El borrador de sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía no se pronuncia sobre el delito de malversación. Los condenados del procés por ese delito deberán esperar a que la corte de garantías se pronuncie, pero eso puede tardar, todavía, algún tiempo, porque según dicen en la sede de Doménico Scarlatti, primero se analizarán los recursos presentados por las comunidades autónomas y las cuestiones de inconstitucionalidad. El principal acusado es Carles Puigdemont cuya orden de busca y captura dictada por el juez Llarena sigue vigente. El expresident estudia cual va a ser la fórmula que va a emplear para exigir la aplicación de la ley con la sentencia que, probablemente, se aprobará este mes de junio. Hay expertos juristas que ven muchas posibilidades de que al Supremo no le quede más remedio que ejecutarla. Pero, hoy por hoy, sólo se puede especular. La sala de Lo Penal es la instancia más beligerante contra la medida de gracia y busca todos los resquicios que le confiere la ley para evitar eso que busca el líder independentista: volver a Catalunya en olor de multitudes y con todas las garantías de que no va a ser detenido. El que fue su segundo en el procès, el dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, tiene abierto un camino mucho más sencillo. Sólo está condenado a inhabilitación por malversación de caudales. Y, sin entrar en el fondo de la cuestión, que eso lo deja para el TC, ha pedido el indulto parcial. El gobierno estudiará, según señalan fuentes de Moncloa, la petición entre este mes de junio y julio. Y, muy probablemente accederá a concedérselo por lo que el líder de ERC podrá recuperar su actividad pública que la condena le impide hasta 2031.
En Esquerra Republicana han preparado esta contingencia porque se esperaban lo que al final ha sucedido. El Constitucional deberá pronunciarse, más tarde que temprano sobre si la tesis del Supremo encaja dentro de la Carta Magna. El alto tribunal entiende que en la malversación por la que se ha condenado a Junqueras, Romeva, Bassa y Turull, hubo enriquecimiento personal porque financiaron los actos independentistas, el referéndum, las acciones exteriores, papeletas, urnas y demás movilizaciones de recursos, con dinero de la Generalitat y debían de haberlo hecho aportando su patrimonio. La LOA es clara al respecto. No se incluyen las malversaciones que hayan supuesto enriquecimiento personal y los jueces de la sala de Lo Penal se agarran a ello para negarse a aplicarla en estos casos que no sólo afectan a los líderes sino a otros altos cargos del gobierno catalán de la época pendientes de una resolución definitiva.
Incluso, la sala de Lo Penal se muestra contraria a la concesión de otro indulto a Junqueras. Los jueces consideran que “el carácter parcial de indulto concedido por el Gobierno, que extinguió las penas de prisión, era consecuencia obligada del informe negativo a su concesión emitido por la Sala, lo queimpedía un indulto total de acuerdo con la ley”. En otras palabras, los magistrados creen que un primer indulto parcial cierra la puerta al segundo. El dirigente soberanista ya fue perdonado de los delitos por los que estuvo encarcelado cuando el gobierno modificó el Código Penal reformando las figuras de sedición y rebelión. Además, el tribunal considera que conceder un segundo indulto "vulneraría de forma flagrante la prohibición legal. Se abriría así una indisimulada vía de interferencia gubernativa en las resoluciones judiciales firmes que permitirían convertir en total lo que el legislador ha querido que sea parcial". Y que “no puede ser el fruto de una fragmentación de la condena que, mediante la acumulación de sucesivas solicitudes de indulto, eluda la prohibición legal. El encadenamiento de peticiones de indulto por los mismos hechos delictivos no puede servir de excusa para eludir los límites impuestos por la ley".
La reacción de la sala de Lo Penal era de esperar. Por mucho que digan, los magistrados son conscientes de que, tarde o temprano, los líderes independentistas que condenaron en un juicio que algunos expertos consideran no llegó a celebrarse con todas las garantías, acabarán siendo perdonados y recuperarán sus derechos ciudadanos. Al que más le interesa es al propio Junqueras que tiene problemas en el seno de su formación y mientras esté inhabilitado no puede solucionarlos.
Pero, además, se va a dar una situación difícil de resolver. Si Junqueras recupera sus derechos ciudadanos y la situación de Puigdemont sigue bloqueada el enfrentamiento en el seno del independentismo catalán está asegurado. Los abogados del expresident confían en revertir la situación si “alguien” logra influir en el seno del Tribunal Constitucional para que, antes de resolver los recursos de las autonomías, se pronuncien sobre el amparo que ha solicitado. Algo que sería muy difícil de entender en un momento en el que la situación política está muy crispada y la derecha ataca a la corte que preside Conde-Pumpido por entender que está al servicio de Moncloa.
Carles Puigdemont debe entender que no es fácil retorcer las leyes para arreglar su situación. El mismo se la buscó cuando decidió huir a Bélgica mientras el resto de sus compañeros eran encarcelados. Ahora, ellos pueden acogerse a los resquicios que la ley les confiere para intentar recuperar todos sus derechos, incluso esos que, de momento, la amnistía no les incluye. Pasaron por la prisión, fueron indultados, la amnistía ha borrado casi todas sus responsabilidades y ahora, hasta que se pronuncien las instancias jurídicas, algo que tardará un buen tiempo, se aferran a unas vías que les permiten normalizar su situación. El no puede. Es un prófugo de la justicia. La única solución, a corto plazo, pasaría por entregarse y esperar acontecimientos, algo que se antoja muy difícil por no decir que imposible conociendo la personalidad del expresident.