De momento, pretenden controlar la comisión de Asuntos Jurídicos del nuevo Parlamento Europeo, pero van más lejos. Dentro de la negociación que se llevará a cabo, pretenden obtener la comisaría de Justicia. Su control es clave en un momento en el que las instancias comunitarias deberán pronunciarse sobre la ley de amnistía. Y ya se sabe que Alberto Núñez Feijóo juega fuerte en lo que al pronunciamiento de Bruselas se refiere. Da prácticamente por hecho que el Tribunal Constitucional avalará la norma y entonces sólo quedarán los recursos que se presentarán ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE. Pero todavía quiere ir más lejos y busca un pronunciamiento contrario de la Comisión Europea. Pero es que, además, hay otro trasfondo mucho más importante: controlar la comisaría de Justicia significaría machacar toda posibilidad de acuerdo en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El control de la comisaría europea de Justicia sería ideal para la derecha judicial española. Significaría acabar con las pretensiones que tiene el gobierno español de reformar la ley orgánica del Poder Judicial en el sentido de modificar la mayoría parlamentaria para designar a los vocales y acabar, de una vez por todas, con las pretensiones de reforma del resto de los aspectos judiciales de este país como es la fiscalía general del Estado y el Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, nada de cambiar la ley de Enjuiciamiento Criminal, para que sea el ministerio público el encargado de investigar las denuncias y querellas que se presenten en los juzgados. Los jueces son los jueces y la mayoría de ellos se están pronunciado a favor de su protagonismo porque consideran, como ocurre con el caso de Juan Carlos Peinado, que los fiscales “son espías al servicio del gobierno”. La batalla contra Álvaro García Ortiz, del que el asesor de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Àngel Rodríguez, ha llegado a insinuar su defenestración, no se sabe bien si política o penal, es fundamental si se teledirige desde Bruselas.
Lo que ocurre es que el colegio de comisarios deberá renovarse en otoño próximo y son los gobiernos, de acuerdo con una lista que presenta la presidencia designada por el Parlamento, los que negocian entre ellos las carteras. Una vez confeccionada la lista, los comisarios deben someterse al dictamen de la eurocámara. O sea que no va a ser nada fácil que el Partido Popular logre su pretensión. Todo lo más que alcanzará será la presidencia de la comisión de Asuntos Jurídicos pero sus decisiones no son vinculantes.
Eso sí. Es acaparar mayor poder judicial. Y la derecha de este país no va a permitir, bajo ningún concepto, perder ese poder. Es más, la idea sigue siendo la de cargarse las actuales estructuras judiciales. Cambiarlas por unas más controlables. No van a ceder en la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Su actual composición sirve tanto a sus intereses que los vocales conservadores han llegado al punto de estar preparando una resolución contra lo que llaman “interferencias del poder político en la judicatura”. En otras palabras, en favor de esos jueces que han dictado resoluciones en plena campaña electoral lo que, aunque jurídicamente no figura que no se pueda hacer, lo cierto es que existe una costumbre, no escrita pero sí respetada, para que los magistrados no efectúen pronunciamientos durante un periodo electoral. El juez Peinado dice, además en providencia que puede ser recurrible y veremos lo que pasa, que esa “costumbre no está escrita en ninguna ley”. Al PP, ese tipo de actuaciones le viene de maravilla, y que los vocales conservadores del CGPJ, cuyo mandato ha caducado hace más de cinco años y medio, apoyen semejantes barbaridades todavía más.
El PP quiere la comisaría de Justicia para obligar al gobierno a reformar, antes que renovar el CGPJ caducado, la ley orgánica del Poder Judicial. La idea es regresar a la legislación anterior a 1985 en la cual eran los jueces los que elegían a los miembros de su órgano de gobierno. Así se han comprometido con las asociaciones judiciales conservadoras, la mayoritaria APM y la Francisco de Vitoria, y no van a renunciar a esta promesa hasta que, o bien los socialistas cedan, o bien alcancen el poder y lo hagan por las bravas. Por ahora, la comisaría de Justicia que encabezó el dirigente liberal belga, Didier Reynders, se había opuesto a exigir al gobierno español esta maniobra. Y la vicepresidenta, Vera Jourovà, que ahora se encarga de mediar en el conflicto, se mantiene en esa línea. Primero, la renovación con arreglo a la normativa vigente y luego ya se verá como se adapta el órgano de gobierno de los jueces españoles a los estándares europeos.
Si el PP logra hacerse con la comisaría se acabaría esta controversia. Por las buenas o por las malas, Bruselas impondría el sistema que quieren los conservadores españoles, aunque sea contrario a la Constitución. De hecho, en Génova se tienen en cuenta las diferencias habidas con Polonia a la que se le exigió una serie de reformas jurídicas que el tribunal constitucional de ese país rechazó por considerarlas “contrarias a su ordenamiento jurídico”.
Y lo más importante. Además de exigir una serie de reformas al gobierno español en lo que a la judicatura se refiere, - cambio del sistema de elección del fiscal general del Estado, de los magistrados del Tribunal Constitucional, del presiente del Consejo de Estado, de los vocales del Tribunal de Cuentas y otras instituciones-, lograrían su objetivo número uno: el pronunciamiento de Bruselas en contra de la ley de amnistía para los independentistas catalanes. Con eso, y una sentencia favorable del TJUE, a los conservadores les basta para dar por ganada su batalla por encima de los avales parlamentarios y del Tribunal Constitucional.
Es por eso por lo que el PP ha puesto todos sus recursos a trabajar con el propósito de lograr el control de esas dos instituciones: la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y, la más importante, la comisaría de Justicia. Otra cosa es que el gobierno de Pedro Sánchez, que es el que tiene la última palabra a la hora de la elaboración de la lista de nuevos comisarios, esté dispuesto a ceder al PP esa competencia. La mala experiencia con los jueces de este país es suficiente como para deducir que mientras Sánchez esté en La Moncloa, será imposible que la derecha conservadora acabe por controlar la comisaría de Justicia.