Isabel Díaz Ayuso es una defensora radical de un modelo de política fiscal basado en la práctica supresión de la recaudación de impuestos. Ella es una ultraliberal muy del corte populista de Javier Milei y las consecuencias de este tipo de políticas son trágicas para las clases medias y trabajadoras.
Según datos del Ministerio de Hacienda, el tramo autonómico de Madrid incrementó su recaudación en 897 millones de euros en el ejercicio 2022. Todo ello a pesar de la deflactación del IRPF, es decir de la bajada de impuestos.
Estas cifras alimentarían a aquellos que siguen creyendo en el mantra neoliberal de que las rebajas impositivas derivan en un mayor crecimiento económico. Lo que realmente generan es un incremento de la deuda pública y de la desigualdad.
El análisis de la evolución del endeudamiento de la Comunidad de Madrid es significativo. Isabel Díaz Ayuso llegó al gobierno en el año 2019. En ese ejercicio, el total de la deuda pública madrileña estaba situado en 33.469 millones de euros. En el segundo trimestre de 2024 supera los 38.000 millones, es decir, un 13% más de endeudamiento público. Si extendemos el análisis de las cifras a los años de gobierno del PP, partido defensor de las teorías neoliberales más radicales, el endeudamiento ha pasado de 2.806 de 1995 a los 38.405 millones actuales.
Sin embargo, no es sólo Ayuso. En los últimos años se ha visto cómo todos los que han aplicado este tipo de políticas fiscales, que sólo benefician a las grandes fortunas y las grandes corporaciones, han fracasado, provocando consecuencias crueles que, finalmente, pagan los ciudadanos de las clases medias y trabajadoras. Mientras los beneficios de las empresas y de sus principales accionistas se disparan, el empleo es de peor calidad, los salarios son más precarios y los servicios públicos no tienen capacidad económica para asumir sus responsabilidades con el bienestar de la ciudadanía.
Donald Trump, con sus leyes fiscales de 2017, provocó un agujero de más de 6 billones de dólares, además de llevar a Estados Unidos, principal potencia económica del mundo, al borde del default. Lizz Truss, en Reino Unido, provocó exactamente lo mismo y el país se salvó de la quiebra sólo por la intervención del Banco de Inglaterra, es decir, del dinero público.
Los defensores de estas prácticas de reducción radical de impuestos afirman que así se genera crecimiento económico. Esto es falso y los hechos están ahí para demostrarlo, sobre todo en un modelo en el que prima la especulación por encima de la producción como motor de la economía.
Desde la llegada al poder de dos personajes tan terribles como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, las reducciones reiteradas de impuestos promedio que pagan los ricos han contribuido de manera directa a aumentar la desigualdad de ingresos. Estas reducciones impositivas, que se venden bajo el mantra de «el dinero mejor en el bolsillo del ciudadano que en el del Estado», benefician desproporcionadamente a los individuos más ricos, aumentan la deuda y dejan menos recursos para programas públicos que podrían ayudar a miles de millones de personas. Además, también daña al sistema democrático.
Las políticas de restricción fiscal, que finalmente sólo benefician a los poderosos, provocan que éstos tengan más dinero para gastar en exhibir su influencia política. Esta concentración de poder permite que una pequeña élite moldee las políticas a su favor mientras deja de lado el interés público más amplio.
Esa desigualdad fomenta la división social. A medida que la riqueza se concentra cada vez más, la confianza pública en los gobiernos se erosiona y la cohesión social se debilita. Las personas se sienten marginadas y alienadas, percibiendo que el sistema está manipulado en su contra. Esto conduce a una mayor polarización y al conflicto.
Es un hecho que la creciente desigualdad de ingresos es una de las causas fundamentales que ha intensificado la polarización política, en parte al alinear a los partidos políticos con bases cuyos intereses económicos parecen cada vez más divergentes. Este es un problema mundial, como se pueden observar en la campaña de los Estados Unidos y en los resultados de las pasadas elecciones europeas.
Entonces, si el sistema neoliberal es fallido y la subida de impuestos tampoco se ha mostrado efectivo en la realidad actual, ¿qué funciona? En primer lugar, no se trata de «crujir» a los ricos a impuestos sino que aporten lo que les corresponde, con exenciones finalistas que tengan un efecto real en la vida de las clases medias y trabajadoras. Un sistema tributario más equitativo garantiza que todos los ciudadanos tengan una participación justa en la prosperidad de un país. Es decir, que los resultados macroeconómicos tengan un reflejo real en el bienestar de la ciudadanía.
Una tributación progresiva, no confiscatoria, ayuda a financiar de manera efectiva los servicios públicos esenciales. Al reducir la desigualdad, se fomenta una sociedad más inclusiva en la que los ciudadanos se sienten partícipes de los beneficios en su justa medida.