El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido suspender la entrada en prisión de la expresidenta de Junts Per Catalunya, Laura Borrás, a la espera de la resolucion de la petición de indulto de la condena por prevaricación por fraccionar un contrato para la elaboración de la página web de la Institución de las Letras Catalanas que dirigía. Y es que los jueces se han puesto duros con esta práctica, ilegal según la ley de contratos públicos. Por eso en Génova empiezan a temblar ya que muchos de sus altos cargos, desde alcaldes hasta consejeros y presidentes de comunidad, están siendo investigados por este motivo. El fraccionamiento de contratos permite sortear los concursos de adjudicación mediante un sencillo sistema. Se suscriben con los adjudicatarios varias entregas menores de 50.000 euros, el límite establecido por la ley. En Madrid, el presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio, se encuentra en el punto de mira porque en la etapa en que fue consejero de Educación decenas de centros de Formación Profesional hicieron reformas millonarias fraccionando contratos para hacerlas pasar por obras de menos de 40.000 euros.
Pero al PP le han salido más problemas en ese mismo sentido. Demetrio González Mera, director de compras del Servicio Andaluz de Salud, ha sido llamado a declarar en calidad de investigado por la titular de instrucción número 3 de Cádiz por unos contratos adjudicados por el SAS mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia lo que, según la denuncia presentada por Podemos, podría haber encubierto un fraccionamiento indebido en la contratación pública. La suma investigada ascendería a más de 230 millones de euros.
Y a todo ello hay que añadir el juicio en la Audiencia Nacional, que ha empezado este lunes, de una de las piezas de la llamada Operación Púnica en la que se juzga a 37 personas, entre las que se encuentra el constructor David Marjaliza y ocho exalcaldes de localidades madrileñas, la mayor parte de ellos del PP, pero también hay uno del PSOE y otro de UDMA (Unión Democrática Madrileña), por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por valor de 224 millones de euros.
En el Partido Popular hay quien, con temor, establece cierto paralelismo con lo que sucedió en Gürtel porque algún caso de los mencionados puede llegar a salpicar a relevantes personalidades como Isabel Díaz Ayuso. Los fraccionamientos de los contratos de las obras de los centros de Formación Profesional de la CAM se llevaron a cabo en su época y uno de sus más directos colaboradores, Enrique Ossorio, era el consejero responsable. A nadie cabe duda de que el sistema utilizado por las llamadas DAT, las direcciones de área territoriales, requería de su visto bueno, y el testimonio del único investigado hasta el momento, el subdirector de FP, Alfonso Mateos, apunta precisamente hacia las DAT donde fraccionaban contratos para hacerlos pasar por obras de menos de 40.000 euros, que pasan muchos menos controles y no son fiscalizadas por la Intervención. Se sospecha que la orden de gastar irregularmente el dinero no partió de los directores de los institutos porque eso habría supuesto que se tendrían que haber puesto de acuerdo entre ellos, uno a uno. Mateos no tiene duda de que fueron los miembros de las DAT los que optaron por fraccionar los pagos. Era la época en que la Comunidad de Madrid necesitaba ampliar los institutos para dar cabida a la fuerte demanda en materia de formación profesional. No había otra alternativa que ampliar aulas y reformar las instalaciones para convertir algunas piezas en laboratorios y centros de prácticas además del incremento de gastos de luz, agua, calefacción, administración y material para ejercer la labor educativa.
Además, la Consejería de Educación tenía superávit presupuestario de 6 millones de euros. Y ya se sabe cómo funcionan las administraciones públicas donde un superávit contable hay que gastarlo antes de que concluya el ejercicio. Lo que pasa es que los responsables decidieron gastarlo irregularmente. Primero, la consejería cuyo titular era el actual presidente de la Asamblea, optó por transferir fondos desde una partida de gastos extraordinarios. Ese dinero nunca se podía destinar a hacer reformas y obras, pero la investigación ha comprobado que hubo una práctica habitual durante aquellos años. Si hay que hacer aulas, se financian con dinero de otro capítulo presupuestario y, si cuestan más de 50.000 euros, se recurre al fraccionamiento. Según el subdirector imputado, el reparto llegaba hasta el consejero Ossorio: “las memorias se pasaban al director general, que las presentaba al Interventor, el consejero firmaba que aprobaba el gasto y la cuarta firma era del Interventor General de la Comunidad, que ingresaba el dinero en la DAT, que se lo enviaba a los centros y que luego tenía la función de controlar y auditar”. Y eso pone en el disparadero a uno de los más estrechos colaboradores de Díaz Ayuso.
En Cádiz, mientras tanto, la jueza número 3 ha decidido imputar al director económico del Servicio Andaluz de Salud, Demetrio González, después de escuchar las declaraciones de dos interventores y dos jefas de servicio. González es el responsable de compras de todos los centros del SAS y en este asunto se denuncia que también ha habido fraccionamiento de contratos. La consejera de Salud de la Junta, Rocío Hernández, manifestó recientemente que “los contratos fraccionados del SAS ya se hacían antes” por eso dice estar muy tranquila.
Y es verdad. No sólo en Andalucía, sino en todas partes del territorio español, ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos han practicado esta irregularidad sin que los jueces hayan decidido tomar cartas en esos asuntos. Lo que ahora ocurre es que ya no se hablan de pequeñas cantidades, sino de decenas de millones de euros. En Madrid todavía no se ha podido cuantificar la cantidad exacta fraccionada porque no se han cerrado las investigaciones en torno a las obras de los centros efectuadas en esas fechas. Pero sólo en la Ciudad Escolar se ha detectado 1,6 millones, y en la Escuela de Arte Alcalá se abonó 1,2 millones mediante este sistema de pago. En Cádiz se calcula que se derivaron 235 millones de euros a empresas privadas, aunque, según la acusación popular ejercida por Podemos, “hay en juego 1.300 millones”.
Y todo ello justo cuando ha empezado el juicio de la primera pieza de la operación Púnica en la que seis exalcaldes del PP se sientan en el banquillo acusados de haber concedido obras y servicios y haber cobrado comisiones. El sistema que se utilizó para contratar está claro: el dichoso fraccionamiento. Menos mal que los jueces han decidido acabar con esta práctica.