Se dice que el grupo de policías auspiciado por el Ministerio del Interior en la época en la que estaba al frente Jorge Fernández Díaz tenía como objetivo neutralizar al independentismo catalán. Es lo que se ha llamado “la operación Catalunya” investigada, en estos momentos, en el Congreso de los Diputados. Pero ahora se ha descubierto la existencia de las operaciones “Bolívar y Venus” llevadas a cabo por la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional, con las cuales se intentó demostrar la existencia de financiación ilegal a Podemos por parte del gobierno de Hugo Chávez. Ha sido una inspectora, que aparece en el sumario que tramita el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional bajo el nombre de Silvia, la que ha confesado haber viajado a Estados Unidos por orden de un superior, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los sospechosos que ser el mando de la brigada patriótica, para interrogar al exministro de finanzas chavista, Rafael Isea, quién dijo tener pruebas de que el presidente venezolano, en persona, firmó pagos por más de 7 millones de euros a la fundación CEPS, en la que habían estado vinculados los fundadores de Podemos.
La ocultación de esos ingresos a la Hacienda pública constituía el verdadero interés de los policías quienes se comprometieron con Isea a darle refugio, a él y a su familia, en España. Eran los últimos días del Partido Popular en el gobierno y se fraguaba una coalición progresista formada por el PSOE y Podemos. Fuentes Gago habría dicho, en una conversación cuya grabación obra en poder del juzgado, que “si evitamos que Podemos llegue al gobierno, mejor para todos”. Y la mejor prueba era la declaración del ministro chavista. CEPS son las siglas del Centro de Estudios Políticos y Sociales, una organización política no adscrita a ningún partido, pero que se declara “de ideología anticapitalista”. En ella participaron los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Iñigo Errejón, y Carolina Bescansa.
La conexión era perfecta y así se lo hicieron saber los policías a la fiscalía de la Audiencia Nacional. Los representantes del ministerio público calificaron de inconsistentes esos indicios y descartaron la presentación de una querella. Daba igual, la policía política utilizó otro método: filtrar la información a la prensa. Y así se hizo. El medio conservador, ABC, publicó las declaraciones de Isea a los policías. Dos años después OK Diario y El Confidencial insistieron en este testimonio del que se levantó un acta que obra en poder del juez Santiago Pedraz
Silvia, la inspectora de la UDEF que ha efectuado esa confesión ante el magistrado, ha declarado, también, que, de vuelta a España, se consultaron bases de datos reservadas. Esa utilización, fraudulenta, es la que ha servido para la presentación de la querella de Podemos contra la policía. En estas diligencias ya están imputados el que fue secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, José Ángel Fuentes Gago y el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, el número tres del Ministerio que aparece implicado en otras operaciones que instruye el juzgado número 6 de la AN, la Tándem, donde el principal investigado es el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Al final habrá que dar la razón a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero los cuales pidieron al titular, entonces, del juzgado número 6, el hoy ya jubilado Manuel García Castellón, que abriese una investigación sobre estos hechos y mas concretamente sobre el denominado “informe PISA”, (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). El magistrado rechazó la apertura de la pieza separada solicitada por los dirigentes morados. Es más, tuvo que archivar la instrucción que había abierto contra ellos por órdenes de sus superiores de la sala de Lo Penal quienes, en un auto, llegaron a calificar de “prospectiva” dicha investigación.
Lo cierto es que las actividades de la llamada brigada política o patriótica, traspasan las ya conocidas sobre el independentismo catalán para alcanzar a Pablo Iglesias y su grupo. Los hechos tuvieron lugar a solo un mes de la celebración de las elecciones generales. En grabaciones que obran en poder del juez, el secretario de estado para la Seguridad, Francisco Martínez, ordena el espionaje y el análisis minuciosos de los informes de la base de datos de los 69 diputados de Podemos a un comisario, Francisco García Castaños. Según se desprende de esas grabaciones, García Castaños no encontró gran cosa, “si acaso la relación personal de algún diputado con exmiembros de ETA”. Y ahí se acabó todo.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se tendrá que sentar en el banquillo acusado de haber inspirado la creación de esa brigada patriótica cuya conexión con la UDEF deja a esta unidad en mal lugar. Encargada de investigar los casos de corrupción, casi siempre bajo las órdenes de un juez, ha sido cuestionada en anteriores ocasiones. Algunos de sus miembros han elaborado informes que los jueces han tenido que rechazar por su contenido contradictorio.
Y su credibilidad va a peor. A su inspector jefe, Óscar Sánchez Gil, se le ha encontrado 20 millones de euros escondidos en su residencia particular procedentes del narcotráfico. La unidad de Asuntos Internos investiga cuanto tiempo habría estado colaborando con entramados delictivos, y sospecha que llevaría al menos cinco años, ya que antes de llegar a la UDEF fue el máximo responsable de la UDYCO, la unidad de lucha contra el narcotráfico. Aprovechándose de su cargo,habría creado vínculos con los delincuentes y, posteriormente, habría colaborado en el blanqueo de capitales al pasar a la UDEF.
Por este motivo y por algunos más, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional se encuentra bajo sospecha. Su vinculación con la brigada política creada en la época de Rajoy parece cada vez mas evidente. Un grupo que, como se está comprobando, tenía un objetivo: acabar con todo aquello que hiciera sombra al gobierno del PP. Y el Partido de Pablo Iglesias estaba alcanzando una importante relevancia en la vida política del país. Ya no sólo eran los independentistas catalanes, también “los antisistema” que “ponían en peligro la patria”. Ahora todos estos implicados deberán pasar por el juzgado.