Al juez García Castellón le ordenaron sus superiores de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional que archivase las diligencias que llevaba a cabo sobre una presunta financiación de Podemos por parte del régimen bolivariano de Venezuela. Calificaron de “prospectiva” esta investigación. Pero este asunto no iba a acabar así. Muy cerca de allí, en otro despacho situado en la misma planta del edificio de la calle Génova, su compañero, Santiago Pedraz, titular del número 5, investiga la guerra sucia que llevó a cabo lo que se llamó en su día “la policía patriótica” contra la formación morada y, en especial su dirigente y fundador Pablo Iglesias, y el Centro de Estudios Políticos y Sociales, una organización no adscrita a ningún partido, aunque estrechamente vinculada a la izquierda.
La policía política, creada en la etapa de Mariano Rajoy por los altos cargos del Ministerio de Interior al frente de los cuales se encontraba Jorge Fernández Díaz, filtró una transferencia del Euro Pacific Bank Limited de 272.000 dólares a una cuenta en el paraíso fiscal de la isla Granadinas a nombre de Pablo Iglesias. El dinero procedía del gobierno de Venezuela. El banco desmintió la operación que había sido revelada por un ciudadano venezolano, Carlos Arias, afincado en España, quien insiste en la veracidad de los documentos obtenidos, según él, a través del servicio secreto cubano.
Arias conseguiría, poco después, el permiso de residencia en España. El entonces secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, en un documento con su nombre y firma, fechado el 11 de abril de 2016, “aprecia razones de colaboración con las autoridades policiales” para conceder el permiso de residencia por un año al confidente. La filtración de esta “transferencia” dio origen a lo que en la prensa de derechas llaman el “informe Pisa”, donde se intenta demostrar la financiación irregular de Podemos. Este informe, publicado por OK Diario y El Confidencial, también está siendo investigado en el sumario del juez Pedraz. Un documento parapolicial que nunca pasó el filtro de los tribunales, si bien su confección estaba dirigida a que fuera publicado en prensa.
De momento, Pedraz sólo ha imputado al secretario de Estado, Francisco Martínez, al director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, y a otros altos cargos policiales. Y ha llamado a declarar, en calidad de testigo, al comisario jubilado Emilio Baos, entonces responsable de extranjería, para explicar las circunstancias en las que se dio al confidente venezolano el permiso de residencia. Martínez y Pino están acusados en el caso Villarejo donde también se investigan las actividades de ese grupo policial. En la pieza, ya cerrada, que instruyó García Castellón aparece un acusado relevante que se tendrá que sentar en el banquillo, junto a ellos, el ministro Jorge Fernández Díaz. Y aquí está ocurriendo como pasó con los GAL y “el señor X” a finales del siglo pasado, que nadie entiende como Mariano Rajoy, en calidad de presidente del gobierno, no estaba enterado de las actividades ilícitas que llevaban a cabo desde el departamento de Interior.
Hasta ahora, las investigaciones judiciales de la policía política se habían centrado en las actividades que llevaban a cabo para desprestigiar a los independentistas catalanes, En un juzgado madrileño, el número 13, se admitió a trámite una querella del expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien se pasó 21 meses acusado de unos delitos de los que, finalmente, fue absuelto, contra el comisario José Manuel Villarejo, el inspector jefe de la UDEF de la policía nacional, Alberto Esteve, el exinspector de ese cuerpo, Antonio Giménez Raso, y el agregado del FBI en la embajada de Estados Unidos en Madrid, Marc Varri. A todos ellos les señala por su participación en la confección de informes supuestamente falsos que sirvieron, entre otras cosas, para acordar la prisión provisional del empresario.
El asunto ha sido incluido dentro de las actividades de la “brigada patriótica”. La llamada “operación Kitchen” se encuentra en fase de procedimiento abreviado. En ella, el grupo policial intentó destruir pruebas de la existencia de la caja B del Partido Popular. Se encuentra acusado el exministro, Jorge Fernández Díaz, quien, salvo que algún milagro lo remedie, se sentará en el banquillo cuando la sala señale el correspondiente juicio oral. García Castellón no quiso ir más lejos y entrar en la guerra sucia contra Podemos. Sí lo ha hecho su compañero Santiago Pedraz a raíz de una querella presentada por Pablo Iglesias y la formación morada. Pero Pedraz, de momento, no ha querido profundizar en el asunto a pesar de que han pedido la investigación de Fernández Díaz, y del que fue su director general de la policía, Ignacio Coisidó.
Entre otras pruebas obtenidas figura una conversación del secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, con el comisario de policía, Enrique García Castaño, en la que le pregunta si se han encontrado antecedentes policiales en los dirigentes de Podemos. La contestación fue negativa y el comentario del alto cargo no merece la pena trascribirlo aquí. El lector ya se figurará.
Las acciones de la policía política se estaban llevando a cabo justo cuando PSOE y Podemos negociaban el gobierno progresista. Ningún juez ha querido entrar en ellas salvo Santiago Pedráz, obligado, eso sí, por una querella que ha tenido que ser admitida a trámite. El grupo de asuntos internos de la policía dio carpetazo de las denuncias y la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, quedó desprestigiada tras conocerse que había elaborado informes sin fundamento.
Afortunadamente, la famosa brigada política del PP ya ha sido desarticulada por Fernando Grande-Marlaska. Y sus inspiradores y dirigentes se encuentran al borde de ir a la cárcel acusados de organización criminal, entre otros delitos. Eso si no ocurre lo que pasó con la investigación de García Castellón. El juez le dio la vuelta y, en lugar de buscar indicios de actividades delictivas en la policía se dedicó a perseguir a los fundadores de Podemos, Iglesias, Monedero y otros, porque consideró que habían captado dinero de forma irregular. Menos mal que los superiores del magistrado le enmendaron la plana y todo acabó ahí. Pero las investigaciones sobre los turbios manejos de la policía política en tiempos de Rajoy están lejos de concluir en un archivo de sumario. Al menos eso es lo que se espera de los jueces de la Audiencia Nacional.