que está ahí y que hasta los últimos tiempos no ha tenido relevancia: Albert Melià Roset. Durante todo el proceso que se señala en el documento remitido a Pere Aragonès, este hombre, muy cercano a Convergencia, ha sido el subdirector de la Agencia hasta el mes octubre de 2022.
Los afectados reclaman al president de la Generalitat que, ante la situación de inacción y con la comparación con lo que ha sucedido en Baleares, se retiren las competencias de protección a los consumidores a la Agencia cuando se trate de abusos bancarios y que puedan recibir la protección de otras agencias de otras comunidades autónomas que sí defienden a las familias que son víctimas del abuso bancario.
Pere Aragonès y Esquerra Republicana de Catalunya tienen en la mano actuar. No se puede afirmar, como hace Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, de que son un partido de progreso y que defienden a los más vulnerables, si en el interior de su administración tienen «topos» que siguen actuando como diques de contención en favor de los poderosos.